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CCOO defiende a los carceleros

CCOO (y ACAIP) se querellaron contra un profesor para defender a los carceleros en las cárcelas catalanas y un juez archiva la querella. Aquí, la noticia, de eldiario.es el 24/07/2020

Dependiendo de sus intereses inmediatos, la burguesía niega la existencia de la clase proletaria, o bien considera “trabajador” a cualquier individuo que realice cualquier actividad (especialmente en la pequeña burguesía y en el aparato del estado). Sin embargo, los proletarios sufrimos la diferencia en la brutalidad cotidiana del choque de intereses. Lo hacemos cuando el médico nos manda a trabajar enfermos, cuando el funcionario nos obstaculiza cobrar el paro, cuando el juez dicta sentencia a favor de la empresa que nos curte la piel, cuando el policía reprime el piquete o cuando el carcelero, en fin, hace de carcelero.

 

Todo el cretinismo parlamentario tiene como función sostener el engaño formal de la democracia y la ilusión de un Estado neutral, por encima de los intereses de clase y modulador equilibrado del choque de clases. Para mantener esta consoladora y estupefaciente ilusión, el Estado sostiene la ficción de que partes y contrapartes administrativas se contraponen las unas a las otras. La noticia que comentamos aquí es un buen ejemplo: una parte del Estado (un profesor universitario y su observatorio de cárceles catalanas) denuncia que en las cárceles catalanas existe tortura, otra parte del Estado (CCOO) denuncia a este profesor por “injuriar” a los carceleros y una tercera parte del Estado (la judicatura) aparenta dar una solución a este supuesto “conflicto”. Al profesor universitario solo le interesa sugerir mejoras en el sistema penitenciario (sin entrar, al menos en la entrevista, en una crítica del mismo en el plano social). A la empresa de servicios sindicales solo le interesa defender a sus clientes, los carceleros. A la judicatura solo le interesa mostrar que realmente existe la libertad de expresión (la misma judicatura que dicta cada día sentencias arbitrarias en contra de los trabajadores o que aplica distinto rasero, según le interese, a la propia libertad de expresión). Vemos que el verdadero problema clasista, lo ocultan por completo: el capitalismo y su Estado necesitan la represión policial, militar, judicial y carcelaria en contra de la clase proletaria.

 

En esta función de engaño suelen ser especialmente eficaces aquellos partidos y organizaciones patronales (como las empresas de servicios sindicales) que se disfrazan de obreros para usar al proletariado como base electoral o masa de maniobra en la defensa de la pequeña burguesía (a la cual, una vez llegados al poder deben abandonar también inexorablemente en defensa del capitalismo en general). Esta tendencia histórica de integración material en el Estado capitalista, mientras que formalmente se mantiene una apariencia obrera, encuentra su culminación insuperable en la concepción del sindicato en el fascismo. La máxima del sindicalismo nacional, patriótico y vertical es la neutralización de los intereses del proletariado, sometido a la defensa de la economía nacional de cada burguesía patria. Y exactamente esto es lo que ilustran todas las partes de la noticia comentada.

 

En la situación de la noticia, la posición más reaccionaria es la de la empresa CCOO, al punto que un juez les tiene que devolver a las posiciones “democráticas”. Y lo significativo es que, ante la situación de la actual crisis (escribimos en julio de 2020), el gobierno de PSOE y UP, y sus secuaces en las empresas de servicios sindicales mantengan abierta y contundentemente la posición fascista de “todo por la patria”, defendiendo a carceleros, a quienes, como a la policía y a quien hace sus funciones, el sindicato de clase no puede afiliar. Por ello, ahora más que nunca, es necesaria una organización clasista, un sindicato de clase, en que los trabajadores puedan defender sus intereses de clase reales. Y es más necesario que nunca rechazar que se confundan en ellos los intereses de los profesores que introducen la ideología burguesa a través de las instituciones del Estado o de las empresas que se fingen sindicatos y pretenden que los carceleros sean trabajadores a los que, además, es posible “injuriar”.

 

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