Compañeros: el equipo directivo de este centro lleva tres años impidiendo el raquítico derecho de los trabajadores docentes de votar la Programación General Anual (PGA), a pesar de que “sus leyes” son claras y tajantes al respecto: los profesores deciden sobre todos los aspectos educativos del centro, que deben concretarse en la PGA. El Equipo Directivo del IES José Saramago no solo ha impedido la votación de la PGA cuando algunos trabajadores se lo han exigido con los irrebatibles textos legales en la mano, sino que han llegado al extremo de amenazar con una sanción a una compañera por supuestamente no cumplir con un plan de trabajo al que, según ellos, estaba obligada, por estar en la misma PGA que ellos impedían que se aprobara. Y con todo cinismo, han asegurado que el servicio de inspección avalaba sus planteamientos. La propia Jefa de Inspección de la DAT Este, sin embargo, ha negado por escrito tal extremo y les ha obligado a pasar a votación la PGA, advirtiéndoles que inspeccionará sus futuras actas (vedlo en el documento adjunto). Ante una situación de este tipo, debéis preguntaros: ¿a qué se debía este empeño en impedir que se votara la PGA? Se debe a que los planes de trabajo solo son obligatorios si están aprobados en la PGA, por lo que un grupo de trabajadores del centro se han ido organizando para pedir que se retiren determinados planes que solo servían para aumentar la carga laboral de los docentes y la presión sobre los alumnos y sus familias. Hay que recordar que en los últimos años se han perdido en torno a 80.000 puestos de trabajo en el sector educativo estatal, lo que supone que muchos de nuestros compañeros interinos se han visto en la calle (y muchos de los que aún trabajan se ven obligados a coger los más difíciles puestos “voluntarios” o jornadas reducidas, todo ello a cambio del premio de no cobrar el verano), que otros compañeros han salido y están saliendo desplazados de sus centros, que se precariza la situación de los docentes en expectativa, que los compañeros con más de 55 años ven eliminado su raquítico derecho a reducir dos o tres horas su horario lectivo y que a todos los que trabajan les han aumentado las horas lectivas, la ratio de alumnos por aula y el número total de chavales a los que dan clase cada uno. Supone también que los centros se atestan de chavales a cargo de cada vez menos adultos, lo que dificulta la convivencia y aumenta las tensiones, a veces con consecuencias tan trágicas como la que se ha vivido recientemente el IES Ciudad de Jaén, con el suicidio de una alumna. Y, por supuesto, también significa que en muchos centros han desparecido desdobles, aulas de enlace, planes de apoyo y laboratorios de todo tipo. Dado que los docentes no son robots, estas condiciones les estresan y agotan, y más allá de toda buena voluntad, les impiden tener el mínimo de energías y tiempo para atender como desearían a sus alumnos. El empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores docentes tiene un impacto directo y material en las condiciones de convivencia y educativas de los chavales, que necesitarían clases con menos alumnos, centros menos atestados y un ambiente más relajado, con docentes descansados y receptivos, como contrapartida del agobio social en que tienen que desenvolverse. ¿No debería ser este el primer objetivo de cualquier equipo directivo? ¿No deberían, entonces, usar su cargo para oponerse activamente a los recortes, en lugar de dedicarse a aumentarlos con más carga para los docentes y más vigilancia y desconfianza hacia los trabajadores, por no hablar de la persecución a que someten a quienes se atreven a oponérseles?
