La colosal ruina en la que actualmente se ve inmerso el capitalismo a escala internacional (inevitables por otro lado), provocada por la sobreproducción relativa y sus inevitables corolarios de quiebras bancarias y colapso de la actividad productiva en todos los sectores de la economía, impone como una necesidad inherente al sistema, descargar sobre las espaldas de los trabajadores (“apretémonos todos el cinturón” nos dicen hipócritamente con inusitada desvergüenza; ó “tiremos todos del carro”, carro en el seguirán subidos siempre los mismos), con independencia del carácter público o privado de su patrón, la crisis económica por medio de un ataque devastador que degrade al máximo las ya de por sí deplorables, condiciones de vida y trabajo, en salarios, jornada de trabajo, pensiones, servicios sanitarios y educativos etc. Esta es la clásica receta con la que se intenta tapar a la desesperada los descomunales socavones negros de la banca y de las empresas.

Ningún trabajador es ajeno a este demoledor ataque contra nuestras condiciones de vida.

Los trabajadores estatales no estamos de ningún modo a salvo de la inminente avalancha de medidas antiobreras que se avecinan. Si alguien cree que su condición de “docto y probo” condición de funcionario de carrera, servidor de la patria y del Estado con puesto fijo para toda la vida es un seguro de vida para los avatares que se avecinan, comete un error fatal. Ahí tenemos los ejemplos de California, donde su peliculero gobernador-terminator ha mandado a casa dos días al mes, sin cobrar, por supuesto, a todos los funcionarios públicos. Cuando llegue el momento, se caldeará el ambiente, se encizañará a eso que llaman la opinión pública para que se meta en cintura a estos supuestos “privilegiados y caraduras que trabajan poco y cobran demasiado”, además de tener un trabajo fijo, ¡lo que es el colmo! Ya lo dijo Esperanza Aguirre “ ¡Qué es eso de un trabajo para toda la vida!" Cualquiera que en los últimos tiempos haya oído y leído los rebuznos y exabruptos de los intoxicadores de la jauría mediática de la burguesía que se expresan como perros de presa, con un desparpajo y desvergüenza cada vez mayor en prensa, radio y TV, advertirá que el zafarrancho contra los funcionarios acaba de comenzar y, por supuesto, no va a parar, a no ser que los trabajadores nos organicemos y plantemos cara.

La crisis y sus voceros burgueses reclaman aplicar sobre los trabajadores del mal llamado sector público dos tipos de medidas. En primer lugar un drástico endurecimiento de las condiciones de trabajo: despidos masivos -de momento de los eventuales e interinos-, después ya se verá quien es el próximo en desfilar, prolongación de la jornada laboral, congelación y reducción de salarios, aumento de días lectivos, etc. Ya se está difundiendo por boca de ministros y sectores reaccionarios como la CONCAPA que se están contemplando algunas de estas medidas, por lo que su aplicación puede ser inmediata. En segundo lugar, el hundimiento o caída en picado de los sectores clásicos -construcción, obras públicas- en los que los grandes grupos capitalistas del Estado español obtenían sus fabulosas ganancias, fuerza a un desembarco masivo de estos mismos grupos capitalistas en los servicios públicos, con la gestión directa del presupuesto facilitado con la más infinita de las generosidades por la administración estatal, pues esta y no otra, es la esencia del Estado capitalista: servir de colchón de seguridad y alcahuete de los negocios. ¡A esto se reduce el presuntuoso liberalismo del que tanto alardean los Aguirre y compañía, ¡a vivir a costa del presupuesto!, mientras en el summum de la desfachatez se ataca a los parados como ¡gorrones impresentables! Pero este tipo de medidas es una urgente necesidad para el capitalismo, con independencia de los grupos políticos que en un momento puntual lo gestionen y los tiempos no están, por cierto, para delicadezas. La privatización de los servicios públicos, ya en marcha y muy adelantada en educación y sanidad, se profundizará y acentuará porque, sencillamente, aquí está el negocio, tanto para los gigantes capitalistas como para los liliputienses de la pequeña burguesía. Ahí está el reciente decreto de guarderías que habilita a cualquiera y a cualquier cuchitril infecto para amontonar a los hijos de los trabajadores como ganado aborregado, y últimamente se han descolgado obligando a pagar las guarderías públicas a aquellas familias en paro o con sueldos de miseria (antes estaban exentas) y todo, según la señora Consejera de Educación, porque la gente “no aprecia lo gratuito”, tendremos entonces que pagar por ser atendidos en los centros sanitarios, por matricular a nuestros hijos en un colegio, ... ¡para apreciar lo que antes era gratuito!: Absolutamente grotesco. La privatización de la sanidad madrileña, legalizada con el apoyo de PSOE y PP a través de la Ley 15/97 “de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad” señala el camino abierto por el que avanzará también la privatización de otros sectores públicos como la Educación.

