El gobierno de PSOE-Unidas Podemos (con sus ministros del PCE) ha pactado recientemente con las patronales CEOE y CEPYME, y las empresas de servicios sindicales CCOO y UGT una nueva reforma de la legislación laboral.

Esta reforma ha sido aprobada por la vía del Real Decreto-Ley y es ya vigente desde finales de 2021, y tanto si se convalida directamente como si se tramita de nuevo como proyecto de ley, su contenido final terminará siendo esencialmente el mismo.

Como clase obrera, ante la desorganización imperante, nos vemos obligados a recurrir más a menudo de lo que quisiéramos a la justicia burguesa en nuestros enfrentamientos diarios con el capital. Por ello, es importante que conozcamos las condiciones en las que debemos movernos en este contexto y las trampas que la burguesía nos tiene preparadas. También, es importante desmentir el mensaje lanzado desde el propio gobierno, los partidos parlamentarios y las empresas de servicios sindicales, de que se trate supuestamente de la derogación de la reforma de 2012.

Nada más lejos de la realidad. Esta nueva reforma no deroga los puntos principales de las reformas previas ni mucho menos supone una mejora en las condiciones laborales. El mero hecho de que la propia patronal haya estado de acuerdo en esta reforma debería hacer fruncir el ceño a cualquier trabajador. Igual que el hecho de que la aprobación de esta reforma, junto con la de estabilización de los empleados públicos temporales, haya sido la premisa para que la Comisión Europea haya desencallado la primera parte de las ayudas europeas del “Plan de Recuperación”. Algo que, por otro lado, nos permite constatar una vez más que el verdadero estado es el europeo, que tiene una moneda, unos pesos y medidas, una frontera y un mercado común, y que es el que impone la legislación tanto por esta vía como a través del TJUE.

¿Por qué aprueban esta reforma ahora?

La UE viene exigiendo desde hace tiempo una serie de reformas en el marco jurídico español (y de otros estados) con el objetivo de fondo de poder aumentar la plusvalía extraída al conjunto de la clase obrera y de reducir el gasto social improductivo. Para lograrlo necesitan generar en la clase obrera una ilusión de estabilidad. La temporalidad le va muy bien a la Patronal para que no se echen raíces en los centros de trabajo y se dificulte la organización sindical. Pero también produce un ambiente de descontrol e inseguridad para la burguesía que controla mejor desde una apariencia de estabilidad. A esta operación de maquillaje está dedicada esta reforma laboral. También tienen el objetivo de aumentar la edad en la que los miembros de la clase obrera accedemos a la jubilación (si llegamos vivos), o cuanto menos reducir sustancialmente las cuantías de las pensiones si pretendemos llegar antes. La reforma laboral en cuestión cubre la primera parte, la siguiente remesa de fondos europeos llegará cuando se apruebe la segunda, es decir, la reforma de las pensiones.

La crisis capitalista se profundiza y las mentes pensantes de la burguesía europea se dotan de mecanismos que les permitan extraer mayor jugo a su propia clase obrera, a la par que procuran defender y si pueden aumentar sus posiciones imperialistas en el resto del mundo. Los socialdemócratas en el gobierno, a la vez maestros y herederos del fascismo clásico, llevan a cabo este redoblamiento de la explotación obrera ofreciendo un espejismo de mayor estabilidad, mientras profundizan (con la excusa del covid, entre otras) en la implantación de cada vez más medidas de control social. Paralelamente, implementan también reformas para reforzar la estabilidad de quienes conforman el aparato del estado, y especialmente de su parte más directamente represiva. La burguesía europea (y la española, en todas sus versiones) está preocupada por las consecuencias de la crisis capitalista, tanto en lo que se refiere a sus ganancias como por el riesgo a nivel social que puede suponer, y todas las reformas mencionadas tienen este trasfondo.

¿Qué contiene realmente esta reforma?

Antes de entrar a exponer el contenido de la reforma, hay que poner de relieve que en ningún momento se dice NADA al respecto de aumentos de indemnizaciones por despido improcedente, ni del cobro de los salarios de tramitación en caso de improcedencia (no digamos ya de recuperar la opción de readmisión para el trabajador, eliminada previamente), dos de los hachazos más grandes que supuso la reforma de 2012 (eliminando los salarios de tramitación y pasando de indemnizaciones de 45 días, máximo 42 mensualidades, a 33 días, máximo 24 mensualidades) y que esta reforma MANTIENE. Pretender que sea una derogación de la reforma de 2012 manteniendo este hachazo es reírse de nosotros o tratarnos como a niños de teta. Como lo es pretender que se combate la temporalidad mientras se mantiene un régimen en el que el despido es prácticamente libre aunque no gratuito, pero sí baratito. Para un empresario no hay ningún problema en hacer indefinida a una plantilla si luego el coste de despedirla no es muy distinto que el de finalizarle los contratos temporales…

Entrando en lo que sí contiene podemos identificar tres grandes ejes: 1) reforma de la tipología de los contratos temporales, 2) legalización como mecanismos ordinarios de los ERTE aprobados después del primer estado de alarma (que se suponía que iban a ser temporales) y creación de lo que llaman mecanismo RED, 3) modificaciones en la ultraactividad y prioridad aplicativa de los convenios.

Modificaciones en la contratación temporal

Con la teórica pretensión de reducir las posibilidades de realizar contratación temporal por parte de los empresarios, la reforma introduce un poco de maquillaje a la regulación de la subcontratación y elimina el contrato por obra o servicio determinado (que el TS ya había eliminado casi en la totalidad de sus aplicaciones prácticas en el ámbito de la subcontratación), pero deja en pie tanto el contrato hasta ahora denominado por circunstancias de la producción como el contrato por sustitución o interinidad. Y no solo eso, se inventa nuevas “circunstancias” en las que se pueden llevar a cabo contratos no indefinidos, algunas de ellas tan deliberadamente ambiguas como las siguientes: "incremento ocasional e imprevisible", "oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere” o "situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada". Después de pretender decir que se limita la temporalidad, se mantiene la indefinición, característica de la legislación laboral, respecto a lo que deberían ser supuestamente excepciones, dejando en la práctica completa libertad a los jueces de turno para avalar las contrataciones temporales que consideren.

Y además de todas las modalidades de contratación por circunstancias y por interinidad, en la reforma se incluyen otros tipos de contratos temporales: los contratos formativos y los contratos de “activación para el empleo”. Se trata de eufemismos que esconden (o esconden más bien poco) cheques en blanco con los que la patronal puede legalmente prescindir de todas las supuestas garantías contra la temporalidad precisamente en los momentos en los que los miembros individuales de la clase obrera están en peores condiciones, y además con la pretensión de estar ayudándoles a formarse o a inserirse laboralmente… Y eso no es todo, la reforma también prevé la aprobación en el plazo de seis meses de un ¡estatuto del becario!, con el que se pueda regular la casi falta total de derechos laborales de este tipo de trabajadores asalariados.

En cuanto a las modificaciones en el contrato fijo discontinuo, más de lo mismo. De hecho, no se esconde la pretensión de redirigir una parte de la actual contratación temporal hacia el fijo discontinuo, con el objetivo de sacarlo del cómputo de los trabajadores temporales y poder vender este cambio como una reducción de la temporalidad. Las reformas operadas en el fijo discontinuo, como las anteriores, sin duda no estarán exentas de reinterpretación judicial, e igual que en su día se inventaron en el ámbito de la administración el llamado “indefinido no fijo” (que no existe en la legislación), al abrir la veda también, con esta reforma, a la contratación fija discontinua en la administración, es probable que pronto veamos nacer el trabajador “fijo discontinuo indefinido no fijo”, o cualquier otro nombre incluso más rocambolesco que se puedan llegar a inventar.

Y la reflexión anterior sobre la ambigüedad deliberada vale también para párrafos como el siguiente, en el que de forma obvia por un lado dicen una cosa, pero por el otro se guardan bien la posibilidad de poder decir lo contrario…: “Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia.”

Finalmente, no debemos olvidar la pirueta para reformar el artículo que regula la condición de indefinido por sucesión de contratos temporales (artículo 15.5 ET), que antes requería que se estuviera contratado, con dos o más contratos (incluidos los de ETT) en 24 meses dentro de 30, y que ahora contempla lo mismo para 18 meses dentro de 24, pero solo para los contratos por circunstancias de la producción. Además, con la salvaguarda, recogida en la DT5, de que para ello solo cuenten los contratos vigentes en el momento de la reforma o firmados a partir de ahora, avalando con ello implícitamente la no conversión a indefinidos de numerosas situaciones de sucesión de contratación temporal existentes.

