Noticias sobre el sindicalismo subvencionado
CCOO (y ACAIP) se querellaron contra un profesor para defender a los carceleros en las cárcelas catalanas y un juez archiva la querella. Aquí, la noticia, de eldiario.es el 24/07/2020
Dependiendo de sus intereses inmediatos, la burguesía niega la existencia de la clase proletaria, o bien considera “trabajador” a cualquier individuo que realice cualquier actividad (especialmente en la pequeña burguesía y en el aparato del estado). Sin embargo, los proletarios sufrimos la diferencia en la brutalidad cotidiana del choque de intereses. Lo hacemos cuando el médico nos manda a trabajar enfermos, cuando el funcionario nos obstaculiza cobrar el paro, cuando el juez dicta sentencia a favor de la empresa que nos curte la piel, cuando el policía reprime el piquete o cuando el carcelero, en fin, hace de carcelero.
Todo el cretinismo parlamentario tiene como función sostener el engaño formal de la democracia y la ilusión de un Estado neutral, por encima de los intereses de clase y modulador equilibrado del choque de clases. Para mantener esta consoladora y estupefaciente ilusión, el Estado sostiene la ficción de que partes y contrapartes administrativas se contraponen las unas a las otras. La noticia que comentamos aquí es un buen ejemplo: una parte del Estado (un profesor universitario y su observatorio de cárceles catalanas) denuncia que en las cárceles catalanas existe tortura, otra parte del Estado (CCOO) denuncia a este profesor por “injuriar” a los carceleros y una tercera parte del Estado (la judicatura) aparenta dar una solución a este supuesto “conflicto”. Al profesor universitario solo le interesa sugerir mejoras en el sistema penitenciario (sin entrar, al menos en la entrevista, en una crítica del mismo en el plano social). A la empresa de servicios sindicales solo le interesa defender a sus clientes, los carceleros. A la judicatura solo le interesa mostrar que realmente existe la libertad de expresión (la misma judicatura que dicta cada día sentencias arbitrarias en contra de los trabajadores o que aplica distinto rasero, según le interese, a la propia libertad de expresión). Vemos que el verdadero problema clasista, lo ocultan por completo: el capitalismo y su Estado necesitan la represión policial, militar, judicial y carcelaria en contra de la clase proletaria.
En esta función de engaño suelen ser especialmente eficaces aquellos partidos y organizaciones patronales (como las empresas de servicios sindicales) que se disfrazan de obreros para usar al proletariado como base electoral o masa de maniobra en la defensa de la pequeña burguesía (a la cual, una vez llegados al poder deben abandonar también inexorablemente en defensa del capitalismo en general). Esta tendencia histórica de integración material en el Estado capitalista, mientras que formalmente se mantiene una apariencia obrera, encuentra su culminación insuperable en la concepción del sindicato en el fascismo. La máxima del sindicalismo nacional, patriótico y vertical es la neutralización de los intereses del proletariado, sometido a la defensa de la economía nacional de cada burguesía patria. Y exactamente esto es lo que ilustran todas las partes de la noticia comentada.
En la situación de la noticia, la posición más reaccionaria es la de la empresa CCOO, al punto que un juez les tiene que devolver a las posiciones “democráticas”. Y lo significativo es que, ante la situación de la actual crisis (escribimos en julio de 2020), el gobierno de PSOE y UP, y sus secuaces en las empresas de servicios sindicales mantengan abierta y contundentemente la posición fascista de “todo por la patria”, defendiendo a carceleros, a quienes, como a la policía y a quien hace sus funciones, el sindicato de clase no puede afiliar. Por ello, ahora más que nunca, es necesaria una organización clasista, un sindicato de clase, en que los trabajadores puedan defender sus intereses de clase reales. Y es más necesario que nunca rechazar que se confundan en ellos los intereses de los profesores que introducen la ideología burguesa a través de las instituciones del Estado o de las empresas que se fingen sindicatos y pretenden que los carceleros sean trabajadores a los que, además, es posible “injuriar”.
Como cualquier empresa, los sindicatos subvencionados tienen trabajadores a los que engañan, explotan y torean (¡y a veces estos hacen huelga contra CCOO!), y también tienen un cuerpo de trabajadores de élite que son los que ayudan a la empresa CCOO a engañar, explotar y torear a la clase obrera. El comité de empresa de la empresa CCOO en Cataluña es de sindicaleros de CCOO, que “defiende” los intereses de este grupo de trabajadores (desde un punto de vista limitadamente corporativo) con el grave obstáculo de su vinculación ideológica y “sindical” a la propia empresa.
Para imponer el acuerdo que le conviene, la empresa CCOO amenaza con que las nuevas contrataciones se verán rebajadas al convenio de oficinas y despachos. Los abogados y técnicos de la empresa CCOO conocen bien lo malo que es este convenio... ¡¡fueron ellos los que se lo firmaron a Foment del Treball Nacional y a PIMEC -la patronal catalana de la gran burguesía y de la pequeña burguesía-!!
La maniobra de la empresa CCOO es la clásica de la burguesía: cuando el Comité sirve para firmar lo que sea lo utilizo y, cuando no, cuando por un momento y aunque sea por intereses corporativos se plantan, entonces van a toda la plantilla (cuya opinión les importaba un carajo cuando el Comité ya les firmaba lo que querían), invocan la democracia directa y empujan a los trabajadores a votar en contra de sus propios intereses.
La prensa dice que el nuevo acuerdo asegura un salario de 47.578€… pero esto es una farsa para la mayoría de trabajadores de la empresa CCOO que en realidad cobran salarios entorno a los 20.468€ (auxiliares, administrativos, limpieza) ...
Y no discutimos que haya un sector que cobra el salario de 47.578€… precisamente los que han firmado los convenios como el de oficinas y despachos que condena a una aplastante masa de trabajadores a salarios mucho más bajos. No son malos salarios por vender a la clase obrera, ¿verdad?
Nótese este bonito fragmento de la noticia en el diario burgués "La Vanguardia", en que se reconoce sin más que CCOO es una empresa: "al final las diferencias económicas –como en una empresa cualquiera– son las que han dificultado el pacto". Efectivamente, CCOO es una empresa, pero no una cualquiera, sino una que ayuda a la patronal a rebajar las condiciones laborales, a hacer los despidos y todas las reformas a la patronal. Una empresa en la que sus trabajadores tienen como “sindicato” a la propia empresa… Es decir, es la peor de las empresas posibles.
¿Y por qué la empresa de servicios sindicales UGT de Andalucía y sus responsables cree que no debe pagar los 40,7 millones de la medida cautelar para que no desaparezca el dinero que han robado de los cursos de formación? ¡Porque los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen al “interés social”! El supuesto “interés social” en nuestra sociedad es el interés de la burguesía disfrazado de interés general. ¿Cómo contribuyen al “interés social” estas empresas de servicios sindicales? Vendiendo y engañando a los trabajadores y quedándose con los fondos de los cursos de formación (esos cursos de formación que estas empresas de servicios sindicales cobraban, pero jamás daban a los trabajadores).
Esta trama tiene su origen en Extremadura. Pero las conexiones con empresas ligadas a los sindicatos a escala nacional hacen pensar a la UCO que el escándalo no se limita a esta comunidad autónoma ni mucho menos. La corrupción, según consta en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción y que ya se investiga con la personación del PP, se centra en un fraude cometido en la facturación por fondos de formación de la patronal extremeña CREEX, UGT-Extremadura, CCOO-Extremadura y CEPES-Extremadura.
El inicio de la denuncia se apoya en plena etapa socialista, y en concreto, de los datos recabados en 2011 por el Ejecutivo regional de José Antonio Monago. Pero, a partir de ahí, la investigación se ha ampliado a los 30 millones adjudicados en los cursos de formación de 2008 a 2010. Y en estos momentos, los testimonios practicados ya han abierto el abanico a varias décadas. Y es que las primeras declaraciones han asegurado que la práctica era “la misma que se había realizado siempre”.
