El director del Instituto de Educación Secundaria Juan Carlos I, en Ciempozuelos (Mariano Ayarzagüena Sanz) y su equipo directivo amenazó a varios profesores del centro con denunciarlos a Inspección Educativa si no se avenían a realizar labores de grabación de datos de los resultados de las pruebas CDI de 2º de ESO del curso 2009/2010.
Estas pruebas se pasan, en el nivel de secundaria, en 2º ESO y 3º ESO. Pero, en la Comunidad de Madrid, mientras que la aplicación y corrección de las pruebas de 3º ESO (de competencia autonómica) son voluntarias y remuneradas para los profesores, las de 2º ESO (de competencia estatal) ni están remuneradas ni se fija quiénes son los responsables de su aplicación.
Aunque las pruebas CDI de 2º ESO vienen con un día y un horario fijados para pasarlas en todo el territorio estatal, en el IES Juan Carlos I, por un "olvido" del Director, se pasaron varios días después, cuando el solucionario de las mismas ya había sido hecho público.
A pesar de que ninguna de las instrucciones dictadas por la Administración conferían al Director la potestad de decidir qué trabajadores debían hacerse cargo de la grabación de datos resultado de las respuestas de los estudiantes, Mariano Ayarzagüena trató de imponer a varios trabajadores del centro esta labor. Cuando los profesores afectados pidieron explicaciones de por qué se les trataba de imponer precisamente a ellos esta tarea, el equipo directivo del centro, según relatan los trabajadores afectados, pasaron a amenazarles con denunciarles a la Inspección Educativa si continuaban presentando reticencias a obedecer sus órdenes. La tarea que se les trataba de imponer constituía, de hecho, la realización de horas extras no remuneradas más allá de las funciones laborales y docentes de competencia de los profesores (como demuestra que, de hecho, la misma tarea pero para 3º ESO sea voluntaria y remunerada, como lo son otras: corrección de selectividad, etc.). Esta amenaza era especialmente grave para los trabajadores eventuales, interinos, que estaban en vísperas de las oposiciones de secundaria y que veían, por tanto, injustamente amenazada su participación en el mismo, lo que constituía, de hecho, una amenaza de despido.
Las pruebas CDI (de Conocimientos y Destrezas Instrumentales) se supone que son pruebas "objetivas" que miden la adquisición de conocimientos y destrezas en los ámbitos de matemáticas y lengua castellana. En la práctica, dichas pruebas no son más que unos cuestionarios tipo test que dejan fuera de evaluación cualquier aspecto de tipo social y económico de los estudiantes, sus familias y las poblaciones. De este modo, pretende igualar "objetivamente" tanto los resultados obtenidos por centros estatales, subvencionados y privados, como de las zonas geográficas donde se acumulan los hijos de los trabajadores, inmigrantes o no, con aquellas donde abundan los hijos de la pequeña, mediana o gran burguesía. Como resultado, ofrecen datos supuestamente cuantitativos y "objetivos" respecto de la "calidad" de la enseñanza que a la vez que camuflan las desigualdades sociales realmente existentes, cargan las tintas meritocráticamente sobre la responsabilidad individual de los estudiantes, sus familias, sus entornos sociales, los centros y los trabajadores de la educación. Finalmente, estos datos son convenientemente filtrados en la prensa para mostrar cómo los centros subvencionados y privados adelantan a los estatales, de modo que sirvan como acicate para la privatización de la educación estatal.
SUT se personó en el centro en dos ocasiones e informó a la Territorial Sur de la situación (véase el escrito adjunto). A resultas de esta actuación, el equipo directivo depuso su actitud, cesaron las amenazas y los trabajadores afectados no se vieron obligados a realizar esta tarea.
En cualquier caso, toda la actitud y actuaciones del Director, Mariano Ayazargüena, y de su equipo directivo, denotan, como venimos denunciando, que los equipos directivos de los centros se van convirtiendo en meros "capataces de obra", en meras correas de transmisión de las medidas antiobreras y privatizadoras de la Administración. Sin lugar a dudas, esta función represora de los equipos directivos, remunerados ya con jugosos pluses de productividad y con mayores atribuciones de capatazgo, va a ser reforzada inmediatamente por la Administración.
Ante estas situaciones no nos queda más que la organización y la respuesta ante cada una de las agresiones.
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