Los ERTEs “de emergencia” también han venido “para quedarse”

Después de casi dos años de vigencia de los ERTEs (o suspensiones colectivas de contrato) “especiales” aprobados a partir del primer estado de alarma, en los que todavía siguen centenares de miles de compañeros y compañeras, la patronal y su estado no quieren volver a la situación anterior cuando la excusa del covid ya no les valga. Para ello, y una vez terminada la vigencia de los ERTEs “de emergencia” a finales de febrero, en esta reforma laboral se han encargado de introducir varias de las “mejoras” que supusieron estos ERTES “especiales” dentro de los ERTEs “normales”. Es decir, reducir plazos y simplificar pasos para la aprobación de los ERTEs, además de regular como motivo adicional para su justificación la “fuerza mayor temporal”, que entre otras cosas “podrá estar determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública.” Es decir, todo lo que el Estado quiera. En toda la reglamentación introducida en el artículo 47 ET y copiada de la reglamentación de los ERTEs “de emergencia” se establece también la misma posibilidad de afectar y desafectar a placer (“justificando” la medida y previa información a los representantes de los trabajadores y a la SS, pero no al trabajador…) y una serie de teóricas garantías de mantenimiento del empleo o prohibición de realización de horas extraordinarias que, como siempre, tienen las preceptivas excepciones por donde podérselas saltar. Sin olvidar todas las exenciones de cotizaciones a las empresas.

Y además de todas estas ventajas, la reforma laboral obsequia también a la patronal con el llamado “Mecanismo RED”, con una flexibilidad incluso mayor a la de los ERTEs “por impedimento o limitación” (también prorrogados hasta finales de febrero) y que estarían pensados para añadir a las causas “objetivas” y de supuesta fuerza mayor (en toda su amplitud) las causas vinculadas a la naturaleza cíclica de la “coyuntura macroeconómica” o de transición económica de sectores enteros. Es decir, vinculados a la crisis de sobreproducción relativa capitalista. Los tendrá que aprobar a nivel sectorial el Consejo de Ministros, y los trabajadores a los que se aplique cobrarán una nueva prestación, distinta de la del paro, creada para este fin (y sin que este periodo cotice, sin embargo, para el paro).

En este nuevo mecanismo, a los supuestos derechos (el cobro de las prestaciones que luego tardan meses en llegar) se suman (y se sumarán más conforme se vaya desplegando) los deberes, de “formarse” y eventualmente aceptar los trabajos que se tenga que aceptar, todo camuflado en la “consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”. Porque una vez más el objetivo de esta parte de la reforma no es otro que el buscar una salida a los miles de parados que el capitalismo genera, mientras se les mantiene con las prestaciones más raquíticas posibles y de paso se aprovecha para no contarlos ni siquiera como parados a nivel estadístico (tal como explicita la DA6 del texto de la reforma).

La ultraactividad y el timo de la prioridad aplicativa del convenio sectorial

El único detalle en el que esta reforma laboral puede decir que deroga la de 2012 es el del mantenimiento de la vigencia de los convenios más allá de su duración pactada (conocida como ultraactividad) y algunos detalles relativos a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales.

Respecto a la primera cuestión, en realidad, el TS ya había admitido en la práctica la extensión indefinida de la ultraactividad (entre otros en la llamada contractualización de condiciones) a pesar de que no estuviera explícitamente recogida en el ET, con lo que en este sentido la reforma laboral no hace más que recoger lo que ya era una realidad. Y evidentemente el TS no restituyó la ultraactividad de los convenios por un prurito en defensa de las condiciones de trabajo, sino porque como cerebro pensante de la burguesía española es más consciente que algunos de sus sectores del peligro social que supone dejar caer las condiciones de sectores enteros al salario mínimo y al mínimo del ET.

En cuanto a la prevalencia del convenio de empresa, aunque la reforma elimina la previsión de que el mismo prevalga sobre el sectorial en ciertos temas (como el salario), pero no en muchos otros (como el precio de las horas extras, horarios y categorías, entre otros), lo cierto es que no elimina la posibilidad de descuelgue del convenio también con relación a los salarios (artículo 82.3 ET), con lo que a nivel práctico cierra una puerta mientras mantiene abiertas todas las ventanas, sobre todo en el momento en el que quien deba negociar un descuelgue sean precisamente las empresas de servicios sindicales…

Ante los abusos de la patronal: reorganicémonos en el Sindicato de Clase

El contenido de la legislación laboral, al fin y al cabo, no es más que el reflejo tardío de la relación de fuerzas entre la clase obrera y la patronal. El hecho de que la legislación nos sea cada vez menos favorable no es más que el reflejo de nuestra desorganización. Nada de lo que la ley llegue a reflejar nos caerá del cielo o en función de los partidos parlamentarios que gobiernan nuestra explotación. Debemos imponerlo a través de la organización y la lucha por la defensa y mejora de nuestras condiciones de trabajo y de vida. Para ello necesitamos el Sindicato de Clase, sin subvenciones ni liberados y libre de cualquier sumisión al parlamentarismo.

CONTRA ESTA REFORMA LABORAL Y LAS QUE VIENEN: ¡RECUPEREMOS EL SINDICALISMO DE CLASE!

Como es conocido, después de varios meses en los que la decisión de cierre parecía estar encima de la mesa, finalmente la dirección de la empresa ha confirmado a las administraciones y los medios su intención de proceder paulatinamente al cierre de todas las plantas de Nissan en el estado español.

La crisis de sobreproducción relativa de capitales (y primero de mercancías) se nota de un modo cada vez más acuciante en numerosos sectores, y el del automóvil no es una excepción. La situación creada o generada con el covid-19 no es la causa de la crisis sino la excusa. La verdadera causa no es otra, como decimos, que la sobreproducción relativa, que la actual situación en todo caso no ha hecho más que poner de relieve.

Para entender la situación que la plantilla de Nissan vive ahora mismo debemos analizar la línea sindical que las organizaciones a la cabeza de la misma han llevado a cabo desde hace muchos años. Empezando por el final, los últimos años en Nissan se han visto sembrados de EREs y “planes de prejubilación” que se venían acordando con la representación, incluyendo o pactando paralelamente el mantenimiento de ciertas condiciones para una parte de la plantilla a cambio de la introducción paulatina de cláusulas de doble escala salarial, ya fuera con los propios trabajadores de empresa, subcontratas o ETT’s. Esto es solo un ejemplo de la política subcorporativista de empresa o incluso de fábrica que se ha vivido y que por desgracia tenemos que vivir en numerosas empresas. De ello es un ejemplo patente la conformación de organizaciones de empresa (SIGEN - USOC es el "sindicato" mayoritario en Nissan, Sindicato Independiente del Grupo de Empresas Nissan, aunque la línea en cuestión es también practicada por las demás organizaciones presentes en la empresa: CCOO, UGT, CGT) y de sector.

Una vez la empresa decide, como es el caso, cerrar el centro, no es posible oponerse a ello si no se tiene el apoyo de otros centros que la empresa no quiera cerrar (en este caso en el extranjero). Para lograr este apoyo se tiene que haber cultivado previamente y haber buscado unificar las varias necesidades de los varios centros en una lucha conjunta. Y esto en Nissan, como en muchas otras empresas, por la labor de las organizaciones "sindicales" que están a la cabeza de lo que ocurre ahora, como decimos, no se ha hecho, sino que se ha practicado todo lo contrario.

Existen otros medios para intentar oponerse al cierre o lograr mejores condiciones ante el mismo, como el bloqueo de la posibilidad de que trasladen la maquinaria o la producción almacenada, etc., pero esto también tiene una fuerza limitada si los demás centros empujan en la otra dirección, como hemos podido también vivir en otras ocasiones.

Al no haber y no haberse cultivado esta unión por encima de los centros que la empresa quiere cerrar, y como resultado de la política sindical llevada a cabo por dichas organizaciones, el único aliado contra el cierre al que las mismas son capaces de acudir es a las administraciones, que no quieren que el centro cierre para mantener los impuestos que Nissan paga aquí y para evitar cargar con los costos sociales de los despedidos. Pero las administraciones solo van a presionar si los números en este sentido les salen (es decir, si los costes sociales son mayores que las “ayudas” que tengan que dar para que la empresa no cierre), y en todo caso se deben también a sus alianzas a nivel internacional (por ejemplo, en este caso, con el estado francés), que no van a poner en cuestión para defender a la plantilla de la empresa. Además, este tipo de "alianzas" derivan a la práctica en una utilización parlamentaria del movimiento obrero que no puede ser otra cosa que la antesala del abandono de la lucha, como hemos presenciado en varios casos recientes (Panrico, Telefónica, etc.).