El primer dato que se pudo contrastar atendía sólo a la convocatoria de 2011 de pagos públicos destinados a los cursos de formación: con más de 3 millones de euros para formación de los ocupados, de los no parados.
El Gobierno ‘popular’ aseguró ya en su momento que había indicios suficientes que podrían determinar que en Extremadura se creó y alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación a ocupados, afectando exclusivamente a la patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los secretarios generales de estas organizaciones, así como todos aquellos que la Justicia considerase oportunos en el ámbito político o empresarial.
De inmediato se observó que esas cuantías, por importes muy similares se habían pagado con esquemas similares en los cursos para parados. Y que, además, la práctica se había extendido por décadas en el pasado.
Se trataría, así, de un posible delito contra la Hacienda Pública por fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas. Y, además, como señalan desde el PP, cometido con continuidad y a lo largo de entre dos y tres décadas. El resultado, como se puede observar, puede ser un fraque multimillonario. Que, una vez más, apunta a los sindicatos como ya ocurriera en Andalucía.
Es la cantidad que figura en el informe que acaba de presentar el perito judicial en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga la supuesta trama urdida por este sindicato para financiarse de forma irregular con fondos públicos.
Esta causa judicial se abre a partir de las revelaciones periodísticas de EL MUNDO y otros medios en 2013. Los episodios más llamativos fueron las cenas con barra libre en la caseta de UGT-A en la feria de Abril de Sevilla que se cargaron a la Junta y los 700 maletines fabricados en Asia que la central sindical regaló a los asistentes a un congreso regional también costeados por la Administración andaluza.
El informe pericial, en poder de este diario, detalla que, de las 11 subvenciones por valor de 64.169.426,54 euros que le concedieron los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre los años 2009 y 2013, el sindicato UGT-A desvió 41.709.375,48 euros, el 64%.
La cuantía presuntamente malversada, no obstante, puede que vaya al alza, ya que en la pericial figuran otras tres subvenciones por valor de 27.005.617 euros, en las que el perito no precisa la cantidad desviada porque no cuenta con la documentación. Fuentes del caso consultadas señalaron que, si no hay papeles, estas ayudas deben sumarse al supuesto fraude. Entonces, la cifra presuntamente malversada se dispararía a 68.714.992,48 euros.
El juez puso bajo sospecha un total de 32 subvenciones concedidas por la Junta a UGT-A, pero finalmente el perito solo ha revisado 14. Un total de 18 han sido descartadas porque eran inferiores a 120.000 euros -para que sea delito debe ser superior a esa cantidad- o no correspondían a los cinco años investigados.
Entre las irregularidades detectadas por el perito están los falsos autoalquileres entre UGT-A, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) -la entidad encargada de los cursos y participada al 100% por el sindicato- y la empresa Soralpe I Mas P Asociados, cuyo socio único es también el sindicato y que se encargaba de gestionar las aulas que se usaban para impartir la formación. Se simulaban arrendamientos para luego utilizarlos para justificar ante la Junta de Andalucía las ayudas millonarias para los cursos.
«Al ser entidades vinculadas entre sí, se da la paradoja de que UGT-A paga a IFES, en virtud del contrato para la ejecución de la actividad subvencionada, por el alquiler de unos locales e instalaciones que tiene cedidas a Soralpe I Mas P Asociados, por lo que se crea una situación artificial que incrementa el coste de la actividad subvencionada», remarca la pericial.
Lo más grave es que UGT-A disfruta de esos locales a coste cero porque el Gobierno central se los cedió en virtud de la Ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, como detalla un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del que ya informó este diario.
Dos extrabajadoras relatan cómo el sindicato prescindió de ellas: una, después de comunicar que tenía dos tumores; otra, cuando estaba ingresada tras salir de un coma por una trombosis
Las dos estaban vinculadas laboralmente a la Federación de Construcción y Servicios de CCOO y fueron "expulsadas" del sindicato bajo el mandato de Vicente Sánchez Jiménez, secretario general desde 2014. El mismo que, según publicó El Confidencial, alquiló durante varios meses una vivienda de su propiedad a la federación, obteniendo así unos ingresos extra, lo que motivó un escrito de queja de la comisión de control administrativo y financiero que le acusó de vulnerar el código de conducta. El mismo que, junto a otros dos dirigentes, tiró de tarjeta y los tres gastaron 43.000 euros en comidas y dietas en los ejercicios 2015 y 2016.
Rosa Holgado, 50 años, fue despedida en diciembre de 2014 después de que la federación decidiera externalizar el departamento de contabilidad. "Éramos tres compañeras y las tres nos fuimos a la calle. Nos dijeron que había que ahorrar. Fue un despido objetivo por causas económicas. Pero al ver la información de El Confidencial [en enero de 2015, los tres dirigentes de la federación empezaron a tirar generosamente de la tarjeta del sindicato], me di cuenta que ha habido mucha hipocresía. Está claro que las cuentas no estaban tan mal". Rosa comunicó que le habían diagnosticado dos tumores, uno en cada pecho, un mes antes de que la despidieran. "Se lo dije a Jesús Fernández Béjar [es otro de los tres dirigentes que hicieron uso de la tarjeta de crédito], que había sido mi secretario general antes de que Servicios se fusionara con Construcción y me dijo que estuviera tranquila. El 11 de diciembre de 2014 me entregaron la carta de despido. Cuando llegué al trabajo como cada día, ya me habían quitado el acceso al ordenador".
"Solo pedía un poco de humanidad"
Rosa llevaba trabajando para el sindicato desde 1998. "Lo más hipócrita de todo es que nos aplicaron la reforma laboral, esa misma que combatíamos desde CCOO, y me dieron 20 días por año trabajado".Rosa decidió escribir entonces un correo al entonces secretario general, Ignacio Fernández Toxo, pero no obtuvo respuesta. "También solicité hablar con el secretario general, Vicente Sánchez, pero no quiso ni recibirme". También escribió a la Secretaría de la Mujer a nivel nacional. "Me dijeron que los que lo estaban pasando mal eran ellos, que tenían que despedir. Solo pedía un poco de humanidad y que me despidieran cuando estuviese recuperada. El sindicato miró para otro lado". Rosa estuvo dos meses hospitalizada y un año y medio de baja. "A los dos días de salir del hospital tras operarme del cáncer, tuve un trombo pulmonar y tuvieron que volver a hospitalizarme". Rosa recuerda que estaba en la UCI cuando su abogado negociaba el despido, ya que demandó al sindicato. "La carta de despido tenía un defecto de forma. Al final, me concedieron el despido improcedente". Palmira escucha a Rosa mientras asiente. "Ahora el sindicato solo es burocracia. Antes defendíamos unos valores. Yo creo en ese sindicalismo. Las dos creemos, por eso seguimos afiliadas".
El caso de Palmira, de 61 años, también es duro. Ella era secretaria de Mujer e Igualdad y miembro del consejo confederal. "En noviembre de 2015 sufrí una trombosis y estuve dos meses en coma en el Clínico. Casi pierdo las piernas". Luego pasó por ocho meses entre hospitalización y rehabilitación en el Instituto San José. "Mi secretario general, Vicente Sánchez, vino a verme una vez al hospital y otra al centro de rehabilitación para decirme que me pensaban sustituir teniendo en cuenta mi situación. Yo quedé en dar una respuesta. Pero creo que era una decisión que ya tenían tomada. El tiempo me daría la respuesta. En el siguiente consejo me cesaron"...
Trabas a las pesquisas: un perito de la Junta sin ninguna ayuda y sin dedicación exclusiva
La junta oculta el fraude de UGT en Andalucía
El perito judicial confirma que la federación andaluza de UGT desvió subvenciones millonarias concedidas por el Gobierno andaluz y las empleó de forma irregular para financiar otras actividades, tal y como EL MUNDO y otros medios destaparon hace ya cinco años.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla está investigando desde 2013 la supuesta trama diseñada por UGT-A para desviar subvenciones de la Junta a través de facturas falsas. Las ayudas terminaron costeando comilonas en la caseta del sindicato en la Feria de Abril, los 700 maletines fabricados en Asia que la central sindical regaló a los asistentes a un congreso regional y todo tipo de actos sindicales.
