Cambios legislativos por el Covid-19: el estado al servicio de la patronal y contra la clase obrera

En una sociedad mercantil fundada en el trabajo asalariado y la ganancia, como en la que vivimos, todas las medidas que se toman por la pandemia COVID-19 son al mismo tiempo medidas contra la clase obrera:

  1. La producción no se para (o sólo parcialmente) porque es más importante la ganancia que la salud de la clase obrera, cuyos ritmos de trabajo además se incrementan.
  2. Si se tiene que parar la producción (o al menos una parte): las trabajadoras y trabajadores afectados se quedan sin salario, cobrando el 70% de la base de cotización reconocida (es decir, excluyendo todo lo que las empresas imponen pagar en negro) y cobrándolo no se sabe cuándo.
  3. Un millón de trabajadores es simplemente despedido con invenciones (despidos disciplinarios, no superación del periodo de prueba, finalización de contrato, fin de llamamiento, etc.) y otro millón está por llegar en el próximo mes.
  4. Eso sí, como hay que defender a la propiedad inmobiliaria (pequeña y grande) la clase obrera arrojada al paro, debe seguir pagando el alquiler.
  5. Como no está garantizada la comida, se producen acaparamientos, compras masivas, desabastecimiento de productos.
  6. Mientras la burguesía se encuentra literalmente a sus anchas en sus mansiones, la clase obrera se encuentra confinada en celdas diminutas.

 

Esta es la realidad que se despliega ante nuestros ojos y la que seguiremos sufriendo mientras exista la propiedad privada y el trabajo asalariado; y si no logramos imponer a nivel inmediato, como mínimo:

  1. Reducción drástica de jornada a 25 horas semanales, sin reducción salarial.
  2. Salario mínimo de 1.500€ netos al mes, puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro.
  3. Jubilación a los 55 años, con 100% del salario.

 

Ante esta realidad, el Gobierno de la falsa izquierda ha desplegado una batería de medidas que o son simple maquillaje o favorecen descaradamente a la Patronal y a la propiedad. Pasado ya más de un mes de las primeras medidas adoptadas por el gobierno con relación al tema del Covid-19 creemos importante hacer un análisis detallado retrospectivo del contenido real de clase de todas las medidas que se han ido aprobando, que se puede resumir en la defensa de la propiedad inmobiliaria, de las empresas y los autónomos y de los negocios existentes y los surgidos con la situación, todo ello a costa, como no puede ser de otra manera mientras haya capitalismo, de la clase obrera.

 

La situación actual está permitiendo constatar una vez más la naturaleza real del estado de la burguesía, siempre al servicio de la patronal, a pesar de la verborrea del gobierno PSOE-Unidas Podemos y de todos sus palmeros.

 

Medidas económicas

 

Después del cierre de los centros escolares y antes de la declaración de estado de alarma, el gobierno ya aprobó los primeros reales decretos ley (RDL) con varias “medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública” (RDL 6/2020) y para “responder al impacto económico del COVID-19” (RDL 7/2020). Dichos RDL, sin embargo, fueron ampliamente extendidos y modificados por los RDL 11 y parcialmente 13 (de 1 y 8 de abril respectivamente), con lo que intentaremos exponer el contenido final de dichos RDL de forma conjunta. En estos RDL podemos encontrar sobre todo numerosas medidas de apoyo a los bancos (prolongación de la vida de la SAREB, mayores facilidades para transformar entidades en bancos), al sector del turismo (con la ampliación de la línea de financiación ya creada para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook), a las empresas en general (numerosas líneas de crédito para todo tipo de sectores y empresas, aplazamiento de pago de tributos, etc.) y a los autónomos, a quien van dirigidas numerosas ayudas (por mucho que sean los que más lloran), prestaciones por cese de actividad, créditos, moratorias en las cotizaciones y un largo etcétera. Todas estas medidas han sido ampliadas adicionalmente mediante el última RDL publicado (15/2020 de 21 de abril).