En todo caso, la credibilidad de lo que puedan decir las administraciones nos la da el propio presidente del gobierno, que aseguraba la continuidad de los centros de Nissan solo cuatro meses antes… En cuanto a las llamadas a la nacionalización que se hacen desde varias tendencias del oportunismo parlamentario y sindical, debemos decir que la nacionalización en un momento de crisis (que es cuando se suele dar) no es más que el sinónimo de la asunción por parte del estado de las deudas de las empresas y el coste de las reconversiones, para poder devolver posteriormente, en la medida de lo posible, los negocios saneados a la patronal. Una muestra más de la verdadera naturaleza de clase del estado, siempre al servicio de la patronal. Y por este motivo esta es la línea política que se está llevando a cabo ya en sectores estratégicos de varios países (Alemania, Francia, etc.) y la que promueven varios sectores de la patronal. Pretender vender esto como una alternativa “de izquierdas” no es más que hacerle el juego a la patronal o creerse sus mentiras interesadas. Además, la nacionalización no es ni siquiera una alternativa viable en este caso, en el momento en el que la crisis de sobreproducción impide la venta de toda la producción automovilística existente, y por ello la dirección de Nissan decide cerrar la planta.

En este sentido Nissan forma parte de un grupo de empresas conformado por ella misma y dos otras empresas automovilísticas, Renault y Mitsubishi. La lucha por el poder en este holding se ha manifestado en la detención y posterior huida de su anterior responsable máximo por parte del estado japonés, que considera a la práctica que la cuota de poder correspondiente al estado francés es más alta de la que quisiera. Este hecho es relevante a la hora de explicar también las decisiones tomadas por la empresa, incluyendo el cierre anunciado de las plantas de Nissan en el estado español, por un lado, y el mantenimiento de las plantas de Renault con inyección de dinero por parte del estado francés, por la otra. El holding ha decido repartir los mercados del mundo entre sus varios componentes, y Europa le ha tocado a Renault. Además, el estado francés tiene intereses directos en el holding. El estado español no tiene más interés que el mantenimiento de la paz social al menor coste posible.

Finalmente, el planteamiento contra el anuncio de cierre realizado por parte de las organizaciones a la cabeza es sintomático: anunciar paros solo en el centro de Montcada con la idea de bloquear los demás. Esta es estrategia artificial y limitada que, además, se vende por parte de las organizaciones como si fuera el no va más de la estrategia huelguística. Esto es un engaño consciente o inconsciente, pero es vital que la clase obrera se quite de encima estas panaceas que luego sólo sirven para que algunos se laven la cara o se hagan la campaña electoral. Esta estrategia traduce la lógica capitalista de obtener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, lo cual no es más que una trampa para la clase obrera.

La situación actual la industria del automóvil, como de muchas otras, no permite augurar que vaya a levantar cabeza antes de que las necesidades militares derivadas de la preparación de la guerra la revivan, y por ello las lecciones de lo ocurrido en Nissan, como en muchos otros casos, son necesarias a fin de evitar que la línea sindical colaboracionista, corporativista, subvencionada y amarilla nos lleve de nuevo por su camino. Debemos tener claro como clase obrera, tanto aquí como a nivel mundial, que tanto en este sector como en muchos otros la Patronal intenta y seguirá intentando descargar su crisis sobre nuestras condiciones y puestos de trabajo, y que ante ello nuestra alternativa solo puede ser la extensión de los planteamientos del sindicalismo de clase, extendiendo la organización y la lucha por encima de empresas y sectores, organizándonos en el sindicato de clase y asumiendo como clase la responsabilidad colectiva de la mejora de nuestras condiciones de trabajo y de vida, sin pretender sin más una vuelta a la supuesta "normalidad" anterior.

La cruda realidad es que no hay solución en el ámbito de la sola Nissan. La crisis de sobreproducción afecta a todos los sectores y va a obligar a muchas empresas a ir a la quiebra. Las mejoras tecnológicas, que en otra sociedad conllevarían una reducción de la jornada necesaria y un aumento de la riqueza social, en el capitalismo no son para la clase obrera más que una condena al paro para la gran mayoría, y una condena al aumento de ritmos y tareas para la minoría que se mantiene empleada. No son los 25.000 compañeros y compañeras de Nissan. Son los dos o tres millones de nuevos parados con la excusa del covid, más los varios millones más a los que pretenden ir reduciendo las condiciones y aumentando los ritmos de trabajo. La solución sólo puede ser a escala del conjunto de la clase obrera: imponiendo la reducción drástica de la jornada de trabajo como primer paso hacia la necesaria abolición del trabajo asalariado.

¿Cuál es el principal obstáculo aquí y ahora para ello? Las organizaciones subvencionadas por el Estado para organizar la división y la derrota de la clase obrera, junto con las organizaciones que presentándose como alternativas sólo hacen que seguir el rumbo de sus hermanas mayores.

¡Contra el sindicalismo corporativista y subvencionado: sindicalismo de clase!

¡Contra la impotencia individual: solidaridad y compañerismo a ultranza!

En una sociedad mercantil fundada en el trabajo asalariado y la ganancia, como en la que vivimos, todas las medidas que se toman por la pandemia COVID-19 son al mismo tiempo medidas contra la clase obrera:

1. La producción no se para (o sólo parcialmente) porque es más importante la ganancia que la salud de la clase obrera, cuyos ritmos de trabajo además se incrementan.
2. Si se tiene que parar la producción (o al menos una parte): las trabajadoras y trabajadores afectados se quedan sin salario, cobrando el 70% de la base de cotización reconocida (es decir, excluyendo todo lo que las empresas imponen pagar en negro) y cobrándolo no se sabe cuándo.
3. Un millón de trabajadores es simplemente despedido con invenciones (despidos disciplinarios, no superación del periodo de prueba, finalización de contrato, fin de llamamiento, etc.) y otro millón está por llegar en el próximo mes.
4. Eso sí, como hay que defender a la propiedad inmobiliaria (pequeña y grande) la clase obrera arrojada al paro, debe seguir pagando el alquiler.
5. Como no está garantizada la comida, se producen acaparamientos, compras masivas, desabastecimiento de productos.
6. Mientras la burguesía se encuentra literalmente a sus anchas en sus mansiones, la clase obrera se encuentra confinada en celdas diminutas.

Esta es la realidad que se despliega ante nuestros ojos y la que seguiremos sufriendo mientras exista la propiedad privada y el trabajo asalariado; y si no logramos imponer a nivel inmediato, como mínimo:

1. Reducción drástica de jornada a 25 horas semanales, sin reducción salarial.
2. Salario mínimo de 1.500€ netos al mes, puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro.
3. Jubilación a los 55 años, con 100% del salario.

Ante esta realidad, el Gobierno de la falsa izquierda ha desplegado una batería de medidas que o son simple maquillaje o favorecen descaradamente a la Patronal y a la propiedad. Pasado ya más de un mes de las primeras medidas adoptadas por el gobierno con relación al tema del Covid-19 creemos importante hacer un análisis detallado retrospectivo del contenido real de clase de todas las medidas que se han ido aprobando, que se puede resumir en la defensa de la propiedad inmobiliaria, de las empresas y los autónomos y de los negocios existentes y los surgidos con la situación, todo ello a costa, como no puede ser de otra manera mientras haya capitalismo, de la clase obrera.

La situación actual está permitiendo constatar una vez más la naturaleza real del estado de la burguesía, siempre al servicio de la patronal, a pesar de la verborrea del gobierno PSOE-Unidas Podemos y de todos sus palmeros.

