CCOO de Andalucía ha comunicado el despido a 10 empleados nada más cumplirse el plazo -de dos años- durante el que se comprometió a no rescindir más contratos tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que afectó a 85 trabajadores en 2013 y la reducción de sueldo aplicada a toda la plantilla. Las indemnizaciones económicas ofrecidas se acercan bastante a las que prevé la reforma laboral, contra la que el sindicato se ha movilizado enérgicamente en la calle.
En esta ocasión, CCOO ha huido del despido colectivo y ha tramitado las nuevas bajas como despidos objetivos individuales, amparándose en el hecho de que el número de afectados no supera el 10 por ciento de la plantilla total.
Los despedidos pertenecen íntegramente a la asesoría jurídica, desempeñaban su trabajo en seis provincias -todas menos Huelva y Almería- y ejercían como abogado, graduado social o administrativo. Las bajas causarán efecto el próximo 1 de septiembre.
Se da la circunstancia de que algunos de los trabajadores despedidos ahora tienen interpuestas reclamaciones contra la modificación sustancial de las condiciones que incluía el acuerdo firmado el 28 de junio de 2013 entre la dirección del sindicato y ocho de los 12 miembros que constituían la representación de los trabajadores en la comisión de negociadora.
¿Despidos nulos?
A juicio de Catalina Montabes, delegada de personal de la Unión Provincial de CCOO en Granada y miembro del comité intercentros, ello «atenta contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» y abre la puerta a que los afectados puedan pedir en los tribunales la nulidad de sus despidos, toda vez que ya sufrieron el ajuste anterior.
Según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía, entre los afectados también se encuentra una graduada social de Jaén que ha ganado un macropleito de despido a la empresa Imesapi -filial de ACS- que ha supuesto un millón de euros en indemnizaciones.
El sindicato puso en marcha en 2013 un plan de viabilidad debido a la crítica situación económica que atravesaba, derivada del desplome de los ingresos por cuotas de afiliados y de los impagos de las subvenciones ya otorgadas por la Junta de Andalucía. La organización llegó a reconocer en sus memorias de cuentas que, de tratarse de una entidad mercantil, «estaríamos en situación de concurso» de acreedores.
En ese contexto, CCOO adoptó tres medidas. Pactó un ERE con 85 extinciones de contrato -71 incentivadas y 14 forzosas-, aplicó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por el que redujo el 23 por ciento de la jornada y el salario e impuso un recorte de sueldo del 16,4 por ciento a jefes de departamento, abogados y graduados sociales. El sindicato cifró en 3,3 millones el coste de las indemnizaciones, lo que le obligó a pedir un préstamo a devolver en nueve años.
CCOO ha comunicado los nuevos despidos después de que el pasado 17 de julio se cumpliera el plazo durante el que se había comprometido a no poner más medidas de ajuste encima de la mesa. Según representantes de los trabajadores, 10 personas causarán baja y otras dos verán reducidos su jornada y salario al 50 por ciento.
Al margen de las subvenciones y de la recaudación por cuotas de afiliados, la asesoría jurídica supone una de las principales vías de ingresos para el sindicato. En 2014, CCOO registró 1.678.545,43 euros, una cifra ligeramente superior a la alcanzada un año antes (1.630.868,08 euros).
Los gastos de Personal cayeron un 39,6% en 2014
CCOO-A sigue reduciendo su plantilla a pesar de que, con el ERE aplicado en 2013, ha logrado reducir de forma notable los gastos de personal. En concreto, el sindicato disminuyó esta partida el pasado año un 39,6 por ciento, tras pasar de 13.956.719,62 a 8.438.262,19 euros. Este recorte a la masa salarial permitió a la organización aminorar a más de la mitad las pérdidas. Así, en el transcurso de un año, éstas pasaron de 4.731.173,18 a 2.005.551,93 euros. A Comisiones Obreras le sigue pasando factura el descenso en la afiliación que se viene poniendo de manifiesto desde el inicio de la crisis económica. En concreto, el pasado año los ingresos por cuotas de afiliados ascendieron a 8.461.253,68 euros, un 6,4 por ciento menos que en 2013. Y éste, a su vez, ya fue inferior respecto a anualidades anteriores. A 1 de enero de este año, el sindicato tenía deudas a largo plazo por un montante de 1.725.478,39 euros, de los que 1.719.917,26 correspondían a créditos con entidades financieras. A corto plazo, las deudas ascendían a 19.976.833 euros, mientras que a empresas y entidades del grupo le adeudaba otros 6.542.467,11. Sus fondos propios se situaban en 7.902.086,27 euros.