Las pesquisas judiciales, en las que hay una veintena de investigados -antes imputados-, llevan más de dos años paralizadas, a la espera, precisamente, del informe pericial que acaba de llegar al juzgado. No obstante, el documento elaborado por el perito es una especie de borrador en el que analiza solamente 11 de las 32 subvenciones bajo sospecha. Al parecer, todavía no ha tenido tiempo suficiente para analizar toda la documentación.
Trabas a la investigación
Las fuentes consultadas por este diario explicaron que este caso está sufriendo todo tipo de trabas. Aunque el perito recibió el encargo del juzgado hace tres años, no ha recibido hasta este año la documentación que guardaba el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que fue el que inició la investigación. A pesar de que el juez que instruye el 'caso UGT' reclamó los documentos en infinidad de ocasiones, la juez María Núñez, titular de Instrucción 6, no los envió hasta este año. El perito, que trabaja en la Junta, justifica su tardanza en que no ha tenido dedicación exclusiva y no ha contado con la ayuda de otro experto, a pesar de que el juez lo autorizó. Otros dos peritos renunciaron a este encargo.
En las 11 subvenciones analizadas, el perito judicial Luis Ayala Gallo, que es interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta, detalla una cifra provisional de fraude, adelantada por el Diario de Sevilla, de 5.384.099,49 euros, que irá al alza cuando finalice el trabajo de análisis del resto de ayudas.
En el caso de los cursos de formación que ejecutaba el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), el sindicato presentaba gastos propios y de este ente instrumental a la Junta para justificar las ayudas recibidas. El perito subraya que los gastos del sindicato «no son subvencionables o elegibles» y suponen «un aumento del coste de la actividad subvencionada».
Tampoco son subvencionables los gastos de alquileres de aulas que UGT presentaba en sus justificaciones ante la Administración, ya que de éstos se deriva «lo que parece ser un aumento innecesario del coste de la subvención, prohibido por el artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones», dice el informe. Esta cuantía está por determinar y no se incluye en los 5,3 millones apuntados por el perito.
UGT-A, como informó este diario, utilizó locales cedidos de forma gratuita por el Gobierno central para engañar a la Junta en la justificación de las subvenciones millonarias que recibió durante años para que impartiera cursos. Con 12 locales repartidos en las ocho provincias andaluzas simuló unos gastos de alquiler ficticios. Son irreales porque UGT disfrutaba de todos esos locales a coste cero, ya que el Gobierno central se los cedió en virtud de la Ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.
El juez encargó una pericial que sirviera para fijar la cuantía malversada por el sindicato con las subvenciones para cursos y otras materias que le otorgó la Junta entre 2009 y 2013, periodo en el que al frente de UGT-A se encontraron Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Éste último se vio forzado a dimitir en pleno escándalo y tras permanecer sólo seis meses en el cargo.
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El sindicato participa en 35 empresas, otras 46 están gestionadas por dirigentes históricos
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Tiene dos fundaciones que llegan a manejar más de 54 millones en subvenciones en un año
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Hubo empresas que facturaron hasta 8,5 millones en plena crisis
La UGT dejó de ser un simple sindicato para convertirse en un grupo empresarial capaz de mover 106 millones de euros anuales y gestionar 81 empresas y dos fundaciones de las que dependen más de 1.600 trabajadores. No son meros números, son datos objetivos que constan en el Registro Mercantil y corroboran las cuentas de las propias sociedades. Sólo las dos fundaciones, consideradas sin ánimo de lucro, recibieron en un año más de 54 millones de euros en subvenciones. Se trata del Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) y del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).
Dicho de otra manera, y tomando como referencia las definiciones que la Real Academia Española da a las palabras sindicato y empresa, la UGT que preside Cándido Méndez dejó de ser sólo «una asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros» para erigirse en «una organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos» que ingresa dinero y tiene a sus responsables sindicales como miembros de los órganos de administración de sus empresas.
Los datos revelan que casi la mitad de esas sociedades -en concreto, 35- están participadas de manera directa por UGT y gestionadas por dirigentes de sus federaciones. Las 46 restantes no tienen participación directa del sindicato, pero están controladas por responsables del mismo. En los órganos de las empresas consultadas hay miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal; dirigentes de la UGT de Madrid y de Andalucía; miembros de las cúpulas de las federaciones de Servicios Públicos (FSP-UGT), la de Servicios (FeS-UGT) y la de Trabajadores para la Enseñanza (FETE-UGT); así como veteranos dirigentes sindicales de las unidades territoriales de la organización. El tesorero del sindicato, Antonio Retamino Megías; el secretario de Organización de Méndez, José Javier Cubillo; su secretaria de Igualdad, Almudena Fontecha; y los secretarios generales de la FSP-UGT y la FeS-UGT, Julio Lacuerda Castelló y José Miguel Villa Antoñana, respectivamente, forman parte de los órganos de administración de empresas del sindicato.
47,5 millones de euros en subvenciones
UGT es dueña en un 100% del instituto IFES, que gestionó 47,5 millones de euros en subvenciones el año pasado, y del ISCOD, que ingresó 6,9 millones en un año, atendiendo a las últimas cuentas disponibles de 2011. Es más, es accionista mayoritaria de cuatro empresas dedicadas a la edición de libros, el comercio de materias primas agrícolas, actividades jurídicas y la promoción inmobiliaria. En concreto, se trata de Publicaciones Unión -dirigida por Antonio Retamino-, Servicios UGT Madrid, Soralpe i Mas P Asociados y Proyectos Inmobiliarios Novasur, respectivamente. Precisamente, estas dos últimas -la primera es la matriz y la segunda, la filial- son gestionadas por el ya ex secretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, que consiguió que Soralpe facturara 1,7 millones de euros en 2011.
División geográfica de las empresas
A través de sus direcciones territoriales y federaciones, el sindicato es también propietario en un 100% de otras 16 empresas. La UGT de Madrid es accionista mayoritario de Masercisa, una sociedad que gestiona cursos de formación y que llegó a facturar 2,8 millones en 2011. La UGT de Valencia es dueña de la empresa de publicidad Recolzament Integrat a la Gestio y de la inmobiliaria Habitat de Qualitat. La UGT de Castilla-La Mancha participa en un 100% en Insercastisman, centrada en el comercio al por menor de muebles, y la publicista Revuelta Creativa, de la que depende una filial de promoción inmobiliaria llamada Educable Innovación y Desarrollo. La UGT de Aragón tiene una empresa de servicios financieros y contables, Unión Aragonesa de Servicios, y la territorial de Baleares es dueña de otra inmobiliaria.
A este listado se suma Foro de Formación y Ediciones, propiedad en un 100% de la FSP-UGT y accionista mayoritario de cinco filiales autonómicas. Esta empresa llegó a facturar 8,5 millones hace dos años, en plena crisis económica. Es más, la federación en cuestión es también propietaria de FES Gestión, una sociedad de actividades jurídicas dirigida por la cúpula de la FeS, que controla también el grupo Fondo de Promoción y Desarrollo Profesional. FeS-UGT es accionista en un 70% de la división de formación de esta sociedad y de un 30% de su filial de alquiler de inmuebles Fondo de Promoción y Desarrollo Profesional Activos. El paquete de empresas participadas directamente por el sindicato lo completa Formación de Investigación y Desarrollo de Enseñanza, una editora de libros propiedad de FETE Servicios y Consulting, participada, a su vez, en un 100%, por la ETE-UGT que dirige Carlos López Cortiñas.