Medidas económicas

Después del cierre de los centros escolares y antes de la declaración de estado de alarma, el gobierno ya aprobó los primeros reales decretos ley (RDL) con varias “medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública” (RDL 6/2020) y para “responder al impacto económico del COVID-19” (RDL 7/2020). Dichos RDL, sin embargo, fueron ampliamente extendidos y modificados por los RDL 11 y parcialmente 13 (de 1 y 8 de abril respectivamente), con lo que intentaremos exponer el contenido final de dichos RDL de forma conjunta. En estos RDL podemos encontrar sobre todo numerosas medidas de apoyo a los bancos (prolongación de la vida de la SAREB, mayores facilidades para transformar entidades en bancos), al sector del turismo (con la ampliación de la línea de financiación ya creada para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook), a las empresas en general (numerosas líneas de crédito para todo tipo de sectores y empresas, aplazamiento de pago de tributos, etc.) y a los autónomos, a quien van dirigidas numerosas ayudas (por mucho que sean los que más lloran), prestaciones por cese de actividad, créditos, moratorias en las cotizaciones y un largo etcétera. Todas estas medidas han sido ampliadas adicionalmente mediante el última RDL publicado (15/2020 de 21 de abril).

Medidas con relación a la vivienda

En estos mismos decretos encontramos toda la normativa aprobada con relación a hipotecas y alquileres. En este sentido cabe mencionar, sucintamente, que a pesar de que la mayor parte de las viviendas del estado español siguen siendo en régimen de propiedad y no de alquiler, el alquiler representaba a nivel del estado en 2018 el 23,9% del parque y subiendo, con CCAA como Cataluña, Baleares o Canarias donde está por encima del 30%. Además, el 32,9% de las viviendas de propiedad en realidad son propiedad del banco con el que se mantiene la hipoteca, ya que no están totalmente pagadas (datos del Observatorio de vivienda y suelo 2019). A pesar de la habitual y tendenciosa falta de datos al respecto cabe presumir que la clase obrera conforma la aplastante mayoría de dichos casos, sin perjuicio de que una parte importante de la misma en el estado español, por motivos históricos, mantenga la vivienda en régimen de propiedad.

¿Y cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno con relación a la vivienda y a quién defienden realmente?

La propia exposición de motivos del RDL 11/2020 nos da una pequeña pista: “En primer lugar, se adoptan medidas dirigidas al apoyo al alquiler de personas vulnerables. En España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario. Esta particularidad del mercado del alquiler en España hace especialmente necesario que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas. Se establecen por ello propuestas en este ámbito dirigidas a la necesaria protección a los colectivos más vulnerables que puedan ver sensiblemente afectada su capacidad para hacer frente al alquiler, al tiempo que se garantiza un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales.”

Esto significa admitir que las medidas son sólo de aplicación al 15% de los alquileres…

¿Y quién considera el RDL en cuestión como “pequeño” propietario?

“…cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m²…”

Empezamos bien. Un rentista con hasta diez propiedades es objeto explícito de protección del RDL. Se nos dirá que también existen (pocos) rentistas con una o pocas propiedades que no tienen otra fuente de ingresos y cuyas eventuales prestaciones son muy bajas. Y responderemos que la reivindicación en este caso no puede ser otra que la misma para todos los desempleados, prestación indefinida de al menos 1.500€, renunciando obviamente a las rentas y a las propiedades que no use realmente, como primer paso hacia la expropiación efectiva de todo el parque de viviendas y su puesta a disposición para la clase obrera (de la vivienda de la burguesía no es nuestra función preocuparnos).

En cuanto a las medidas explícitas para la supuesta protección de los arrendatarios tenemos tan sólo, resumidamente las siguientes. Si se tiene la suerte de que tu casero sea un “gran tenedor” (insistimos, más de diez propiedades, cosa que además es prácticamente imposible de comprobar porque no hay obligación de registrar los contratos de alquiler) se puede forzar a que él decida si te deja no pagar ahora los alquileres para que los pagues en cómodos plazos de hasta tres años, o bien rebajarte voluntariamente el alquiler a la mitad. Si no tienes la suerte de estar dentro del 15% de contratos de grandes tenedores, sino que tu casero es un “pequeño” rentista que tiene solo hasta diez propiedades entonces tienes la posibilidad de acordar una rebaja o moratoria con la propiedad y si ésta se niega el RDL te da la posibilidad de solicitar créditos al estado para pagar el alquiler no fuera caso que dejaras de pagarlo. Evidentemente a ello sólo tendrás derecho si puedes acreditar que perteneces a un colectivo “vulnerable”, cumpliendo los requisitos que recoge el RDL. Pretender que esto es una ayuda a los arrendatarios es como mucho una broma de mal gusto… Obviamente de condonar el alquiler u obligar a rebajarlo, que serían las medidas reales de apoyo a los arrendatarios dentro del propio marco legal burgués, nada de nada. Defensa explícita de la propiedad y sus rentas. Ni nada recogen los RDL tampoco acerca de la posibilidad de que los miembros de la clase obrera que deben pasar los días de confinamiento en viviendas pequeñas y hacinadas, sin luz y sin respiraderos, puedan trasladarse a alguna de los millones de viviendas vacías del estado español.

A ello hay que sumar la prórroga automática de todos los contratos que venzan durante este periodo por otros seis meses con las mismas condiciones. Es obvio que en un contexto en el que el mercado del alquiler, por efecto de la situación actual, no debería hacer otra cosa que bajar, la medida sólo persigue intentar postergar la bajada inevitable de precios pretendiendo camuflar dicha acción como una “medida dirigida a las familias y colectivos vulnerables”, desde luego a las familias obreras no… Obviamente ante el previsiblemente hundimiento de los precios del alquiler que la situación debería acarrear habrá que estar atento a las demás medidas que vayan a ir aprobando para intentar frenarlo, todas ellas contrarias obviamente a los intereses de los arrendatarios.

Finalmente se establece una suspensión de los desahucios por impago si se acredita que no se tiene alternativa habitacional y se está dentro de los colectivos “vulnerables”. Todo un “regalo” en comparación con las medidas establecidas con relación a las hipotecas, con moratorias incluidas. En todo caso respecto a las moratorias en el pago de las hipotecas (que este RDL amplió de la vivienda habitual a la hipoteca de las viviendas alquiladas y locales comerciales) hay que poner sobre la mesa también que en todo caso es también en interés de los bancos no tener que ejecutar masivamente las hipotecas asumiendo desahucios eventualmente prohibidos e inmuebles que no van a poder vender y que engrosarían otro SAREB.

Medidas sanitarias 

En estos mismos decretos se pueden encontrar también medidas relacionadas con el supuesto apoyo al ámbito sanitario, pero evidentemente, a pesar del estado de alarma, no encontramos en ningún momento medidas como la requisa de todos los centros médicos privados (que siguen prestando servicios a quienes pagan o están mutualizados y siguen manteniendo su negocio y manteniéndose de forma criminal por debajo de sus posibilidades de uso – El País, 2 de abril de 2020), tanto cuando la gestión es estatal como cuando está cedida a las CCAA.

Hay que mencionar también que la situación actual de falta de personal médico tiene su raíz en la política corporativista de “numerus clausus” llevada a cabo por este sector desde hace décadas y que tiene ahora incluso su reflejo en el contenido de supuesto apoyo al ámbito sanitario de estos decretos, que recogen el alargamiento de los contratos de los residentes (los famosos MIR) pero no su automática conversión masiva en personal médico con los mismos derechos y deberes (algo que el RDL 15/2020 ha hecho también con los llamados contratos predoctorales). Insistimos, el colectivo de médicos - que actúa como una auténtica patronal - es igual de responsable que el Estado de la falta actual de personal por su histórica política corporativista de mantener el número de médicos limitado para poder mantener los varios privilegios y prebendas de los que han venido históricamente disfrutando, su posibilidad de mantener un trabajo en la pública y una consulta privada, etc.

Se puede leer aquí la hipócrita defensa de los “numerus clausus” que hace el Foro de la Profesión Médica de España, mientras que la limitación del número de médicos para que nos atiendan lo defienden también los estudiantes de medicina y un tercio de los médicos que trabajan en la pública trabajan también en la privada. En lugar de “numerus clausus” y de poner el tren de vida de los médicos por delante de la salud de la clase obrera, lo que necesitamos a nivel inmediato es:

1. maximización de las plazas en las universidades para personal médico,
2. multiplicación por 5 sino por 10 de las instalaciones y recursos destinados a la medicina,
3. supresión del MIR como forma de explotación encubierta de formación y forma de mantener el privilegio corporativo,
4. difusión de conocimientos y práctica básica en medicina a toda la población en la formación obligatoria.