 

Medidas con relación a la vivienda

 

En estos mismos decretos encontramos toda la normativa aprobada con relación a hipotecas y alquileres. En este sentido cabe mencionar, sucintamente, que a pesar de que la mayor parte de las viviendas del estado español siguen siendo en régimen de propiedad y no de alquiler, el alquiler representaba a nivel del estado en 2018 el 23,9% del parque y subiendo, con CCAA como Cataluña, Baleares o Canarias donde está por encima del 30%. Además, el 32,9% de las viviendas de propiedad en realidad son propiedad del banco con el que se mantiene la hipoteca, ya que no están totalmente pagadas (datos del Observatorio de vivienda y suelo 2019). A pesar de la habitual y tendenciosa falta de datos al respecto cabe presumir que la clase obrera conforma la aplastante mayoría de dichos casos, sin perjuicio de que una parte importante de la misma en el estado español, por motivos históricos, mantenga la vivienda en régimen de propiedad.

 

¿Y cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno con relación a la vivienda y a quién defienden realmente?

 

La propia exposición de motivos del RDL 11/2020 nos da una pequeña pista: “En primer lugar, se adoptan medidas dirigidas al apoyo al alquiler de personas vulnerables. En España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario. Esta particularidad del mercado del alquiler en España hace especialmente necesario que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas. Se establecen por ello propuestas en este ámbito dirigidas a la necesaria protección a los colectivos más vulnerables que puedan ver sensiblemente afectada su capacidad para hacer frente al alquiler, al tiempo que se garantiza un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales.”

 

Esto significa admitir que las medidas son sólo de aplicación al 15% de los alquileres…

 

¿Y quién considera el RDL en cuestión como “pequeño” propietario?

 

“…cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2…”

 

Empezamos bien. Un rentista con hasta diez propiedades es objeto explícito de protección del RDL. Se nos dirá que también existen (pocos) rentistas con una o pocas propiedades que no tienen otra fuente de ingresos y cuyas eventuales prestaciones son muy bajas. Y responderemos que la reivindicación en este caso no puede ser otra que la misma para todos los desempleados, prestación indefinida de al menos 1.500€, renunciando obviamente a las rentas y a las propiedades que no use realmente, como primer paso hacia la expropiación efectiva de todo el parque de viviendas y su puesta a disposición para la clase obrera (de la vivienda de la burguesía no es nuestra función preocuparnos).

 

En cuanto a las medidas explícitas para la supuesta protección de los arrendatarios tenemos tan sólo, resumidamente las siguientes. Si se tiene la suerte de que tu casero sea un “gran tenedor” (insistimos, más de diez propiedades, cosa que además es prácticamente imposible de comprobar porque no hay obligación de registrar los contratos de alquiler) se puede forzar a que él decida si te deja no pagar ahora los alquileres para que los pagues en cómodos plazos de hasta tres años, o bien rebajarte voluntariamente el alquiler a la mitad. Si no tienes la suerte de estar dentro del 15% de contratos de grandes tenedores, sino que tu casero es un “pequeño” rentista que tiene solo hasta diez propiedades entonces tienes la posibilidad de acordar una rebaja o moratoria con la propiedad y si ésta se niega el RDL te da la posibilidad de solicitar créditos al estado para pagar el alquiler no fuera caso que dejaras de pagarlo. Evidentemente a ello sólo tendrás derecho si puedes acreditar que perteneces a un colectivo “vulnerable”, cumpliendo los requisitos que recoge el RDL. Pretender que esto es una ayuda a los arrendatarios es como mucho una broma de mal gusto… Obviamente de condonar el alquiler u obligar a rebajarlo, que serían las medidas reales de apoyo a los arrendatarios dentro del propio marco legal burgués, nada de nada. Defensa explícita de la propiedad y sus rentas. Ni nada recogen los RDL tampoco acerca de la posibilidad de que los miembros de la clase obrera que deben pasar los días de confinamiento en viviendas pequeñas y hacinadas, sin luz y sin respiraderos, puedan trasladarse a alguna de los millones de viviendas vacías del estado español.

 

A ello hay que sumar la prórroga automática de todos los contratos que venzan durante este periodo por otros seis meses con las mismas condiciones. Es obvio que en un contexto en el que el mercado del alquiler, por efecto de la situación actual, no debería hacer otra cosa que bajar, la medida sólo persigue intentar postergar la bajada inevitable de precios pretendiendo camuflar dicha acción como una “medida dirigida a las familias y colectivos vulnerables”, desde luego a las familias obreras no… Obviamente ante el previsiblemente hundimiento de los precios del alquiler que la situación debería acarrear habrá que estar atento a las demás medidas que vayan a ir aprobando para intentar frenarlo, todas ellas contrarias obviamente a los intereses de los arrendatarios.