En plena crisis, hubo empresas que llegaron a facturar en un año entre un millón y esos 8,5 millones que registró Foro de Formación y Ediciones. Es más, entre las sociedades vinculadas de manera indirecta al sindicato, algunas llegaron a registrar ingresos que superaron los cinco millones de euros. En concreto, éste fue el caso de Gallega de Papel, participada en un 50% por Teresa Rodríguez Beltrán, miembro del patronato del IFES, secretaria de Formación de UGT en La Rioja y apoderada, a su vez, de una empresa de alquiler de bienes inmuebles (Humanis Servicios Inmobiliarios) que ingresó el año pasado 1,04 millones de euros.
Los líderes sindicales y sus empresas
En torno a 15 personas vinculadas con el sindicato se convirtieron en empresarios independientes, creando su propia empresa. El secretario de Administración y Finanzas de FSP-UGT, Manuel Mora Moreno, es miembro de los órganos de administración de una sociedad dedicada al asesoramiento de la gestión empresarial y otra al comercio. Iniciativa y Evaluación y Artensa Central de Compras, respectivamente. Es más, su socio es apoderado de una empresa dedicada al comercio al por menor de juguetes, vestidos, calzado, artículos de deporte, armas y cartuchería.
El que fuera secretario general de UGT Navarra durante 15 años, Miguel Ángel Ancízar Eceolaza, es ahora el dueño del grupo inmobiliario Gestión Social e Inversiones, con ocho filiales inmobiliarias. La matriz facturó 1,47 millones en 2012 y una de sus filiales llegó a ingresar 1,4 millones en el mismo año, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Rafael Recuenco, que fuera secretario general de UGT Valencia durante 20 años, es el presidente de la Fundación Pascual Tomás de la Comunidad Valenciana, dedicada a la enseñanza y que facturó un millón de euros en 2012. Federico Fresneda, veterano de UGT de Andalucía en el equipo del anterior secretario general del sindicato en esta comunidad autónoma, Manuel Pastrana, forma parte de la inmobiliaria Geosur, y Emilio Hernández Rabanaque, sindicalista en MCA hasta 2009, es administrador de Painso 21, la matriz de un grupo de empresas inmobiliarias y de asesoramiento.
La sorpresa la da Antonio Deusa Pedrazo, secretario general de la Federación de Industrias y Trabajadores Agrarios (Fitag), que es el presidente de una empresa dedicada a hacer estudios de mercado que está siendo investigada por su presunta relación con el caso de los ERE de Andalucía. Se llama Temiqui y dispone de cuatro trabajadores, según consta en el Registro. En 2012 facturó 877.525 euros. El entramado de empresas descrito cuestiona las distintas vías de financiación de las que dispone UGT. Es más, corrobora que detrás del sindicato se ha levantado un grupo de empresas relacionadas con la organización de manera directa e indirecta.
El tertuliano de la Cope se deshizo en halagos y le deseó “muchos años como ministra de Defensa”
“A la ministra no le quiero reñir porque me parece que está desempeñando bastante bien su trabajo y de una forma brillante por varias cosas”. Así de rotundo se expresó José María Fidalgo, exsecretario general del sindicato Comisiones Obreras entre 2000 y 2008, al ser invitado por Carlos Herrera, en el programa homónimo que el locutor almeriense tiene en la Cadena Cope, para criticar, censurar o reprochar a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, su trabajo, actitud, aptitud o modo de llevar la agenda política de su departamento o de la propia secretaría general del PP, a la que accedió, precisamente, el mismo año en el que el exsindicalista, convertido en pelota oficial de la expresidenta de Castilla-La Mancha, abandonaba el sindicato al perder el liderazgo de CCOO frente a Ignacio Fernández Toxo en el IX Congreso Confederal de la central izquierdista que Fidalgo había escorado cada vez más a la derecha.
Halagos “babosos” hacia Cospedal
Y no solo eso, el pelota oficial de Cospedal renunció a exigir explicaciones a la ministra por distintas razones de actualidad (https://youtu.be/LC-7P6o3akc, a partir del minuto 44:58), como la denuncia de una soldado de una violación grupal en el acuartelamiento aéreo de Bobadilla (Málaga), o el accidente aéreo del Eurofighter ocurrido el pasado octubre en Albacete, o por el papel del ejército en la crisis catalana…eso, sin contar su controvertida, cuestionada y polémica gestión al frente del partido en su condición de secretaria general del PP. En fin, José María Fidalgo prefirió “babosear” con Cospedal y no hacerle ni un solo reproche a su gestión.
“Usted es la única que se mueve”
El caso es que el encargado de calentar el ambiente, donde chorreaba almíbar dialéctico por los micrófonos, no fue, precisamente, Fidalgo, sino uno de los periodistas que siempre que puede se deshace en elogios hacia Cospedal, como es Fernando Jáuregui, que tras subrayar la situación inmovilista del Gobierno, se sorprendió por la actividad desarrollada por la madrileña. “Choca ver a un ministro que se mueve: usted es la única que se mueve”, dijo el tertuliano de la emisora de los obispos, conocido también por sus exabruptos xenófobos cuando estas navidades aseguraba no ir a la cabalgata de reyes de Vallecas porque “creo que no había quien se agachase a coger caramelos”. Jáuregui obvió completamente el trabajo (acertado o no) llevado a cabo por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tal vez, porque ésta es enemiga declarada de la otra, a la que el periodista cántabro ha profesado fidelidad eterna.
“Ministra por muchos años”
El almibarado diálogo llegó a su cenit cuando José María Fidalgo retomó su labor de pelota de Cospedal asegurando que: “yo a la ministra la quería dar la enhorabuena. No solo por la misión en Mali (…) esta señora, antes de ser ministra ha estado en otros muchos sitios, y lo conoce muy bien. Y ojalá sigas mucho tiempo de ministra de Defensa”. Le espetó el que otrora fuera defensor de los trabajadores (eso, al menos decía él), no sin antes cuestionar el papel que juega Ciudadanos y defender a ultranza la labor del Gobierno de un tal M. Rajoy.
Pudo ser ministro de Trabajo
No es de extrañar que Fidalgo pelotee también a Mariano Rajoy, ya que formó parte de la quiniela ministrable que el actual presidente del Gobierno barajó para el Ministerio de Trabajo, a petición de José María Aznar con quien el exsindicalista mantiene una conocida amistad, como con Rodrigo Rato o Cristóbal Montoro, con los que comparte ciertas teorías empresariales dada su actual responsabilidad de formador de nuevos tiburones financieros en “Negocia”, una unidad de investigación del Centro de Negociación y Mediación del Instituto de Empresas Business School, donde un máster está entre los 30.000 y 60.000 euros, amén de participante activo en foros organizados por FAES y por el propio PP.
Los sindicatos de Toxo y Méndez tienen montado un entramado empresarial que les proporciona más de 10 millones de euros al año.
Públicamente, los dos sindicatos mayoritarios de nuestro país, continúan atrincherados en su postura de criminalización de los empresarios; erigiéndose en defensores de una clase trabajadora que cada vez siente un desapego mayor hacia su labor. Pero en privado, tanto CCOO como UGT desarrollan un fructífero entramado económico que les reporta suculentos beneficios, a través de un complejo entramado de sociedades limitadas y anónimas. Gracias a ellas, los sindicatos cuentan con unos activos de más de 240 millones de euros, y unos beneficios anuales que superan los 10 millones de euros.
Así lo desvela este lunes ABC, que ha buceado en las cuentas de UGT y CCOO, demostrando que ambas organizaciones saben sacar partido a sus cuentas, haciendo uso de las mismas técnicas empresariales que después critican públicamente.
Esto lo consiguen de diversas maneras. Los sindicalistas se convierten en patronos de varios sectores económicos, y se asocian a empresas como Telefónica y BBVA. Gestionando los planes de pensiones de empleo privados, consiguen suculentos réditos. Según informa el diario de Vocento, los sindicatos mayoritarios controlan un complejo entramado de sociedades limitadas y anónimas que suman unos activos de más de 240 millones de euros. En el último ejercicio contable presentado en el Registro Mercantil, las 53 empresas analizadas obtuvieron unos beneficios de 10.595.000 euros.