En cuanto a la situación médica no podemos dejar de mencionar que las cifras de afectados y muertos por la enfermedad es obviamente falsa y es en realidad mucho más alta, en el momento que el propio Ministerio de Sanidad afirma a la práctica estar contabilizando solo a quienes han podido hacer el test y han dado positivo (y es pública y notoria la falta de tests de cualquier tipo), prohíbe cualquier autopsia de los cadáveres con síntomas (contabilizando como no confirmadas aquellas personas muertas a las que no se había hecho test previamente) y mantiene las residencias de la tercera edad sin medicalizar (en su mayoría y en todo caso durante varias semanas en las que la enfermedad ha hecho estragos). Algo parecido a lo que ocurre en las residencias está ocurriendo también en las cárceles, donde además los presos han visto restringidos todos sus contactos con el exterior. La situación de las cárceles en el país más carcelero del mundo (EEUU) es realmente dantesca, pero la situación real de las cárceles en el estado español, en proporción al número de personas presas, tampoco debe alejarse mucho…

Sólo se podrá llegar a tener un dato más o menos real de las muertes causadas por este virus en el momento en el que se haga simplemente una estadística del total de muertos durante estas fechas comparado con el total de muertos en las mismas fechas del año pasado, cualquier otra cifra que dé el gobierno es simplemente falsa.

Bajas y tiques de comida

Aparte de todo esto, realmente podemos encontrar como medidas de “apoyo” a la clase obrera tan solo el reconocimiento como enfermedad laboral de las bajas por Covid-19 y cuarentena (que también se reconoce a los funcionarios, con sus particularidades), ampliada a aquellos que residan en municipios cerrados por el confinamiento y trabajen en otros (y puedan acreditar que no pueden teletrabajar y unos cuantos requisitos más) y el reconocimiento del derecho a tiques de comida para los niños y niñas que tuvieran beca de comedor escolar. Con relación a esto debemos decir que, por un lado, numerosos casos de trabajadores y trabajadoras con Covid-19, por falta de tests y por las varias dificultades de atención, no se están reportando como tales y están pasándolo en sus casas con bajas por contingencias comunes o sin bajas por estar en desempleo, con lo que la afectación del reconocimiento como enfermedad laboral será muy probablemente bajo. En cuanto a los tiques de comida el propio decreto recoge que serán los servicios sociales quienes determinarán cómo se da acceso a la comida, aprovechando la ocasión para derivar las familias afectadas a los negocios que consideren oportunos, como ya hizo la Comunidad de Madrid con Telepizza…

Medidas laborales

Después de revisar el contenido de los RDL de ámbito “económico” nos queda la otra gran vertiente de lo que se ha ido publicando en el BOE, los varios ataques a la clase obrera que podemos encontrar en todos los RDL que se han publicado de ámbito “laboral”. En este caso analizaremos el contenido de los RDL 8, 9, 10, 13 y 15 de 2020.

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno en este ámbito fueron las facilidades a las empresas para poder llevar a cabo ERTEs, que evidentemente se han extendido como la pólvora y han afectado a una parte muy importante de la clase obrera debido al cierre obligado de muchos servicios. Dichas facilidades incluyen, entre otras, reducciones de plazos y de cotizaciones, así como la inestimable participación obligatoria de las empresas de servicios sindicales en los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, en el caso de que no hubiera representación. Es decir, allí donde no hay representación las empresas de servicios sindicales pueden usurpar sin más la representación a los propios trabajadores a nivel de centro o empresa y negociar en su nombre, aunque la plantilla quisiera elegir su comisión. Este es un auténtico derecho de pernada que demuestra la función patronal de estas organizaciones y, por otro, enseña las consecuencias de desentenderse de copar y desalojar de las representaciones a estas organizaciones subvencionadas: cuando llega el momento estamos desarmados.

Por otro lado, afirman alargar la vigencia de los contratos temporales, pero en realidad ello solo aplica a los que se incluyen en ERTEs y simplemente alarga la vigencia el tiempo que haya durado el ERTE una vez éste termine. A ello se suma la aprobación por parte de la administración de la práctica totalidad de los ERTEs por fuerza mayor, incluso en aquellos casos en los que la administración era la contratista y ella misma había aprobado en principio garantizar los salarios. ERTE y pago de la administración, negocio redondo. Evidentemente en ningún caso se recoge como medida la expropiación de las empresas y de sus capitales y el pago íntegro de los salarios de quien no pueda trabajar por el estado de alarma por parte del estado, esto iría contra el sacrosanto derecho a la propiedad y a la libertad de empresa recogido en la constitución y defendido por todos estos RDL.

También se aprobaron varias mejoras en las medidas de ayuda a la conciliación existentes, así como artículos que promueven el teletrabajo, pero evidentemente todo ello luego en la realidad es muy difícil que se lleve a la práctica ante la eventual oposición de las empresas, y más cuando los plazos judiciales están parados, los juzgados no señalan, las administraciones sólo permiten reclamar online y no hay oficinas a las que dirigirse y la Inspección de Trabajo se inhibe por defecto en todo lo que tenga que ver con ERTEs o abusos antisociales derivados de la situación, como por desgracia hemos tenido la oportunidad de constatar reiteradamente… En cuanto al trabajo a distancia o teletrabajo lo que en realidad recoge el RDL es una simplificación del procedimiento de evaluación de riesgos, y evidentemente no la obligación empresarial de pagar las facturas de internet y luz o de subsidiar de alguna manera las medidas de adaptación de la vivienda necesarias para convertirla en un centro de trabajo. En la práctica las empresas hacen que los trabajadores asuman el coste de convertir sus casas en instalaciones y centros de trabajo de su empresa. No es extraño que los cerebros grises de la Patronal ya hablen de convertir el teletrabajo de “derecho” a obligación, sobre todo si se hace cargando todos los costes a las espaldas de los trabajadores. Y en efecto estas medidas han sido extendidas hasta pasados tres meses de la finalización del estado de alarma (por ahora) mediante el último RDL 15/2020…

En cuanto a las ayudas en las prestaciones de paro sólo nos cabe decir que las mismas son más bien relativas, en el momento en el que la prestación de paro sigue topada y las prestaciones se calculan en base a las bases de cotización, que en un porcentaje muy alto de la clase obrera son fraudulentas, y que igualmente, como ya está ocurriendo, muchos compañeros y compañeras ni siquiera las van a poder recibir hasta mayo o junio, debido supuestamente al colapso de las administraciones en la tramitación de los expedientes, que también conllevará, de forma públicamente reconocida, que quienes tengan hijos al cargo no puedan cobrar tampoco las cantidades que les corresponderían a tiempo. Por otro lado, todas las ayudas recogidas en el RDL 8 en este sentido van dirigidas a quienes han sufrido un ERTE, pero nada se dice respecto a quien ha sufrido un despido ni mucho menos a quien trabaja sin contrato o simplemente no consta en el eventual ERTE por decisión unilateral de la empresa. En cuanto a los compañeros y compañeras con contratos fijos discontinuos la situación es la misma si la empresa decide que no estén en el ERTE, e incluso si les incluye, constituye un auténtico galimatías poder probar que les corresponden las ayudas recogidas en el artículo 25.6 (que además ha ido sufriendo varios cambios incluido el del último RDL 15/2020). En cuanto a las medidas aprobadas en este último RDL respecto al acceso a la prestación de desempleo cuando se ha sido despedido en periodo de prueba o se había dejado el trabajo porque se tenía una perspectiva de trabajo que finalmente no se ha dado, solo podemos decir que aparte de aplicar las mismas limitaciones que decíamos inicialmente, en todo caso afectará a un muy limitado número de casos y que además en cuanto al segundo de los casos, se deberá probar detalladamente. Evidentemente en ningún momento se les pasa por la cabeza simplemente proceder a conceder todas las ayudas de forma íntegra e inmediata y sin revisar ningún expediente.

Por lo que respecta a las supuestas medidas de protección del empleo recogidas en el RDL 9 y por las que supuestamente se impide despedir o extinguir el contrato alegando algunas de las causas previstas en los arts. 22 y 23 del RDL 8 (esto es, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19), a pesar de la actitud antisocial que supone proceder a dichos despidos, el artículo no recoge que deban ser considerados nulos, con lo que podemos esperar que los tribunales de la burguesía no los consideren más que eventualmente improcedentes. Y ello sin tener en cuenta que la mayor parte de los despidos se dieron antes de la publicación del RDL 9 (28 de marzo), con lo que los casos a los que aplicaría dicha norma serán muchos menos que los despidos que realmente ha habido. El Gobierno tuvo la delicadeza de avisar a bombo y platillo a la patronal de la publicación del RDL al día siguiente, produciendo una auténtica avalancha de despidos el día 27 de marzo.