 

Finalmente se establece una suspensión de los desahucios por impago si se acredita que no se tiene alternativa habitacional y se está dentro de los colectivos “vulnerables”. Todo un “regalo” en comparación con las medidas establecidas con relación a las hipotecas, con moratorias incluidas. En todo caso respecto a las moratorias en el pago de las hipotecas (que este RDL amplió de la vivienda habitual a la hipoteca de las viviendas alquiladas y locales comerciales) hay que poner sobre la mesa también que en todo caso es también en interés de los bancos no tener que ejecutar masivamente las hipotecas asumiendo desahucios eventualmente prohibidos e inmuebles que no van a poder vender y que engrosarían otro SAREB.

 

 

Medidas sanitarias 

 

 

En estos mismos decretos se pueden encontrar también medidas relacionadas con el supuesto apoyo al ámbito sanitario, pero evidentemente, a pesar del estado de alarma, no encontramos en ningún momento medidas como la requisa de todos los centros médicos privados (que siguen prestando servicios a quienes pagan o están mutualizados y siguen manteniendo su negocio y manteniéndose de forma criminal por debajo de sus posibilidades de uso – El País, 2 de abril de 2020), tanto cuando la gestión es estatal como cuando está cedida a las CCAA.

 

Hay que mencionar también que la situación actual de falta de personal médico tiene su raíz en la política corporativista de “numerus clausus” llevada a cabo por este sector desde hace décadas y que tiene ahora incluso su reflejo en el contenido de supuesto apoyo al ámbito sanitario de estos decretos, que recogen el alargamiento de los contratos de los residentes (los famosos MIR) pero no su automática conversión masiva en personal médico con los mismos derechos y deberes (algo que el RDL 15/2020 ha hecho también con los llamados contratos predoctorales). Insistimos, el colectivo de médicos - que actúa como una auténtica patronal - es igual de responsable que el Estado de la falta actual de personal por su histórica política corporativista de mantener el número de médicos limitado para poder mantener los varios privilegios y prebendas de los que han venido históricamente disfrutando, su posibilidad de mantener un trabajo en la pública y una consulta privada, etc.

 

Se puede leer aquí la hipócrita defensa de los “numerus clausus” que hace el Foro de la Profesión Médica de España, mientras que la limitación del número de médicos para que nos atiendan lo defienden también los estudiantes de medicina y un tercio de los médicos que trabajan en la pública trabajan también en la privada. En lugar de “numerus clausus” y de poner el tren de vida de los médicos por delante de la salud de la clase obrera, lo que necesitamos a nivel inmediato es:

  1. maximización de las plazas en las universidades para personal médico,
  2. multiplicación por 5 sino por 10 de las instalaciones y recursos destinados a la medicina,
  3. supresión del MIR como forma de explotación encubierta de formación y forma de mantener el privilegio corporativo,
  4. difusión de conocimientos y práctica básica en medicina a toda la población en la formación obligatoria.

 

En cuanto a la situación médica no podemos dejar de mencionar que las cifras de afectados y muertos por la enfermedad es obviamente falsa y es en realidad mucho más alta, en el momento que el propio Ministerio de Sanidad afirma a la práctica estar contabilizando solo a quienes han podido hacer el test y han dado positivo (y es pública y notoria la falta de tests de cualquier tipo), prohíbe cualquier autopsia de los cadáveres con síntomas (contabilizando como no confirmadas aquellas personas muertas a las que no se había hecho test previamente) y mantiene las residencias de la tercera edad sin medicalizar (en su mayoría y en todo caso durante varias semanas en las que la enfermedad ha hecho estragos). Algo parecido a lo que ocurre en las residencias está ocurriendo también en las cárceles, donde además los presos han visto restringidos todos sus contactos con el exterior. La situación de las cárceles en el país más carcelero del mundo (EEUU) es realmente dantesca, pero la situación real de las cárceles en el estado español, en proporción al número de personas presas, tampoco debe alejarse mucho…

 

Sólo se podrá llegar a tener un dato más o menos real de las muertes causadas por este virus en el momento en el que se haga simplemente una estadística del total de muertos durante estas fechas comparado con el total de muertos en las mismas fechas del año pasado, cualquier otra cifra que dé el gobierno es simplemente falsa.

