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Basta con escarbar con la uña sobre el barniz protector de cualquier asociación empresarial, sindical e incluso política para que surja un pequeño o gran cúmulo de irregularidades -según los casos- en torno al destino de los fondos para formación profesional ocupacional.

En una investigación llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aparecen irregularidades detectadas en la patronal autonómica Cierval y otras aparecidas con anterioridad en el sindicato UGT. Este sindicato llegaba a pasar facturas por el alquiler de locales de su misma propiedad para la realización de cursos. Fuentes de UGT han reconocido a este periódico que ésta y otras prácticas son habituales entre las organizaciones de todo tipo que reciben fondos. Y como muestra de ello ahí están la condonación de la deuda de UGT, de más de 100 millones, por parte del conseller Sanmartin

"Cinco Días" 14/2/1994
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