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El perito judicial certifica que UGT desvió subvenciones de la Junta de Andalucía

La investigación judicial de la trama de las facturas falsas lleva más de dos años paralizada

Trabas a las pesquisas: un perito de la Junta sin ninguna ayuda y sin dedicación exclusiva

La junta oculta el fraude de UGT en Andalucía

 

El perito judicial confirma que la federación andaluza de UGT desvió subvenciones millonarias concedidas por el Gobierno andaluz y las empleó de forma irregular para financiar otras actividades, tal y como EL MUNDO y otros medios destaparon hace ya cinco años.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla está investigando desde 2013 la supuesta trama diseñada por UGT-A para desviar subvenciones de la Junta a través de facturas falsas. Las ayudas terminaron costeando comilonas en la caseta del sindicato en la Feria de Abril, los 700 maletines fabricados en Asia que la central sindical regaló a los asistentes a un congreso regional y todo tipo de actos sindicales.

Las pesquisas judiciales, en las que hay una veintena de investigados -antes imputados-, llevan más de dos años paralizadas, a la espera, precisamente, del informe pericial que acaba de llegar al juzgado. No obstante, el documento elaborado por el perito es una especie de borrador en el que analiza solamente 11 de las 32 subvenciones bajo sospecha. Al parecer, todavía no ha tenido tiempo suficiente para analizar toda la documentación.

 

Trabas a la investigación

Las fuentes consultadas por este diario explicaron que este caso está sufriendo todo tipo de trabas. Aunque el perito recibió el encargo del juzgado hace tres años, no ha recibido hasta este año la documentación que guardaba el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que fue el que inició la investigación. A pesar de que el juez que instruye el 'caso UGT' reclamó los documentos en infinidad de ocasiones, la juez María Núñez, titular de Instrucción 6, no los envió hasta este año. El perito, que trabaja en la Junta, justifica su tardanza en que no ha tenido dedicación exclusiva y no ha contado con la ayuda de otro experto, a pesar de que el juez lo autorizó. Otros dos peritos renunciaron a este encargo.

En las 11 subvenciones analizadas, el perito judicial Luis Ayala Gallo, que es interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta, detalla una cifra provisional de fraude, adelantada por el Diario de Sevilla, de 5.384.099,49 euros, que irá al alza cuando finalice el trabajo de análisis del resto de ayudas.

En el caso de los cursos de formación que ejecutaba el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), el sindicato presentaba gastos propios y de este ente instrumental a la Junta para justificar las ayudas recibidas. El perito subraya que los gastos del sindicato «no son subvencionables o elegibles» y suponen «un aumento del coste de la actividad subvencionada».

Tampoco son subvencionables los gastos de alquileres de aulas que UGT presentaba en sus justificaciones ante la Administración, ya que de éstos se deriva «lo que parece ser un aumento innecesario del coste de la subvención, prohibido por el artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones», dice el informe. Esta cuantía está por determinar y no se incluye en los 5,3 millones apuntados por el perito.

UGT-A, como informó este diario, utilizó locales cedidos de forma gratuita por el Gobierno central para engañar a la Junta en la justificación de las subvenciones millonarias que recibió durante años para que impartiera cursos. Con 12 locales repartidos en las ocho provincias andaluzas simuló unos gastos de alquiler ficticios. Son irreales porque UGT disfrutaba de todos esos locales a coste cero, ya que el Gobierno central se los cedió en virtud de la Ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.

El juez encargó una pericial que sirviera para fijar la cuantía malversada por el sindicato con las subvenciones para cursos y otras materias que le otorgó la Junta entre 2009 y 2013, periodo en el que al frente de UGT-A se encontraron Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Éste último se vio forzado a dimitir en pleno escándalo y tras permanecer sólo seis meses en el cargo.

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