 

Bajas y tiques de comida

 

Aparte de todo esto, realmente podemos encontrar como medidas de “apoyo” a la clase obrera tan solo el reconocimiento como enfermedad laboral de las bajas por Covid-19 y cuarentena (que también se reconoce a los funcionarios, con sus particularidades), ampliada a aquellos que residan en municipios cerrados por el confinamiento y trabajen en otros (y puedan acreditar que no pueden teletrabajar y unos cuantos requisitos más) y el reconocimiento del derecho a tiques de comida para los niños y niñas que tuvieran beca de comedor escolar. Con relación a esto debemos decir que, por un lado, numerosos casos de trabajadores y trabajadoras con Covid-19, por falta de tests y por las varias dificultades de atención, no se están reportando como tales y están pasándolo en sus casas con bajas por contingencias comunes o sin bajas por estar en desempleo, con lo que la afectación del reconocimiento como enfermedad laboral será muy probablemente bajo. En cuanto a los tiques de comida el propio decreto recoge que serán los servicios sociales quienes determinarán cómo se da acceso a la comida, aprovechando la ocasión para derivar las familias afectadas a los negocios que consideren oportunos, como ya hizo la Comunidad de Madrid con Telepizza

 

Medidas laborales

 

Después de revisar el contenido de los RDL de ámbito “económico” nos queda la otra gran vertiente de lo que se ha ido publicando en el BOE, los varios ataques a la clase obrera que podemos encontrar en todos los RDL que se han publicado de ámbito “laboral”. En este caso analizaremos el contenido de los RDL 8, 9, 10, 13 y 15 de 2020.

 

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno en este ámbito fueron las facilidades a las empresas para poder llevar a cabo ERTEs, que evidentemente se han extendido como la pólvora y han afectado a una parte muy importante de la clase obrera debido al cierre obligado de muchos servicios. Dichas facilidades incluyen, entre otras, reducciones de plazos y de cotizaciones, así como la inestimable participación obligatoria de las empresas de servicios sindicales en los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, en el caso de que no hubiera representación. Es decir, allí donde no hay representación las empresas de servicios sindicales pueden usurpar sin más la representación a los propios trabajadores a nivel de centro o empresa y negociar en su nombre, aunque la plantilla quisiera elegir su comisión. Este es un auténtico derecho de pernada que demuestra la función patronal de estas organizaciones y, por otro, enseña las consecuencias de desentenderse de copar y desalojar de las representaciones a estas organizaciones subvencionadas: cuando llega el momento estamos desarmados.

 

Por otro lado, afirman alargar la vigencia de los contratos temporales, pero en realidad ello solo aplica a los que se incluyen en ERTEs y simplemente alarga la vigencia el tiempo que haya durado el ERTE una vez éste termine. A ello se suma la aprobación por parte de la administración de la práctica totalidad de los ERTEs por fuerza mayor, incluso en aquellos casos en los que la administración era la contratista y ella misma había aprobado en principio garantizar los salarios. ERTE y pago de la administración, negocio redondo. Evidentemente en ningún caso se recoge como medida la expropiación de las empresas y de sus capitales y el pago íntegro de los salarios de quien no pueda trabajar por el estado de alarma por parte del estado, esto iría contra el sacrosanto derecho a la propiedad y a la libertad de empresa recogido en la constitución y defendido por todos estos RDL.

 

También se aprobaron varias mejoras en las medidas de ayuda a la conciliación existentes, así como artículos que promueven el teletrabajo, pero evidentemente todo ello luego en la realidad es muy difícil que se lleve a la práctica ante la eventual oposición de las empresas, y más cuando los plazos judiciales están parados, los juzgados no señalan, las administraciones sólo permiten reclamar online y no hay oficinas a las que dirigirse y la Inspección de Trabajo se inhibe por defecto en todo lo que tenga que ver con ERTEs o abusos antisociales derivados de la situación, como por desgracia hemos tenido la oportunidad de constatar reiteradamente… En cuanto al trabajo a distancia o teletrabajo lo que en realidad recoge el RDL es una simplificación del procedimiento de evaluación de riesgos, y evidentemente no la obligación empresarial de pagar las facturas de internet y luz o de subsidiar de alguna manera las medidas de adaptación de la vivienda necesarias para convertirla en un centro de trabajo. En la práctica las empresas hacen que los trabajadores asuman el coste de convertir sus casas en instalaciones y centros de trabajo de su empresa. No es extraño que los cerebros grises de la Patronal ya hablen de convertir el teletrabajo de “derecho” a obligación, sobre todo si se hace cargando todos los costes a las espaldas de los trabajadores. Y en efecto estas medidas han sido extendidas hasta pasados tres meses de la finalización del estado de alarma (por ahora) mediante el último RDL 15/2020…