Ante este ataque, los trabajadores no nos podemos cruzar de brazos, agachar la cabeza resignados y fiarnos al sálvese quien pueda. Es vital un sindicalismo de clase, no subvencionado por el patrón ni por su Estado que plante cara a la patronal estatal o privada y luche con uñas y dientes, pero con una bandera y unas reivindicaciones clasistas que merezcan la pena, que a su vez rompa todas las barreras que dividen y enfrentan a los trabajadores entre públicos y privados, eventuales y fijos, e ntre una maraña de categorías profesionales. Un sindicalismo que no tiene nada que ver con el que ¿practican? esas organizaciones pseudosindicales, en realidad, simples empresas de servicios, -CCOO, UGT, ANPE, CSIF, STEM-, generosamente subvencionados por el Estado y la patronal, a los que en pura lógica no pueden no ya morder, sino ni si quiera ladrar lastimosamente, y que a la hora de la verdad se sientan a firmar todos los acuerdos posibles. Ahí los tenemos, solicitando por medio de firmas y concentraciones que los empleados de la Comunidad de Madrid sean atendidos por médicos y clínicas privadas por medio de la UPAM –mutua encargada de realizar listas negras de aquellos trabajadores que se dan de baja-, en lugar de defender y potenciar la sanidad pública, estatal y universal (y luego hipócrita e indecentemente “critican” que la Señora Esperanza Aguirre privatice la Sanidad Pública); organizando maniobras de distracción y entretenimiento de los trabajadores, con acciones puramente rituales de cara a la g alería, inocuas e inofensivas que queman y desmoralizan a los trabajadores con el efecto deseado de desmovilizarles. Organizan cuidadosamente la desorganización, con la ceremonia de la más absoluta confusión, con reivindicaciones que no son sino lemas y eslóganes vacíos de contenido; ¿que significan, cómo se interpretan reivindicaciones tan vagas, ambiguas y etéreas que no alcanzan la categoría de un mal lema publicitario y que no comprometen a nada, como la muy manida reclamación de “Por la dignidad del docente”?, ó “Por la negociación”: pero si las condiciones en que nos encontramos los trabajadores al servicio de la Administración pública vienen dadas por los acuerdos negociados por el sindicalismo subvencionado con la Administración, acuerdos que no cambian en nada la situación material, eso sí entretienen al personal una barbaridad; por poner algunos ejemplos. Estas reivindicaciones son llevadas a cabo con manifestaciones/concentraciones/huelgas aisladas y rutinarias que equivalen a procesiones de suplicantes folclórico-festivas en las que poco más que se ruega al patrón que ejerza su bondad y generosidad. Y a la hora de la verdad todo se despacha con la firma continua y repetida de todos los acuerdos posibles con la administración patronal para garantizar la muy SACROSANTA “PAZ SOCIAL”.

Frente a este sindicalismo espurio y falsario, desde Solidaridad y Unidad de los Trabajadores proponemos unas reivindicaciones mínimas e irrenunciables que pasan por:

• Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100% de la base reguladora.
• Interinos y eventuales a fijos sin someterse a la tortura del proceso de oposiciones
• Máximo de 15 alumnos por aula.
• No más de 20 periodos semanales de permanencia en el centro.
• Supresión de los conciertos educativos y de cualquier elemento de gestión privada.

ORGANÍZATE EN EL SINDICATO DE CLASE

¡¡Todo el dinero de los presupuestos del Estado burgués para la enseñanza estatal!! ¡¡Sólo así podremos defender y financiar la llamada enseñanza pública evitando que se la engulla la privada!!

25 de marzo de 2009