El juez Moreiras renuncia a investigar el "caso Enatcar" y lo envía a un juzgado de Madrid
El magistrado considera que de lo actuado se desprende la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometidos en la ciudad de Madrid.
La empresa estatal Enatcar fue obligada a privatizar algunas líneas obligada por ley, y un empresario del sector, Cecilio Cereceda, tuvo que dar a UGT 20 millones de pesetas, que entregó a Paulino Barrabés, entonces tesorero del sindicato, para poder comprar una línea, según declaró al juez el propio Cereceda. El dinero, según el magistrado, se ingreso en una cuenta de UGT de la que eran titulares Nicolás Redondo (secretario general del sindicato), Sebastián Reina (responsable de finanzas) y el propio Barrabés.
Además, según el juez, Enatcar pagó 17 millones a Fundescop, fundación de UGT que preside Barrabés, en pago de un supuesto informe, que parece nadie parece haber encargado ni fue recibido en Enatcar ni aparece en sus archivos.
El magistrado describe en su auto una tercera operación irregular, la venta de un autocar de Enatcar a UGT por 1,3 millones de pesetas tras haberle hecho unas reformas que costaron 10 millones y pagó la empresa pública para adaptarlo a las necesidades del sindicato.
"Cinco Días" 6/4/1994