Y como medida estrella, después del primer periodo de estado de alarma y como medida adicional para forzar un mayor confinamiento de la población, nos encontramos con el “permiso retribuido recuperable”, obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras que seguían prestando servicios en los centros de trabajo, pero que no son considerados servicios esenciales.

Hay que decir alto y claro que el “permiso retribuido recuperable” es un timo. Para empezar no se le puede llamar permiso en el momento en el que se impone su “disfrute” unilateralmente. Para continuar no se le puede llamar “permiso retribuido” en el momento en el que se tiene que devolver. Y para finalizar es una tomadura de pelo que se pretenda que la obligada recuperación del supuesto permiso se deba pactar entre la representación de la empresa y la empresa, que si no hay representación las empresas de servicios sindicales puedan arrogársela (exactamente igual que en el caso de los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción) y que si no se llega a un acuerdo la empresa simplemente puede imponer el modo de recuperación. Esto es simplemente la imposición de una distribución irregular de jornada unilateral por encima de las previsiones del ET.

Al timo mencionado, que al final consiste en descargar en la clase obrera (y no en las empresas) las consecuencias de la obligación de confinarse, hay que sumar el hecho de que el RDL deja la puerta abierta a que muchas empresas puedan considerarse o no esenciales, sin hacer una restricción por CNAEs como la que había llegado a haber en el borrador. Es decir, que según su situación y necesidades empresas realmente no esenciales están intentando seguir trabajando presencialmente y otras que podrían considerarse esenciales pueden estar no haciéndolo.

En toda esta situación, y en su papel de parte integrante del estado burgués y de promotores y defensores de esta gran idea del “permiso retribuido recuperable” (como antes de la distribución irregular de la jornada), las empresas de servicios sindicales CCOO y UGT hacen un llamado a los trabajadores y trabajadoras a “hacer un esfuerzo” y “trabajar un poco más para compensar las horas”… Igual que apoyan la vuelta a la “normalidad” anterior a las dos semanas de “permiso retribuido recuperable”, mediante la que el gobierno ha implementado lo que las patronales afectadas pedían, hasta unos 4 millones de compañeras y compañeros (según algunas estadísticas, ya que el gobierno también calla sobre esta cifra) tienen que volver al tajo aunque por el camino tengamos que morir unos cuantos más. ¡Todos los sacrificios que hagan falta en el altar de la ganancia! Una vez más la burguesía española se muestra como una de las más agresivas, teniendo en cuenta el mantenimiento de medidas restrictivas que en general se está dando todavía en países similares.

Y, para terminar, a la espera de que se publiquen los próximos ataques, no podemos dejar de mencionar el contenido del RDL 13 en lo que se refiere a las medidas para el sector agrario, mediante las cuales se pretende “ayudar” a la clase obrera haciendo compatible el cobro de salarios por trabajar en el campo con las prestaciones que se vinieran cobrando. La realidad es que lo que esconde la medida es un abaratamiento de los salarios en el sector agrario y la puesta a disposición de una masa de trabajadores y trabajadoras para su explotación en este sector, para beneficiar a los empresarios, pequeños y grandes, del campo, puesto que sabiendo que los salarios tienden a ser el coste de la producción y reproducción de la vida obrera, que se pueda mantener el cobro de las prestaciones mientras se trabaja en el campo en realidad repercutirá necesariamente en el monto salarial que los explotadores del campo terminen pagando. Y ello no es más que el preludio del trabajo por un plato de sopa que ya vivimos después de la crisis de 1929.

Otras medidas

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que también se ha aprobado, mediante la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, que se centralicen los datos de movilidad de todos los “ciudadanos”, recogidos a través de la geolocalización de los teléfonos móviles, sin necesidad de permiso ni nada por el estilo. Es obvio que dicha medida ya se estaba llevando a cabo, pero con la excusa del Covid-19 ahora lo van a hacer abiertamente tal como ya han hecho en China y otros países. Una herramienta más de control social cuya implementación el virus facilita, como permite también que se le atribuya la crisis (o más bien el crack) económico-industrial que estamos viviendo y que tarde o temprano iba a explotar, como consecuencia de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el modo de producción mercantil-capitalista. El virus es muy conveniente para tapar el origen sistémico de la crisis, como lo es para justificar la ulterior fascistización del estado y militarización de la sociedad, llamando a la unidad nacional entre clases de cara a la preparación de la guerra imperialista. El choque interimperialista lleva tiempo fraguándose, y los choques comerciales (incluido el despliegue de nuevas tecnologías como el 5G de la mano de China, que habría barrido en el MWC y que por ahora el virus también ha conseguido frenar) o los vaivenes del precio del petróleo no son más que la antesala de la “continuación del comercio por otros medios” de Von Clausewitz.

Como clase obrera deberemos estar preparados para oponernos a todas las medidas que van a intentar imponernos para hacernos pagar la crisis cuando el periodo de confinamiento acabe, y para rechazar cualquier llamada a la unidad nacional, a la union sacrée, con nuestra propia burguesía, como se nos gritará desde la derecha y desde la falsa izquierda parlamentaria, desde el fascismo y desde su falso opuesto, el llamado antifascismo, y plantear nuestra alternativa de clase para la superación de esta sociedad. 

¡Por la expropiación a las empresas de todos los capitales necesarios para el pago completo de todos los salarios de toda la clase obrera!

¡Por una prestación indefinida mínima de 1.500€ mensuales para quienes estén en ERTE o desempleados!

¡Por la condonación de todos los pagos por vivienda y servicios!

¡Por la expropiación sin indemnización de todas las viviendas necesarias para asumir a todos los miembros de la clase obrera que tienen que pasar el confinamiento en infraviviendas!

¡Si el capitalismo sobrevive reventando a la clase obrera, que reviente el capitalismo, con todos sus virus y sus guerras!

Durante el día de hoy, 20 de marzo de 2019, nos han contactado diversos trabajadores de distintos puntos del Estado español para preguntar por una supuesta convocatoria de huelga para mañana 21 de marzo de 2019, supuestamente realizada por nuestro sindicato por lo menos en determinadas administraciones públicas.

Al respecto, tenemos que decir:

- que el sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) no ha realizado ninguna convocatoria de huelga para mañana 21 de marzo de 2019.

- desde SUT hemos defendido siempre la necesidad de fundar las convocatorias de huelga en un proceso asambleario de maduración, de solidez del movimiento huelguístico y nunca hemos creído ni practicado los paros un día decretados sin organización previa, lo cual es diametralmente opuesto a lo que parece ser esta convocatoria.

- no conocemos la convocatoria realizada ni los términos de la misma ni quien ha utilizado el nombre del sindicato para realizarla, por lo tanto, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre una convocatoria que no hemos realizado.

- haremos las averiguaciones pertinentes sobre quién usurpa el nombre del sindicato para hacer convocatorias que no parten de nuestra organización.

¿Qué es verdadera y científicamente el comunismo en los textos, en Marx y Engels?

¿Qué gato por liebre nos han vendido durante 160 años desde el PSOE, PCE, maoístas, trostkos, anarquistas, parlamentaristas, fachas y burgueses?

El capitalismo se basa en la explotación del trabajo asalariado; el comunismo marxista en la abolición de la esclavitud del trabajo asalariado, del dinero y del mercado.

En Rusia, Cuba, China, Vietnam, Corea… no existe ni ha existido nunca comunismo. La revolución de Octubre mantuvo el compromiso político comunista con la revolución internacional anticapitalista hasta que triunfó la contrarrevolución estalinista. La crisis rusa y la caída del muro supone la gran confesión de que en Rusia solo ha habido economía capitalista.

Ante la oscuridad del fascismo y el parlamentarismo (con que nos conducen a la III Guerra Mundial), encendamos la luz del comunismo marxista para luchar por la abolición de la esclavitud del trabajo asalariado.

¡ACUDE!

Sábado, 10 de febrero de 2018 a las 17 horas
C/Picos de Europa, 11D, Bajo
Metro Nueva Numancia, Autobuses 54, 57, 58, 136

Adjuntos:

Octavilla_charla_comunismo.pdf

[ ]

77 kB

Sábado, 16 de diciembre de 2017, a las 17 horas.
C/ Picos de Europa, 11-D, bajo. Metro Nueva Numancia, línea 1. Autobuses: 54, 57, 58, 103

La revolución de Octubre de 1917 fue el inicio de la revolución proletaria y comunista mundial, según Lenin. 

