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La lista de atropellos perpetrados por el director del IES Juan Carlos I (Ciempozuelos), Mariano Ayarzagüena Sanz, se alarga año tras año. Entre otros, a las amenazas para que los trabajadores realicen funciones que no les competen ahora se suma la eliminación arbitraria, unilateral e ilícita del derecho de determinados profesores a reducción de horario lectivo por ser mayor de 55 años, o una interpretación tan draconiana del mismo que hace absurda su aplicación.

El misérrimo derecho de reducción de dos o tres horas lectivas para los profesores mayores de 55 años supone el reconocimiento de la necesidad de estos trabajadores de aligerar su carga laboral por motivo de su edad. Pero esto no evita que el director del IES Juan Carlos I aplique este derecho de manera que impida una disminución efectiva de la carga laboral o se atribuya la capacidad de no reconocerlo en absoluto. Así, por ejemplo, en un caso, ha aplicado una reducción de horario lectivo de dos horas (de 20 a 18 horas lectivas), pero compensándolo con cinco guardias (lo que no solo es ilícito, sino que todo el profesorado sabe que una hora de guardia desgasta más que una de clase). ¡Valiente reducción horaria! En el caso de otra trabajadora, Mariano Ayarzagüena y María Jesús Alonso Del Riego (jefa de estudios) trataron de condicionar la aplicación de la reducción de horario lectivo a que la profesora aceptara que se fusionaban dos grupos de bachillerato solo para ella hasta llegar a los ¡45 alumnos! Cuando la profesora se negó a semejante tropelía simplemente le han negado su derecho a reducción de horas lectivas y le han adjudicado tres guardias (cuando la inmensa mayoría de sus compañeros solo hacen una o dos). ¡Esta es la función de estos grandes directivos a los que Lucía Figar subió el sueldo “para que estén allí los mejores”! ¡Los mejores en no tener escrúpulos, los mejores en llevárselo crudo y hacer carrera profesional a expensas del trabajo y los derechos de los demás, los mejores en chasquear el látigo y cumplir las órdenes incluso antes de que se las den y con mayor severidad que el propio amo! Evidentemente, no basta con dar una orden para que esta se cumpla, ni decretar un recorte para que este se aplique. Son necesarios los brazos ejecutores de estas medidas, centro a centro, horario a horario, derecho a derecho, trabajador por trabajador. Y esa es una de las funciones primordiales de estos "excelentes" equipos directivos.

En plena crisis capitalista de sobreproducción, los capitales que han tenido que abandonar sus tradicionales sectores en ruinas están ávidos por entrar en la enseñanza, la sanidad, etc. De ahí la absoluta necesidad de acelerar un proceso de privatización de la enseñanza y la sanidad que permita a los capitales apropiarse de estos jugosos sectores al tiempo que se adelgazan los gastos globales del trabajo (la sanidad para los trabajadores, la educación para ellos y sus hijos, y también el transporte, el paro, las jubilaciones...). Este camino privatizador venía allanándose tiempo atrás con distintas medidas tomadas por gobiernos de toda laya: no cubrir la mayor parte de las jubilaciones, aumentar la precarización de los trabajadores de la enseñanza, las congelaciones y reducciones salariales, el progresivo aumento de días y horas lectivas y el nombramiento a dedo de directores y su soborno descarado para que cumplan con su función esencial de capatazgo. Se trata, por supuesto, de que las condiciones laborales y la masa salarial global de la educación y la sanidad estatal se vayan acercando (ya tan rápidamente como sea posible) a las de la empresa privada como paso previo necesario a que estos sectores se vendan en condiciones aceptables para los capitales privados. Obviamente, para la ejecución de todas las medidas necesarias en contra de los trabajadores es necesario un cuerpo de equipos directivos de una firmeza y lealtad hacia la empresa inquebrantables (y quien no valga para esta función, sencillamente será depuesto, expedientado, etc.). Por ello, las asociaciones patronales de directores de instituto ADIMAD y FEDADI, llevan años reclamando la "profesionalización de la función directiva", es decir, su completa conversión en gestores privados del presupuesto público. Esta "profesionalización" no es ni más ni menos que otra de las medidas necesarias para introducir la productividad en los centros escolares, la gestión privada y allanar el camino a la privatización completa y final. Y la punta de lanza de esta ofensiva se hace de la manera más hábil: en nombre de la "calidad de la pública". Bajo esta máxima, en Cataluña, el tripartito (IU/ICV, ERC, PSOE) aprobó una ley que confería a los directores capacidades de gestión privada (incluyendo de contratación y despido de parte del personal, también profesores). Usando el mismo engaño y bajo la misma divisa, Mariano Ayarzagüena se pasea por el centro portando consignas vacías de contenido (“Educación de todos para todos”), que no le comprometen a ningún compañerismo ni defensa de las condiciones laborales de los trabajadores (muy al contrario, ya comprobamos cómo actúa realmente). El suyo es un buen ejemplo de lo que hay por debajo de esta somera capa de pintura verde y de este falaz discurso de de defensa de la público: la defensa de los intereses de la empresa. En estas posiciones están todos los defensores del sistema: todo el circo parlamentario, el sindicalismo subvencionado en sus múltiples manifestaciones, los directores de lealtad bien retribuida, los aspirantes a cargo de cada centro y unos cuantos tontos útiles. Juzgar esto es fácil: quien no quiera ver qué se oculta tras estos comportamientos o es corto de vista o largo de mala fe.

Digan lo que digan, se vistan de verde o de negro, son los equipos directivos los necesarios ejecutores de todas las medidas contra los trabajadores; son ellos quienes aplicaron el año pasado el aumento de horas lectivas de tutores y jefes de departamento que puso en la calle a miles de interinos; son ellos los que tienen que hacer funcionar los centros pese a los presentes recortes (así lo reconocen una y otra vez) y serán ellos los que en el futuro apliquen el alargamiento de la jornada laboral y los despidos.

Frente a estas agresiones a los trabajadores solo nos queda una solución. El retorno al sindicalismo de clase, el compañerismo a ultranza, la defensa intransigente del puesto de trabajo y de los derechos laborales que aún no nos han arrebatado. ¡Que cada agresión a un compañero sea respondida como lo que es: una agresión contra todos! Solo así podemos empezar a preparar una organización que pueda parar los presentes y futuros ataques y revertir la situación. ¡Hay que impedir que los recortes se apliquen centro a centro! ¡Que estos profesionales del látigo, del sálvase quien pueda y del carrerismo profesional sepan que no les vamos a pasar ni una!

¡Acude al sindicato de clase y organízate!

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