Las gestoras
Los sindicalistas se convierten en patronos en varios sectores económicos e incluso se asocian a grandes multinacionales como el BBVA y Telefónica, alianzas de las que obtienen suculentos réditos en el campo de la gestión de planes de pensiones de empleo privados. Ambos sindicatos -con un 15% cada uno- son socios de Telefónica (70%) en Fonditel Pensiones, la cuarta mayor gestora de España que les proporciona activos de más de 11 millones y beneficios de un millón en el ejercicio fiscal de 2010.
También la gestora de BBVA - Gestión de Previsión y Pensiones S.A- les proporciona beneficios relevantes. En ella, los sindicatos suman el 40% de las acciones; gracias a lo cual el pasado año cada organización se llevó 853.000 euros de beneficio. Gestionando el plan de pensiones de la Administración del Estado, los sindicatos se llevan 537 millones de euros -propiedad de más de 600.000 funcionarios- cuya tercera parte invierte en Bolsa. La gestora BBVA-CC.OO-UGT cobró en 2011 una comisión por la administración de este plan que ronda el millón y medio de euros.
Pero los sindicatos no advierten contradicción entre estas actividades y sus crítica continúa a los bancos, los empresarios, y demás bestias negras de su ideario. En un folleto publicitario de la gestora, los sindicatos se blindan ante las críticas asegurando que es "perfectamente compatible combinar objetivos financieros con valores sociales". ABC asegura que los sindicatos son claves para atraer a estas gestoras el dinero de los planes de pensiones de empleo de las compañías en las que UGT y CCOO controlan el comité de empresa.
Las aseguradoras
Este es otro sector clave para que ambos sindicatos prosperen empresarialmente: las aseguradoras. UGT y CCOO tienen presencia en las cuatro empresas del grupo Atlantis, a través de participaciones. Con ello consiguen unos beneficios anuales no muy elevados, pero sí logran unos activos proporcionales de unos cinco millones de euros por cada organización empresarial.
Empresas relacionadas con el ladrillo
También los sindicatos han sacado tajada del sector, uno de los más criticados en sus consignas. CCOO es dueña de la promotora Grupo de Proyectos Sociales de Gestión, cuyos beneficios en 2010 suman 4,8 millones de euros y sus activos superan los 42 millones de euros. Con Deinco Inmobiliaria y Habitatge Social S.A suman 22,7 millones euros con cada una, sin contar con los grupos de promotoras domiciliadas en Aragón.
Por su parte UGT está relacionada con la empresa navarra Plazaola Gestión Integral S.L., a través de la empresa que la controla -Gestión Social e Inversiones- de la que el sindicato controla el 70% del capital. El balance es claro: los activos de ambas compañías suman 18,5 millones de euros y unos beneficios cercanos al millón.
La consultorías
Este es otro de los sectores en los que se han especializado CCOO y UGT. La mayor empresa está en manos de Comisiones, Grupo de Proyectos Sociales de Madrid S.A. En su último balance de cuentas aparecen más de siete millones en la casilla de activos.
La empresa Protección Social Complementaria de los Trabajadores S.L. está participada por los sindicatos de Toxo y Méndez al 50%, y su objeto social deja clara su función: "la prestación de todo tipo de servicios de dirección, administración y gestión de empresas, ocupando para ello cargos en los órganos de administración si fuera necesario".
Cursos de formación
Esta es quizás la fuente de financiación sindical más conocida, y también más fructífera. CCOO y UGT subcontratan cursos o utilizan sus propias empresas para impartir estos cursos a los trabajadores, con cargo a los presupuestos públicos o de grandes empresas.
La emrpresa más llamativa es Escola de Formación Sindical S.L., que posee CCOO en Cataluña, y se dedica a "todas aquellas actividades relacionadas con la enseñanza e impartición de cursos de formación". Con ello, consigue 4,3 millones en activos.
Por último, ambos sindicatos tienen medio centenar de organizaciones entre fundaciones, federaciones y cooperativas. Tienen actividad económica pero no ánimo de lucro.
El sindicato acusa a la Consejería de Educación de plantear una convocatoria traumática para los aspirantes canarios.
Las oposiciones de Educación “generarán un efecto llamada” entre aspirantes de todo el país y “serán traumáticas para los docentes canarios”. Eso es lo que piensa la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que ayer anunció que ha exigido por escrito a la Administración la convocatoria de una mesa sectorial urgente para renegociar la oferta de plazas que se convocarán este año. (...)
La convocatoria canaria es tan amplia, sostienen, que será un reclamo para aspirantes de numerosas comunidades autónomas, que, a pesar de que las oposiciones coincidan en todo el país, elegirán el Archipiélago para examinarse, argumentaron. (...)
El Tribunal de Cuentas ha acusado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a los sindicatos CC.OO. y UGT de organizar el reparto de las subvenciones en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de una forma de dudosa legalidad ya que formaban parte del patronato que concedía las ayudas.
En su 'Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015', recogido por Europa Press, el órgano presidido por Ramón Alvarez de Miranda llega a acusar a estas organizaciones de diseñar el reparto de ayudas públicas con el fin de recibir los fondos.
"El Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas", sostiene el Tribunal.
En algunas de las ayudas, el Tribunal destaca que todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lleva a aseverar a este órgano de control que "existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CC.OO".
UGT quiere contentar a todos: empresarios, gobiernos de todos los colores, trabajadores: La cuadratura del círculo
José Álvarez, Secretario General de UGT:
- No podemos garantizar que los desmanes en los cursos de formación se vuelva a repetir
- Por supuestos que sí queremos militantes del PP. Sin ninguna duda.
- Quiero que la UGT se convierta en un sindicato en el que los militantes de todos los partidos se sientan cómodos
(…)
UGT y CCOO piden que no haya terceras elecciones ¿Cómo se pueden evitar?
Nos hemos metido en una especie de locura y no hay manera de salir de ella. Hay que asumir el cambio. Estamos en un país que quiere un Parlamento plural y un programa de gobierno confeccionado a partir de las distintas posiciones políticas. Los partidos no lo han asimilado. Incluso se habla de sanciones a los diputados que quieran romper la disciplina de voto, que es poco razonable.
(…)
¿Cuál es su modelo sindical? ¿El alemán?
Sí, los sindicatos alemanes son un buen modelo, aunque es muy difícil desarrollarlo aquí, porque actúan con una normativa diferente. Por ejemplo, uno de ellos recibió subvenciones de 450 millones en 2014 por parte del Gobierno federal y allí nadie cree que la DGB [Confederación de sindicatos alemanes] esté subvencionada. Se considera que la aportación que hace el sindicalismo al Estado del Bienestar requiere esa aportación, cuando en realidad su participación en la vida del país es menor que en España.
Pero la DGB es apartidista y UGT está históricamente ligada al PSOE.
Es un cambio que queremos hacer. Quiero que la UGT se convierta en un sindicato en el que los militantes de todos los partidos se sientan cómodos. Siempre estaremos en el campo de la socialdemocracia, pero la UGT no tiene por qué ser partidaria. En la UGT de Cataluña hay plena pluralidad y convivencia. Por eso intento huir de los planteamientos partidarios.
¿Quiere que haya militantes del PP en UGT?
Por supuesto que sí. Sin ninguna duda. Tenemos que conseguir que haya trabajadores del PP en UGT. Eso nos va a ayudar además para que el PP sea un partido socialmente más comprometido. La CDU alemana tiene que reflexionar más, por eso. Tenemos que conseguir un sindicato plural en el que la gente vea nuestras posiciones políticas como aportación a derechos de personas y no como un intento de inmiscuirnos en la vida partidaria.
Tras estos meses al frente de UGT, ¿sabe ya cómo es posible que se cometieran en el sindicato esos desmanes con los fondos de formación como sucedió en Andalucía?