La contrarrevolución estalinista desde 1926 fue una revolución nacional-burguesa; la formación del socialismo en un solo país fue en realidad la formación del mercado nacional gran ruso.

En 1934, Stalin entra en la sociedad de naciones (ONU) o cueva de los bandidos imperialistas, según Lenin.

Stalin se repartió Polonia con Hitler en 1939 y, en 1945, toda Europa con EEUU, R. Unido, etc.

Marx reclamó la necesidad de la abolición de la esclavitud del sistema del trabajo asalariado. El capitalismo estalinista y sucesores la eternizaron con su stajanovismo.

Las gigantescas huelgas obreras rusas de 1988 y 1989 acabaron con esa farsa anticomunista, destruyendo también el muro de Berlín.

¡¡Acude!!

Adjuntos:

Folleto de la conferencia sobre la revolución de octubre

[Folleto de la conferencia sobre la revolución de octubre]

412 kB

CONFERENCIA - DEBATE SOBRE VENEZUELA:

 • CAUSAS-EFECTOS-ALTERNATIVAS A LOS CICLOS DE LA CRISIS CAPITALISTA.

• REPETICIÓN DEL "VIERNES NEGRO"-1983.

• "CARACAZO O SACUDÓN"-1989., DONDE LA OPOSICIÓN ACTUAL ASESINÓ A MÁS DE 3.000 TRABAJADORES.

• 1999-2017 PARTIDO DEL EJERCITO-CHAVISMO Y LA MULTIPLICACIÓN DE LA RIQUEZA POR ALTO PRECIO DE PETRÓLEO, CAIDA, NUEVA CRISIS Y RUINA DEL CAPITALISMO IMPERIALISTA VENEZOLANO.

HABLAREMOS DE HISTORIA, ECONOMÍA, CRISIS Y ALTERNATIVAS PROLETARIAS.

*** OS RECORDAMOS QUE HEMOS CAMBIADO DE SEDE. INFORMACIÓN PARA LLEGAR PINCHANDO AQUÍ ***

ACUDE ESTE DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 17:30H, EN C/PICOS DE EUROPA, 11-D. IZQ.,

METRO - NUEVA NUMANCIA, LINEA 1 
SEDE DEL SUT (SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES).

 PARA ACCEDER MEDIANTE GOOGLE MAPS PINCHA AQUÍ

PARA VER UN CROQUIS DE LA CALLE PINCHA AQUÍ          PARA VER UNA IMAGEN DE LA FACHADA PINCHA AQUÍ

            Dicen, los del aparato sindicalero subvencionado, que ahora ya sí, van a luchar a corazón partío (con un 40 % de esclavos y un 60 % de esclavistas) para arrancar un aumento salarial del 0,5 % al 2 % para los que trabajan, producen y penan, pero no pueden gozar de la vida idílica de los señores/as esclavistas ¡ALELUYA!, que empieza la gran batalla de nuestro aparato sindical subvencionado con sus LANZAS ROTAS contra el moderno ejército patronal de tanques, bombarderos, misiles balísticos… y las reservas de dinero para pagar las buenas comilonas en la RENTRÉE en el mundo civilizado del Derecho y de la razón donde todo se somete desnudándose “a una jornada de trabajo justa, por un salario justo”,¡justo como dice y diga Juanito Rosell, el presidente de la CEOE!

Durante toda la llamada crisis (2008-2016) ellos, los altos cargos de las empresas, han multiplicado sus sueldazos y su fondo privado de pensiones por 5 y por 10 veces lo que cobraban. Las empresas, al disponer de una superproducción de ganancias, de capitales, los han exportado a EE UU, México, Inglaterra, Alemania, Sudamérica, A. Saudita, Asia, aumentado el número de esclavos asalariados a los que explotar por todo el mundo.

Pero, ¿por qué después de 8 años desde la crisis el sindicalismo subvencionado se decide a levantar un poquito la voz? Pues para cumplir la función que se le tiene encomendada de controlar a la clase obrera, servir de apafuegos social para imponer la paz social que necesita la patronal.

Los aparatos de los sindicaleros subvencionados han ejecutado cientos de EREs en sus SEDES y empresas, despidiendo a sus trabajadores como a perros por 4 euros. Así le daban lecciones, enseñaban a nuestros empresarios, nuestros caníbales, cómo se machaca y se revienta a los trabajadores. Llegando a repartirse 3,7 millones de euros y más de 14 millones en comilonas entre el aparato de CC OO (no se olvide las decenas de miles de millones de ptas. con la PSV-UGT). Estos sindicatos subvencionados son los herederos del sindicato vertical del régimen franquista. El aparato de individuos profesionales liberados de trabajar, es mucho mayor ahora que el aparato de liberados en el sindicato vertical franquista. Recuérdese que al sindicato vertical le reventamos desde fuera, con las luchas organizadas fuera de sus estructuras organizativas y de su influencia y control político.

Nuestro objetivo básico como sindicato de clase, es UNIR, a los asalariados para mitigar y tender a abolir la COMPETENCIA que nos imponen tanto la desorganización como la mala organización de los asalariados en la empresa, en el sector y a nivel general. También debemos ser SOLIDARIOS con los INMIGRANTES, reivindicando su igualdad salarial y social.Para luchar contra la COMPETENCIA que nos desune debemos empezar por cultivar el COMPAÑERISMO OBRERO dentro y fuera del trabajo, apoyándonos mutuamente en todas las facetas de nuestra vida. No haciendo nunca de chivatos, Tendiendo a colocar la SOLIDARIDAD DE CLASE, LA SOLIDARIDAD ENTRE EXPLOTADOS, en el lugar de la COMPETENCIA que nos desune y nos enfrenta a todos los trabajadores contra nosotros mismos.

Para cualquier problema laboral ponte en contacto con nosotros, busca nuestro asesoramiento y apoyo sindical y el de nuestra Asesoría Jurídica. Recuerda que estamos organizando una CAJA DE RESISTENCIA para apoyar a los obreros represaliados por oponerse a los ATROPELLOS y a los ABUSOS patronales ¡Nos encontrarás los martes y jueves de 11 a 13 horas, martes, miércoles, jueves y viernes de 18,30 a 21 horas!

Trabajador/a: ¡Haz copias de esta hoja y pásaselas a otros trabajadores y a otros centros de trabajo! ¡También así colaborarás con la extensión y el fortalecimiento del SINDICALISMO DE CLASE! ¡EL NO SUBVENCIONADO! ¡EL S.U.T.!

TRABAJADORES Y PENSIONISTAS: ¡¡NECESITAMOS 300 EUROS DE AUMENTO LINEAL MENSUAL PARA RECUPERAR PARTE DEL PODER ADQUISITIVO PERDIDO!! ¡¡SALARIO MÍNIMO Y PENSIÓN DE 1.500 €!! ¡¡JORNADA DE 30 HORAS SEMANALES!! ¡¡NECESITAMOS LA ORGANIZACIÓN CLASISTA, EL SINDICATO NOSUBVENCIONADO NI POR EL PATRÓN NI POR EL ESTADO!! ¡¡NO TE LAMENTES, NO TE RESIGNES, ABANDONA A LOS SINDICATOS SUVENCINADOS!! ¡¡ÚNETE A SOLIDARIDAD Y AYÚDANOS A ORGANIZAR EL SINDICALISMO Y EL SINDICATO DE CLASE!!

El sindicalismo subvencionado y otras organizaciones también subvencionadas por la patronal y su Estado han promulgado, a toque de corneta, un paro en el sector educativo estatal el día 9 de marzo. Se oponen, nos dicen, al aumento de ratios y de horas lectivas, al cierre de centros y a los recortes de ayudas y becas y, sobre todo a la LOMCE y sus desarrollos. ¿Qué significan reivindicaciones genéricas como “aumento de plantillas”, “recuperación de derechos retributivos y laborales” o “dignidad de la profesión docente”? Son expresiones calculadamente ambiguas que aparentan significar todo y que, en la práctica, no significan nada. Sobre ellas, descuella el mensaje verdadero: “no a la LOMCE, no a la LOMCE, no a la LOMCE”.