 

En cuanto a las ayudas en las prestaciones de paro sólo nos cabe decir que las mismas son más bien relativas, en el momento en el que la prestación de paro sigue topada y las prestaciones se calculan en base a las bases de cotización, que en un porcentaje muy alto de la clase obrera son fraudulentas, y que igualmente, como ya está ocurriendo, muchos compañeros y compañeras ni siquiera las van a poder recibir hasta mayo o junio, debido supuestamente al colapso de las administraciones en la tramitación de los expedientes, que también conllevará, de forma públicamente reconocida, que quienes tengan hijos al cargo no puedan cobrar tampoco las cantidades que les corresponderían a tiempo. Por otro lado, todas las ayudas recogidas en el RDL 8 en este sentido van dirigidas a quienes han sufrido un ERTE, pero nada se dice respecto a quien ha sufrido un despido ni mucho menos a quien trabaja sin contrato o simplemente no consta en el eventual ERTE por decisión unilateral de la empresa. En cuanto a los compañeros y compañeras con contratos fijos discontinuos la situación es la misma si la empresa decide que no estén en el ERTE, e incluso si les incluye, constituye un auténtico galimatías poder probar que les corresponden las ayudas recogidas en el artículo 25.6 (que además ha ido sufriendo varios cambios incluido el del último RDL 15/2020). En cuanto a las medidas aprobadas en este último RDL respecto al acceso a la prestación de desempleo cuando se ha sido despedido en periodo de prueba o se había dejado el trabajo porque se tenía una perspectiva de trabajo que finalmente no se ha dado, solo podemos decir que aparte de aplicar las mismas limitaciones que decíamos inicialmente, en todo caso afectará a un muy limitado número de casos y que además en cuanto al segundo de los casos, se deberá probar detalladamente. Evidentemente en ningún momento se les pasa por la cabeza simplemente proceder a conceder todas las ayudas de forma íntegra e inmediata y sin revisar ningún expediente.

 

Por lo que respecta a las supuestas medidas de protección del empleo recogidas en el RDL 9 y por las que supuestamente se impide despedir o extinguir el contrato alegando algunas de las causas previstas en los arts. 22 y 23 del RDL 8 (esto es, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19), a pesar de la actitud antisocial que supone proceder a dichos despidos, el artículo no recoge que deban ser considerados nulos, con lo que podemos esperar que los tribunales de la burguesía no los consideren más que eventualmente improcedentes. Y ello sin tener en cuenta que la mayor parte de los despidos se dieron antes de la publicación del RDL 9 (28 de marzo), con lo que los casos a los que aplicaría dicha norma serán muchos menos que los despidos que realmente ha habido. El Gobierno tuvo la delicadeza de avisar a bombo y platillo a la patronal de la publicación del RDL al día siguiente, produciendo una auténtica avalancha de despidos el día 27 de marzo.

 

Y como medida estrella, después del primer periodo de estado de alarma y como medida adicional para forzar un mayor confinamiento de la población, nos encontramos con el “permiso retribuido recuperable”, obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras que seguían prestando servicios en los centros de trabajo, pero que no son considerados servicios esenciales.

 

Hay que decir alto y claro que el “permiso retribuido recuperable” es un timo. Para empezar no se le puede llamar permiso en el momento en el que se impone su “disfrute” unilateralmente. Para continuar no se le puede llamar “permiso retribuido” en el momento en el que se tiene que devolver. Y para finalizar es una tomadura de pelo que se pretenda que la obligada recuperación del supuesto permiso se deba pactar entre la representación de la empresa y la empresa, que si no hay representación las empresas de servicios sindicales puedan arrogársela (exactamente igual que en el caso de los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción) y que si no se llega a un acuerdo la empresa simplemente puede imponer el modo de recuperación. Esto es simplemente la imposición de una distribución irregular de jornada unilateral por encima de las previsiones del ET.

 

Al timo mencionado, que al final consiste en descargar en la clase obrera (y no en las empresas) las consecuencias de la obligación de confinarse, hay que sumar el hecho de que el RDL deja la puerta abierta a que muchas empresas puedan considerarse o no esenciales, sin hacer una restricción por CNAEs como la que había llegado a haber en el borrador. Es decir, que según su situación y necesidades empresas realmente no esenciales están intentando seguir trabajando presencialmente y otras que podrían considerarse esenciales pueden estar no haciéndolo.