Quizá yo no sepa nunca lo que ha pasado con los fondos de formación porque ésta es una organización muy grande con muchas organizaciones y cada una de ellas con un nivel de autonomía muy amplio. Es necesario mantenerlo, aunque es verdad que tenemos que mejorar los controles y limitar la autonomía en la gestión de los recursos. Estamos en ese trabajo, más lento de lo que querría por los medios que tenemos.
¿Garantiza como secretario general que no volverá a ocurrir?
No lo puede garantizar, porque implicaría tener una organización leninista y no la vamos a tener. Cada una de nuestras organizaciones tiene que tomar sus propias decisiones, pero en unos años UGT va a ser seguramente la organización sindical más transparente.
¿Se seguirá presentando UGT a adjudicaciones de formación?
Es que si no lo hacemos, pueden desaparecer elementos muy positivos de la formación continua. No puede quedar en manos de las empresas. Eso sí, si volvemos a hacer formación hay que hacerla con transparencia. Y no es razonable que el Gobierno del PP nos haya dejado fuera del control de los fondos de formación ahora que va a haber concurrencia.
(…)
¿Cuánto deben subir los salarios en 2017?
Estamos buscando un acuerdo con CCOO y no tenemos por qué poner un dígito, podemos ir convenio a convenio.
La Unión Sindical Obrera - USO, otra empresa pagada para mantener la Paz Social
La central ingresó 3,2 millones de euros en subvenciones para formación que en buena parte se destinaron supuestamente a pagar sueldos
En el sumario del caso, filtrado por el diario El País, se incluye un informe de los Mossos d'Esquadra en el que se apunta que buena parte de los 3,2 millones de euros que la USOC ingresó durante seis años para la formación profesional se dedicaron supuestamente a pagar sueldos y complementos salariales.
En el informe policial se califica a Antònia Gil de "líder indiscutible" de la trama. Los agentes investigan diversas irregularidades, como la tramitación de expedientes de regulación de ocupación temporales que afectaron a 13 empleados del sindicato, pese a que les obligaron a seguir en sus puestos de trabajo mientras cobraban el paro. El sindicato les abonó la diferencia.
Los agentes también investigan el supuesto pago, durante décadas, de complementos salariales de forma irregular a sindicalistas. La cifra se acercaría a los 500.000 euros.
Los Mossos sospechan que buena parte de los 3,2 millones de euros de subvenciones para la formación ocupacional que cobró la USOC en un período de seis años pudieron desviarse a pagar sueldos y complementos.
Según informa El País, los Mossos también investigan a María Recuero, la actual secretaria general, que había formado parte del anterior equipo de Antònia Gil.
A preguntas de Economía Digital, un miembro de la nueva comisión ejecutiva declinó hacer comentarios sobre este caso, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona.
La UCO considera que el sindicato se financiaba de manera «sistemática» con las ayudas a la formación que le concedía la Junta
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están convencidos, a estas alturas de las investigaciones, de que la Unión General de Trabajadores de Andalucía estableció toda una estrategia para configurar una caja «B» en el sindicato, con un montante que, de momento, no se ha podido determinar pero que se cree cuantioso, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se trata de un paso cualitativo en la investigación, ya que los investigadores tratan de descifrar el funcionamiento de la contabilidad ugetista y el destino último del dinero acumulado a través de las facturas falsas o hinchadas que pactaban con sus proveedores de confianza y presentaban a la Junta de Andalucía para justificar subvenciones para formación de trabajadores y otros programas de carácter finalista.
La detención ayer por la Benemérita del que fuera vicesecretario general de Administración y Recursos de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía, Federico Fresneda, que se encontraba en Canarias y cuyo domicilio en un céntrico barrio de Sevilla fue registrado, se considera como un paso importante en la investigación de la UCO sobre el uso fraudulento de los fondos destinados a la formación de trabajadores y a otros programas subvencionados por la Administración regional. Se trata de una persona de la absoluta confianza del que fuera secretario general del sindicato, Manuel Pastrana, y que ocupó varios puestos de responsabilidad en la organización entre 1998 y 2013, momento en el que éste dejó de ser secretario general y accedió al cargo Francisco Fernández, que dimitió cuando trascendió el escándalo. Los investigadores consideran que el caso terminará con la implicación, aún por determinar a qué nivel, de la Junta de Andalucía, Administración que debía vigilar el buen uso del dinero público concedido.
La segunda fase de la «operación Cirene» se desarrolló ayer en Sevilla, Jaén y Madrid y se saldó con otros trece detenidos y seis registros. El objetivo de los agentes era obtener información sobre la utilización fraudulenta de dichos fondos. De los arrestados, tres –incluido Fresneda– están o han estado relacionados con UGT y los otros eran empleados de empresas que o bien «engordaban» facturas sobre trabajos o suministros realizados al sindicato o bien expedían documentos que eran falsos, «de la primera a la última línea», ya que lo que figuraba no respondía a la realidad. Las fuentes consultadas por este periódico insisten en la gravedad del asunto que no debe quedarse en unas facturas ya conocidas –por muy llamativas que parezcan y que no dejan de ser el «chocolate del loro»–, sino de una estrategia diseñada para crear una caja «B» en la organización. El gasto en comidas o regalos serían sólo uno de los usos otorgados a esos fondos que libraba la Junta.
Las actuaciones realizadas por la Benemérita fueron ordenadas por el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, pero están íntimamente relacionadas con las investigaciones que desarrolla la magistrada del número 6, Mercedes Alaya, ya que ambos estudian los mecanismos de financiación del sindicato. La instructora del «caso ERE» impulsó en diciembre de 2013 la primera fase de la «operación Cirene» con el registro de la sede de UGT-Andalucía en la calle Antonio Salado de Sevilla, así como la del archivo del sindicato en Córdoba y de varias empresas satélites. La documentación incautada, junto a las declaraciones de los presuntos implicados que el Instituto Armado ha realizado con posterioridad, han sido claves para el caso. Asimismo, ha sido de capital importancia los expedientes que, tras reiterados requerimientos, la Junta de Andalucía entregó a la Guardia Civil el pasado mes de mayo sobre los mencionados cursos de formación. Entre la documentación suministrada a la Benemérita figuran justificaciones sobre ayudas a UGT y CC OO, entre otras organizaciones, durante el periodo 2007- 2013. La UCO aseguró incluso en un comunicado que han constatado que «este fraude se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo». Incluso consideran «que la vía más importante en la financiación de este sindicato podría haber sido esta presunta práctica ilícita».
Las empresas que fueron registradas ayer son las que supuestamente habrían realizado algunas de las facturas manipuladas o falsas a favor de UGT-A para justificar las subvenciones en la Junta de Andalucía. Entre estas entidades figuran la sociedad de mobiliario de oficinas Chavsa; Viajes Macarena y Lienzo Gráfico Impresores, las tres en la capital hispalense; KND de Jaén, que, suministraba material didáctico para los cursos de formación, y Siosa, en Madrid, dedicada a telefonía y proveedor de servicios del sindicato. LA RAZÓN ha documentado algunas de estas facturas imputadas a programas de la Junta y que sirvieron para pagar billetes de AVE o para comprar 40 cámaras de vídeo para la cúpula de UGT-A.
Los 14 detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. El magistrado encargado de la instrucción de esta parte de los procesos abiertos contra UGT mantiene el secreto del sumario. La investigación partió de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra los responsables de UGT-A por falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento de dicho sindicato.
El juez considera que vulneró derechos fundamentales en materia de conciliación.
Obliga a readmitir a la trabajadora y pagarle 60.000 euros.