En el mismo período de tiempo, los puestos de dirección, jefatura y secretaría, a diferencia de los de los trabajadores docentes, han visto aumentado sustancialmente el salario con un plus mensual que aumenta con cada alumno matriculado, al tiempo que se reducían las horas de clase que están obligados a impartir (hasta 12 horas menos, además de las que estipula el ROC, desde el año 2011). ¿Se deben estas mejoras, como dijo Lucía Figar con motivo de la “significativa subida media de 330€ mensuales para los directores en una época de crisis presupuestaria”, a que “hay que prestigiar esa labor porque la carga de trabajo y la responsabilidad de un director está a años luz de la tarea del resto de docentes” (Europa Press, 27/11/2009)? ¿No es el trabajo REAL de un centro educativo el que hacen sus trabajadores: atender y enseñar a los chavales, algo de lo que están muy lejos estos señores con sus 4-6 horitas de clase semanales? ¿Cuál es esa responsabilidad que se ve tan sustancialmente gratificada a la vez que se golpea duramente las condiciones de los trabajadores? Los propios directores, a través de su asociación mayoritaria ADIMAD-FEDADI, nos dan una pista en un documento en que piden, nada menos, que les den a los directores las competencias de “supervisión de la práctica docente, pudiendo entrar en las clases”, “ejercer la potestad disciplinaria en relación con todo el personal adscrito al centro, con capacidad de sancionar las faltas leves (apercibimiento o deducción de haberes) y la de proponer la apertura de expedientes disciplinarios”, “la imposición de faltas leves debe ser una competencia del Director (…) no existe indefensión y sí la ejemplaridad de la inmediatez de la sanción, además de reforzar la figura del Director como Jefe de personal”, “cuando un profesor interino no demuestre la cualificación necesaria [¿y quién determina esto? ¡el Director!], a instancias del Director, y con la intervención del SIE, pueda ser expulsado de las listas de contratación”, y “la evaluación del personal del centro [por parte del Director] debe tener consecuencias en su carrera profesional” (Propuestas y consideraciones sobre el ROC, Adimad; Aportaciones desde Fedadi al pacto educativo). He aquí toda una serie de responsabilidades que, ¡qué duda cabe!, deben “prestigiarse” pues están “a años luz de la carga laboral del resto de los docentes”: la responsabilidad de ser correa de transmisión de los planteamientos de la patronal y de mantener a raya a los trabajadores mientras se realiza una reducción de los gastos globales salariales en la educación estatal, enviando al paro a decenas de miles de interinos al destruir sus puestos de trabajo, cuya carga asume el resto de trabajadores activos. Ni más ni menos que lo que ocurre en miles de empresas, públicas y privadas, a lo largo y ancho del Estado. Este el caso general y, desde luego, es el caso del equipo directivo del IES José Saramago, que lleva años participando voluntariamente en un plan de evaluación de la función directiva, obteniendo muy buenos resultados en la “gestión y optimización de los recursos humanos”: “Ello implica que los equipos directivos evaluados cumplen y superan las especificaciones normativas establecidas. Así, no solo asignan los diferentes tipos de horas y la confección de los grupos de alumnos ajustándose a la normativa, sino que en muchas ocasiones la superan (por ejemplo, en los IES el curso 2010/11, buena parte del profesorado tenía asignadas más de 18 horas lectivas) para potenciar las estrategias del centro” (Rasgos fundamentales de la acción directiva detectados en la evaluación, Plan General de la Inspección Educativa, Plan preferente 3.2.d, pág. 16). No olvidemos que, con evaluación positiva en unos cuantos años, los directores ven su plus mensual consolidado (lo siguen cobrando incluso cuando dejan el cargo).
Lo anterior explica también la prepotencia con que se han conducido unos individuos que llevan décadas en estos cargos, al sentir que se cuestionaban sus planes y su autoridad, en definitiva, su función de correa de transmisión y sus particulares privilegios laborales. Aunque el asunto en sí pudiera parecer nimio, han llevado al paroxismo sus posiciones pro-patronales interpretando la LOMCE de la manera más ultramontana y han llegado a escribir una carta a SUT para tratar de desprestigiar y aislar a la compañera a la que se habían dedicado a perseguir. Es indudable que el cinismo y la soberbia de este tipo de personajes, auténticos profesionales del engaño político y laboral, no van a tener más límite que el que los trabajadores organizados logren imponerles. Obviamente, SUT estará siempre al lado de los compañeros que deciden denunciar los abusos que sufren y organizarse para combatirlos, y siempre les dará apoyo de todo tipo.
Compañeros, que Inspección se haya visto obligada a forzar a que el equipo directivo permita la votación de la PGA, a la vista de vuestra fuerza organizada, es una prueba del camino a seguir en todo momento. Os invitamos a romper con el timo ideológico del “todo es por el bien de los niños”, a romper con la impotencia individualista y el derrotismo del “no se puede hacer nada” que predican todos los semiliberados de los equipos directivos y los aparatos de liberados del sindicalismo subvencionado. Practicando el compañerismo a ultranza y la solidaridad más allá de los estrechos límites corporativos del sector, el centro o el departamento, sois una fuerza capaz de ir plantando cara a las situaciones cotidianas, con la vista puesta en paralizar y revertir los ataques que venís sufriendo como trabajadores. Os invitamos a conocer, a través de su web y sus escritos, la línea sindical de “Solidaridad y Unidad de los Trabajadores”, el sindicato de clase que no acepta ni subvenciones ni ayudas patrimoniales del Estado y la patronal y que, por estatuto, no tiene liberados. Y por supuesto os invitamos a que nos ayudéis a organizar el sindicato para ir preparando la lucha futura por reivindicaciones como estas, para combatir el paro y recuperar los puestos de trabajo perdidos:
* Todos los eventuales e interinos a fijos de plantilla. Todos las subcontratas fuera: todos los trabajadores a fijos de la empresa principal (la Comunidad de Madrid en este caso).
* 15 alumnos por aula en las clase normales.
* Máximo de 18 periodos lectivos y 25 de permanencia en el centro.
* Jubilación a los 55 años con el 100% del salario.
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