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El hombre, de 36 años, sufrió un accidente laboral en el 2007 por el que perdió el 33% de movilidad de su pierna izquierda

ELCHE. Hace cuatro años, José Manuel Martínez, vecino de Rafal, se rompió el tendón de Aquiles de su pie izquierdo cuando subía a su camión. Asegura que, por este accidente laboral, «la empresa me despidió improcedentemente». Acudió entonces a pedir ayuda a CCOO, sindicato al que, según defiende José Manuel, «llevaba pagando durante cinco años».

El caso contra su empresa no siguió adelante, y José Manuel continuó, mientras cobraba el paro, con el proceso de rehabilitación. La mutua le dio de alta aunque le especificó que había perdido un 33% de movilidad de su pierna izquierda. Entonces, Martínez decidió ir a un proceso judicial, y volvió a pedir la ayuda de los abogados de CCOO.

El juicio no fue satisfactorio para sus pretensiones. No solo porque perdió la posibilidad de que se le reconociera esta discapacidad, sino también porque inició una deuda que ahora le ha dejado, según sus palabras, «en la más absoluta miseria». A sus 36 años, Martínez lleva en el paro desde aquel accidente laboral. «Ahora se me ha acabado la prestación de desempleo, la ayuda familiar y solo me queda una prestación para parados de larga duración que no llega a 400 euros», explica José Manuel. «Pero lo peor es que me han embargado esta ayuda por una deuda de 400 euros con CCOO por los gastos de abogado », añade. Martínez sostiene que él pagaba sus cuotas al sindicato, por lo que no debía de abonar ningún añadido por los servicios prestados. Sin embargo, CC OO alega que José Manuel llevaba arrastrando varios impagos, y que por eso se le cobró los servicios del abogado.

«Este hombre firmó un contrato de honorarios en el que ponía el importe del abogado», explicó Pascual Pascual, secretario general del sindicato en el Vinalopó y la Vega Baja. Sin embargo, José Manuel asegura que él no sabía lo que firmaba, y que estaba convencido de que el abogado le entraba como servicio del sindicato por las cuotas que llevaba pagando desde hacía cinco años.

«Yo no es que no quiera pagar, si pudiera lo haría, pero es que si pago esta deuda no puedo darle de comer a mis tres hijos», se lamentaba ayer.

«Solo quiero que el sindicato, que dice estar de parte de los parados, entienda mi situación, que si pago no puedo darle de comer a mi familia», añadió el afectado, que ayer se trasladó desde Rafal hasta Elche para mantener una reunión con Pascual.

De la sede de CCOO se marchó al juzgado «porque no me han dado ninguna solución». El siguiente paso de Martínez será denunciar al sindicato porque «no me pueden embargar una ayuda estatal».

"Las Provincias" 24/09/2011

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