 

En toda esta situación, y en su papel de parte integrante del estado burgués y de promotores y defensores de esta gran idea del “permiso retribuido recuperable” (como antes de la distribución irregular de la jornada), las empresas de servicios sindicales CCOO y UGT hacen un llamado a los trabajadores y trabajadoras a “hacer un esfuerzo” y “trabajar un poco más para compensar las horas”… Igual que apoyan la vuelta a la “normalidad” anterior a las dos semanas de “permiso retribuido recuperable”, mediante la que el gobierno ha implementado lo que las patronales afectadas pedían, hasta unos 4 millones de compañeras y compañeros (según algunas estadísticas, ya que el gobierno también calla sobre esta cifra) tienen que volver al tajo aunque por el camino tengamos que morir unos cuantos más. ¡Todos los sacrificios que hagan falta en el altar de la ganancia! Una vez más la burguesía española se muestra como una de las más agresivas, teniendo en cuenta el mantenimiento de medidas restrictivas que en general se está dando todavía en países similares.

 

Y, para terminar, a la espera de que se publiquen los próximos ataques, no podemos dejar de mencionar el contenido del RDL 13 en lo que se refiere a las medidas para el sector agrario, mediante las cuales se pretende “ayudar” a la clase obrera haciendo compatible el cobro de salarios por trabajar en el campo con las prestaciones que se vinieran cobrando. La realidad es que lo que esconde la medida es un abaratamiento de los salarios en el sector agrario y la puesta a disposición de una masa de trabajadores y trabajadoras para su explotación en este sector, para beneficiar a los empresarios, pequeños y grandes, del campo, puesto que sabiendo que los salarios tienden a ser el coste de la producción y reproducción de la vida obrera, que se pueda mantener el cobro de las prestaciones mientras se trabaja en el campo en realidad repercutirá necesariamente en el monto salarial que los explotadores del campo terminen pagando. Y ello no es más que el preludio del trabajo por un plato de sopa que ya vivimos después de la crisis de 1929.

 

Otras medidas

 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que también se ha aprobado, mediante la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, que se centralicen los datos de movilidad de todos los “ciudadanos”, recogidos a través de la geolocalización de los teléfonos móviles, sin necesidad de permiso ni nada por el estilo. Es obvio que dicha medida ya se estaba llevando a cabo, pero con la excusa del Covid-19 ahora lo van a hacer abiertamente tal como ya han hecho en China y otros países. Una herramienta más de control social cuya implementación el virus facilita, como permite también que se le atribuya la crisis (o más bien el crack) económico-industrial que estamos viviendo y que tarde o temprano iba a explotar, como consecuencia de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el modo de producción mercantil-capitalista. El virus es muy conveniente para tapar el origen sistémico de la crisis, como lo es para justificar la ulterior fascistización del estado y militarización de la sociedad, llamando a la unidad nacional entre clases de cara a la preparación de la guerra imperialista. El choque interimperialista lleva tiempo fraguándose, y los choques comerciales (incluido el despliegue de nuevas tecnologías como el 5G de la mano de China, que habría barrido en el MWC y que por ahora el virus también ha conseguido frenar) o los vaivenes del precio del petróleo no son más que la antesala de la “continuación del comercio por otros medios” de Von Clausewitz.

 

Como clase obrera deberemos estar preparados para oponernos a todas las medidas que van a intentar imponernos para hacernos pagar la crisis cuando el periodo de confinamiento acabe, y para rechazar cualquier llamada a la unidad nacional, a la union sacrée, con nuestra propia burguesía, como se nos gritará desde la derecha y desde la falsa izquierda parlamentaria, desde el fascismo y desde su falso opuesto, el llamado antifascismo, y plantear nuestra alternativa de clase para la superación de esta sociedad. 

 

¡Por la expropiación a las empresas de todos los capitales necesarios para el pago completo de todos los salarios de toda la clase obrera!

 

¡Por una prestación indefinida mínima de 1.500€ mensuales para quienes estén en ERTE o desempleados!

 

¡Por la condonación de todos los pagos por vivienda y servicios!

 

¡Por la expropiación sin indemnización de todas las viviendas necesarias para asumir a todos los miembros de la clase obrera que tienen que pasar el confinamiento en infraviviendas!

 

¡Si el capitalismo sobrevive reventando a la clase obrera, que reviente el capitalismo, con todos sus virus y sus guerras!