Comisiones Obreras (CC OO) ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales en materia de conciliación y obligada a readmitir a la trabajadora que despidió en junio de 2015 tras pedir la reducción de jornada por maternidad, así como al pago de 60.000 euros por daños y perjuicios. Así lo han señalado fuentes de la demandante, la exsecretaria general de CC OO Industria Guadalajara, Pilar Martínez, quien tras el despido demandó ante los tribunales a CC OO por discriminación laboral por razón de género al vulnerar sus derechos fundamentales tras denegarle medidas de conciliación y cuando el sindicato señaló que el cese se produjo por la pérdida de confianza. La sentencia emitida por el juzgado n º1 de lo Social de Guadalajara, comunicada el pasado mes de agosto, condena a CC OO a readmitirla al considerar que el despido es nulo por discriminación, al no permitir a la demandante ejercer su derecho a reducir su jornada laboral tras incorporarse de su baja maternal. Asimismo, impone una multa a CC OO de 60.000 euros por daños y perjuicios, "cantidad sustancial y que hace la sentencia pionera", han añadido las mismas fuentes, al tratarse de un sindicato que no busca el ánimo de lucro y entre cuyos fines está la defensa de los derechos fundamentales que en esta ocasión ha vulnerado. La sentencia condena solidariamente a la Unión Provincial de CCOO en Guadalajara, así como a la Federación regional y nacional de Industria de CCOO, entidades con las que la demandante tuvo relación laboral al considerarlo un grupo de empresas a efectos laborales.
CC OO recurre
La sentencia ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM) por CC OO y se estima que, entre 6 y 8 meses, se conozca el fallo sobre dicho recurso. En ese sentido, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha afirmado que el despido de Pilar Martínez se produjo porque "perdió la confianza de la Ejecutiva" y, ante tal hecho, lo que procede es que "tiene que dimitir". "Era una dirigente del sindicato, pierde la confianza de la Ejecutiva y, por tanto, tiene que dimitir. No hay relación laboral y deja su responsabilidad, demanda a la organización y una juez entiende que tiene razón, pero no lo compartimos y esperamos que el recurso dé la razón a CC OO", ha resumido Gil sobre el caso.
CCOO de Andalucía ha comunicado el despido a 10 empleados nada más cumplirse el plazo -de dos años- durante el que se comprometió a no rescindir más contratos tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que afectó a 85 trabajadores en 2013 y la reducción de sueldo aplicada a toda la plantilla. Las indemnizaciones económicas ofrecidas se acercan bastante a las que prevé la reforma laboral, contra la que el sindicato se ha movilizado enérgicamente en la calle.
En esta ocasión, CCOO ha huido del despido colectivo y ha tramitado las nuevas bajas como despidos objetivos individuales, amparándose en el hecho de que el número de afectados no supera el 10 por ciento de la plantilla total.
Los despedidos pertenecen íntegramente a la asesoría jurídica, desempeñaban su trabajo en seis provincias -todas menos Huelva y Almería- y ejercían como abogado, graduado social o administrativo. Las bajas causarán efecto el próximo 1 de septiembre.
Se da la circunstancia de que algunos de los trabajadores despedidos ahora tienen interpuestas reclamaciones contra la modificación sustancial de las condiciones que incluía el acuerdo firmado el 28 de junio de 2013 entre la dirección del sindicato y ocho de los 12 miembros que constituían la representación de los trabajadores en la comisión de negociadora.
¿Despidos nulos?
A juicio de Catalina Montabes, delegada de personal de la Unión Provincial de CCOO en Granada y miembro del comité intercentros, ello «atenta contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» y abre la puerta a que los afectados puedan pedir en los tribunales la nulidad de sus despidos, toda vez que ya sufrieron el ajuste anterior.
Según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía, entre los afectados también se encuentra una graduada social de Jaén que ha ganado un macropleito de despido a la empresa Imesapi -filial de ACS- que ha supuesto un millón de euros en indemnizaciones.
El sindicato puso en marcha en 2013 un plan de viabilidad debido a la crítica situación económica que atravesaba, derivada del desplome de los ingresos por cuotas de afiliados y de los impagos de las subvenciones ya otorgadas por la Junta de Andalucía. La organización llegó a reconocer en sus memorias de cuentas que, de tratarse de una entidad mercantil, «estaríamos en situación de concurso» de acreedores.
En ese contexto, CCOO adoptó tres medidas. Pactó un ERE con 85 extinciones de contrato -71 incentivadas y 14 forzosas-, aplicó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por el que redujo el 23 por ciento de la jornada y el salario e impuso un recorte de sueldo del 16,4 por ciento a jefes de departamento, abogados y graduados sociales. El sindicato cifró en 3,3 millones el coste de las indemnizaciones, lo que le obligó a pedir un préstamo a devolver en nueve años.
CCOO ha comunicado los nuevos despidos después de que el pasado 17 de julio se cumpliera el plazo durante el que se había comprometido a no poner más medidas de ajuste encima de la mesa. Según representantes de los trabajadores, 10 personas causarán baja y otras dos verán reducidos su jornada y salario al 50 por ciento.
Al margen de las subvenciones y de la recaudación por cuotas de afiliados, la asesoría jurídica supone una de las principales vías de ingresos para el sindicato. En 2014, CCOO registró 1.678.545,43 euros, una cifra ligeramente superior a la alcanzada un año antes (1.630.868,08 euros).
Los gastos de Personal cayeron un 39,6% en 2014
CCOO-A sigue reduciendo su plantilla a pesar de que, con el ERE aplicado en 2013, ha logrado reducir de forma notable los gastos de personal. En concreto, el sindicato disminuyó esta partida el pasado año un 39,6 por ciento, tras pasar de 13.956.719,62 a 8.438.262,19 euros. Este recorte a la masa salarial permitió a la organización aminorar a más de la mitad las pérdidas. Así, en el transcurso de un año, éstas pasaron de 4.731.173,18 a 2.005.551,93 euros. A Comisiones Obreras le sigue pasando factura el descenso en la afiliación que se viene poniendo de manifiesto desde el inicio de la crisis económica. En concreto, el pasado año los ingresos por cuotas de afiliados ascendieron a 8.461.253,68 euros, un 6,4 por ciento menos que en 2013. Y éste, a su vez, ya fue inferior respecto a anualidades anteriores. A 1 de enero de este año, el sindicato tenía deudas a largo plazo por un montante de 1.725.478,39 euros, de los que 1.719.917,26 correspondían a créditos con entidades financieras. A corto plazo, las deudas ascendían a 19.976.833 euros, mientras que a empresas y entidades del grupo le adeudaba otros 6.542.467,11. Sus fondos propios se situaban en 7.902.086,27 euros.
La unión provincial de CCOO de Cádiz ha despedido a una trabajadora que se encontraba de baja por enfermedad y que se enteró al ingresarle el sindicato la indemnización en su cuenta bancaria antes de la preceptiva comunicación a la delegada de personal.La organización que dirige Francisco Carbonero en Andalucía prosigue así con su ajuste de plantilla, tras aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que afectó a 85 trabajadores en 2013 y haber tramitado otra decena de bajas como despidos objetivos individuales por razones económicas en distintas provincias desde el pasado verano. CCOO los indemnizó a razón de 20 días por año trabajado, el mínimo que estipula la reforma laboral del PP y que han tratado de combatir enérgicamente con movilizaciones en la calle.A la lista se suman ahora dos administrativas en Cádiz con más de una década de antigüedad, a las que ya se les ha comunicado que quedarán desvinculadas el próximo 7 de mayo. Las afectadas tuvieron conocimiento de sus despidos la pasada semana «al mirar por casualidad» sus cuentas bancarias y constatar la existencia de un ingreso con la anotación 'indemnización por despido'. Además, se da la circunstancia de que una de las dos trabajadoras se encontraba de baja por enfermedad tras haberse sometido a una intervención quirúrgica.
No es la primera vez que los trabajadores de Comisiones Obreras denuncian haber sufrido despidos «inhumanos». Como informó este periódico el pasado 11 de enero, el sindicato echó a una graduada social de Jaén justo el mismo día que había sido readmitida en cumplimiento de una sentencia judicial.
“Como la peor patronal que puede haber”. Así ha descrito esta mañana el comportamiento de Comisións Obreiras María Díaz, una de las ocho personas despedidas en Forem, la fundación del sindicato dedicada a impartir cursos de formación. Los afectados han recibido este lunes la carta en la que se les comunica que la central los echa a la calle sin negociación previa y con la mínima indemnización posible recogida en la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, 20 días por año trabajado con un tope máximo de un año de sueldo. La entidad, que se queda solo con seis trabajadores, mantiene además a tres directivos (la directora y dos asesores), los mismos que había cuando contaba con 39 empleados, una plantilla que ya se redujo en 2012 por un ERE que afectó a 24 personas. Entre quienes CC OO envía ahora a la calle están las dos delegadas sindicales de Forem.
Entre los despedidos en Forem hay dos personas de 55 y 57 años de edad que llevan 20 años en la empresa y para quienes Comisións ni siquiera ha previsto “medidas de acompañamiento” que les abran camino hacia la jubilación. Díaz, que era delegada sindical por la CUT en la fundación, critica que la dirección de CC OO se ha negado además a revelar el salario de los tres directivos salvados de los despidos. "Despiden a la gente con los salarios más bajos", denuncia Díaz. Según desveló recientemente el Consello de Contas en un informe sobre la actividad de esta fundación en el periodo 2010-2011, en Forem se detectaron nóminas de personal directivo que superan los 4.000 euros mensuales.
Sobre los motivos que han llevado a CC OO a seguir despidiendo a trabajadores en Forem, María Díaz señala que el sindicato esgrime que “la culpa la tiene el PP”. Ella considera que, aparte del desplome de las subvenciones para cursos de formación, la entidad tiene “un problema de gestión”. Mientras impulsaba en 2012 el ERE que condenó al paro a 24 trabajadores, el sindicato gastó 400.000 euros en una aplicación informática que “no usa nadie”. Recientemente, Forem ha renovado su web por 15.000 euros, según el coste admitido por la central, añade Díaz. “No han dado ni un paso para gestionar mejor los recursos”, subraya la sindicalista, que ya fue despedida en el ERE de hace dos años, aunque la justicia obligó a Comisiones a readmitirla junto a otra compañera.
La presidenta de Forem y responsable de formación de CC OO, Maica Bouza, ha alegado, en declaraciones a Europa Press, que los despidos responden a "una situación económica irreversible" por los "recortes drásticos" que desde 2012 afectan a las políticas de formación y empleo. Bouza cifró el tijeretazo a las subvenciones en un 50% en 2012, en un 30% entre 2013 y 2014 y en un 20% para el año que viene. Sobre el mantenimiento de los tres directivos, la dirigente de CC OO admite que uno de ellos tiene un contrato de alta dirección, mientras los otros dos son "responsables del área técnica y formativa". "En toda empresa tiene que haber un responsable al frente", alega Bouza. Además de despedir a ocho personas, Forem cierra su centro de Lugo mientras mantiene sus oficinas de A Coruña, Santiago y Vigo.
Caixa Catalunya, denunciada por colar intrusos en el ERE como falsos prejubilados
El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aprobó Caixa Catalunya en 2010 bajo la presidencia de Narcís Serra sirvió a la entidad para facilitar la salida de delegados sindicales y miembros de alta dirección que no reunían los requisitos para ser incluidos como falsos prejubilados, otorgando millonarias indemnizaciones.
Así figura en la denuncia que ha presentado un grupo de trabajadores de la entidad ante la Fiscalía General del Estado. El documento, al que ha tenido acceso Okdiario, apunta que once delegados sindicales de CCOO, UGT, SEC (el sindicato de ERC) y CSICA se colaron como intrusos en el ERE como falsos prejubilados. Les acompañaron, al menos, dos directivos de Caixa Catalunya.
Según los cálculos que figuran en la denuncia, los sindicalistas lograron salir con una indemnización conjunta de 4,62 millones de euros, lo que supone un pago medio de 420.000 euros por persona. En cuanto a los directivos, el montante global ronda los dos millones de euros, es decir, un millón por cabeza.
Según la documentación presentada a la Fiscalía los delegados “salieron de la entidad por las vías de la prejubilación y tenían todos entre 53 y 54 años, por lo que no cumplían con las condiciones fijadas en el acuerdo laboral”. El acuerdo laboral establecía con claridad que la edad mínima para ser prejubilado era de 55 años.
BBVA, condenado a readmitir al trabajador que denunció el ERE ilegal de Caixa Catalunya
El Juzgado de lo social número 12 de Madrid obliga a BBVA a readmitir al trabajador de Caixa Catalunya que denunció las irregularidades del ERE que aprobó la entidad financiera en 2010 y que permitió colar intrusos como falsos prejubilados, tal como avanzó en exclusiva OKDIARIO. Como el banco que preside Francisco González es ahora propietario de la antigua caja de ahorros catalana, deberá asumir su responsabilidad y reincorporar a este empleado, abonarle los salarios pendientes y pagarle una indemnización de 6.125 euros.
Así lo indica el fallo del tribunal al que ha tenido acceso este diario y que da por concluida, al menos de momento, una parte de la batalla judicial iniciada por un ex empleado contra la entidad financiera, de la que fue despedido en 2014 junto con dos compañeros tras denunciar al director de Recursos Humanos la existencia de irregularidades en el ERE aprobado por Caixa Catalunya en 2010. Sus investigaciones comenzaron a raíz del segundo ERE, aprobado en 2013, que fue llevado a los tribunales.
No obstante, el despido no se produce hasta que el trabajador descubre que en el primer ERE aprobado por la antigua caja de ahorros bajo la presidencia de Narcís Serra, en 2010, se facilitó la salida de delegados sindicales de CCOO, UGT, SEC (el sindicato de ERC) y CSICA, así como de miembros de alta dirección que no reunían los requisitos para ser incluidos como falsos prejubilados, otorgando millonarias indemnizaciones.
Según los cálculos que figuran en la denuncia que ha dado lugar a una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, los sindicalistas lograron salir con una indemnización conjunta de 4,62 millones de euros, lo que supone un pago medio de 420.000 euros por persona. En cuanto a los directivos, el montante global ronda los dos millones de euros, es decir, un millón por cabeza.
Tal como revela la documentación presentada a la Fiscalía los delegados “salieron de la entidad por las vías de la prejubilación y tenían todos entre 53 y 54 años, por lo que no cumplían con las condiciones fijadas en el acuerdo laboral”. El acuerdo laboral establecía con claridad que la edad mínima para ser prejubilado era de 55 años.
La empresa CC OO introduce formalmente la productividad y el stajanovismo entre sus filas para buscar clientes
CC.OO. quiere modernizarse y, para ello, ha abierto un debate interno sobre cómo evitar quedarse atrás frente a los grandes cambios que están transformado el mercado laboral y las relaciones entre trabajadores y empresarios. Ayer el secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, explicó que han propuesto condicionar parte del salario de los dirigentes de la organización a unos objetivos determinados –como ocurre en muchas empresas–, como es el caso de la evolución de la afiliación.
“Las personas sujetas a mandato, no el personal contratado del sindicato, ha de estar vinculados a la afiliación, la negociación colectiva, las elecciones sindicales”, defendió Fernández Toxo. “Hay que hacer seguimiento de los planes de trabajo, y los resultados tienen que tener consecuencias”, añadió.
El sindicato busca ampliar sus bases atrayendo a jóvenes y autónomos (…), desde el 2008 han perdido más de 260.000 afiliados, de forma que en la actualidad cuentan con 907.302 personas registradas que pagan cuota.
Por otro lado, abren la puerta a revisar las restricciones a la afiliación de los autónomos –hasta ahora está vetada a los que tienen asalariados-, al tiempo que defienden la necesidad de buscar una fórmula que permita dar voz y voto a los trabajadores de las microempresa (el 40 % de los asalariados del sector privado trabajan en centros de menso de diez trabajadores).