Hay que entender que la LOMCE no es el capricho extravagante de ese espantajo al que llaman alternativamente “neoliberalismo” o “tardofranquismo” toda la falsa izquierda politiquera o sindicalera. La LOMCE no es más que la expresión en SUS leyes de la necesidad imperiosa de la burguesía patria de garantizar y ensanchar sus ganancias empresariales.

Adjuntos:

Octavilla 9 de marzo educación

[La privatización y empeoramiento de la educación se seguirá ejecutando sin la LOMCE y con la colaboración indispensable del sindicalerismo subvencionado.]

542 kB

Leer más...

El intento de superación, puramente temporal y efímero, por parte de la burguesía de la crisis de sobreproducción en el que se encuentra inmerso el sistema capitalista, sólo puede pasar por descargar sus devastadores efectos sobre la masa de todos los trabajadores tanto del sector público-estatal como del privado. En primer lugar se reducen drásticamente los costes directos del trabajo con despidos masivos y bajada generalizada de salarios, pero además se atacan los costes globales del trabajo, el transporte, la sanidad y la educación de los trabajadores y sus hijos, lo que golpea de lleno a todos los trabajadores, incluyendo los de los mal llamados servicios públicos. Como esto no es suficiente, la otra línea de acción no es sino la privatización: en quiebra los negocios tradicionales de la burguesía española como la construcción y la obra pública, se entra a saco con el presupuesto estatal, cuyo grueso -más de un 60%- está en la sanidad y la enseñanza. La paulatina privatización de la gestión del presupuesto de educación se convierte, no en un capricho ideológico de esta nebulosa criatura llamada neoliberalismo, espantajo que agitan las aireadas y reaccionarias mareas, sino una pura necesidad capitalista por encima de partidos y gobiernos, porque en el capitalismo son el Estado y sus secuaces los que están al servicio del capital y no al revés.

En esta ofensiva, el capital se apoya en la sistemática desorganización sembrada durante décadas por las mal llamadas organizaciones sindicales, todas ellas perfectamente integradas en el aparato del estado capitalista-burgués y al que sirven con suprema diligencia y aplicación. Todas sus acciones buscan desgastar, cansar, abrasar y llevar la lucha de los trabajadores a un callejón sin salida que aboca a la inevitable derrota y a la imposición de las exigencias del patrón, ya sea estatal o privado. Consumados maestros en el arte del engaño, envuelven, si hace falta sus trapacerías en retóricas bravuconas y grandilocuentes, haciendo el mismo papel que el agua hirviendo que apaga la hoguera. O si no, cuando con toda la abundante desfachatez de estas organizaciones, alquilan la lucha de los trabajadores a causas completamente ajenas a los intereses de nuestra clase como las del más ramplón cretinismo parlamentario. Por supuesto, por cumplir con esta preciosa tarea para los intereses del patrón capitalista, tales organizaciones son generosamente retribuidas vía presupuesto estatal, autonómico, cobran por servicios tan aberrantemente antiobreros como despedir o la admisión de EREs o ERTEs; y además se les permite que participen con toda naturalidad, aunque sean de las migajas, en el reparto del botín arrancado de la plusvalía producida por la masa de los trabajadores, cayendo en el más puro latrocinio de lo que se entiende por corrupción y en no pocas ocasiones en las más parasitarias costumbres del crapulismo burgués de comilonas, francachelas y lo que se tercie. Comfia, la poderosa federación de banca de CC OO, repartió 3,7 millones de euros en sobresueldos a sus delegados entre 2008 y 2012, años en los que el sector perdió más de 30.000 empleos y una veintena de entidades fueron rescatadas con fondos públicos. (…) La crisis del sector contrasta con la solvencia de Comfia, cuyo patrimonio neto creció de los 7,6 millones de 2008 a 12,1 millones en 2012 (un 59 %). Buena parte de esta saneada situación se explica por las aportaciones que las cajas, bancos, aseguradoras y patronales hicieron al sindicato: 8,3 millones de euros. (…) Comfia recibió entre 2008 y 2012 4,98 millones de euros en "ayudas directas" y otros 3,38 millones por dietas de los consejos de administración de las cajas” (El País, 15/02/15) Comfia (…) gastó entre 2008 y 2012 un total de 14,06 millones de euros en “viajes y reuniones, según recogen las cuentas internas del sindicato (…). Esta partida es, tras la de “gastos generales” —14,99 millones— la mayor en la salida de dinero (…) Destacan dos partidas en particular. La primera son las decenas de miles de euros anuales gastados por la cúpula estatal en asadores, marisquerías y restaurantes de elevado precio. La segunda es la millonaria factura que suponen los frecuentes congresos y reuniones a todos los niveles —estatal, comunidades, empresas...—, con eventos que llegan a costar más 300.000 euros. A ellos hay que sumar gran cantidad de apuntes por cientos o miles de euros registrados bajo términos genéricos —“varios”, “visa”...— que hacen imposible comprobar el destino real del dinero. (…) Las cuentas de Comfia revelan una gran cantidad de comidas, a veces tres veces por semana por dirigente, en restaurantes que superan los 50 euros por comensal. (…) Los recibos de varios cientos o más de 1.000 euros se acumulan en la contabilidad del sindicato” (El País, 16/02/15).

En el sector de la educación estatal tenemos una acreditada experiencia de las capacidades de las empresas de servicios sindicales. Ante el empeoramiento de las condiciones, que no eran precisamente idílicas, en los centros educativos convertidos en una mezcla de cárceles y manicomios, ante los despidos masivos de profesores interinos, personal de mantenimiento, limpieza, etc, las acciones de estas organizaciones han sido siempre puras maniobras de distracción que sólo sirven para apagar cualquier espíritu de lucha entre los trabajadores. Cuando fueron desbordados en el año 2011 por el monumental cabreo que se vivía en esos años, se escondieron detrás de las mareas mareantes con sus tramposas prácticas del hiperdemocratismo más estéril y vacío, incapaces de elaborar una mínima tabla reivindicativa y con acciones absolutamente ridículas como “huelguitas” alternas que reproducían notablemente empeoradas las peores marrullerías de las organizaciones sindicales. Como no podía ser de otra manera todo acabó con una desmovilización total a lo que se unió la desorganización más absoluta de los trabajadores por muchos años. En definitiva con este falso sindicalismo los trabajadores de la enseñanza estatal, como tantos otros, sufrimos una derrota aplastante.

La última maniobra de diversión es la “huelga” convocada para el día 26 de octubre en protesta por la LOMCE. Vaya por delante que dentro de la política del sindicalismo estatal de envilecer y degradar la auténtica lucha de los trabajadores etiquetan como huelga lo que no es sino un miniparo vergonzante. La organización de este paro consiste en pegar un cartel en el tablón de anuncios y en algunos centros una charla–soflama de un liberado sindical, convocada a hurtadillas para que no se entere nadie. Son las prácticas de toda la vida que buscan, entre otras cosas, lavar la cara al aparato sindical. Por supuesto afirmamos que la LOMCE es una ley profundamente reaccionaria y antiobrera que busca una drástica reducción de los costes educativos, vía expulsión masiva de alumnos, este y no otro es el significado de las famosas reválidas, y no la nostalgia franquista como proclaman estas organizaciones especializadas en echar humo a los ojos que desembocará en despidos masivos de personal docente y de otras categorías. Pero en esto sigue la línea de las anteriores leyes educativas que han hecho posibles despidos, supresión de aulas, etc., y la LOMCE no hace sino plasmar por escrito las necesidades del capital. Nada de esto ponen encima de la mesa CCOO, UGT, CGT y cia. En realidad todas sus propuestas se enmarcan dentro de la calculada vaguedad de las frases rimbombantes que queriendo significar todo al final no equivalen a nada. Claro, que siempre hay quien o que se supera a sí mismo en la práctica de la desfachatez. Así CGT se nos descuelga con una apelación solemnísima y vehemente a la “Soberanía parlamentaria”. Nada más y nada menos que los adalides del movimiento libertario, aquellos que reclaman la destrucción violenta del estado y las instituciones, piden a gritos el respeto por uno de los más sagrados dogmas del cretinismo parlamentario.

Todo esto no significa el rechazo al sindicato y a la práctica sindical. Todo lo contrario, necesitamos al auténtico sindicato y el sindicalismo de clase, que no es un aparato sindical al servicio de las necesidades y urgencias del capitalismo, sino la organización de la masa de los trabajadores en defensa de sus intereses. Necesitamos recuperar los métodos clasistas de lucha y de organización, transmitiendo la memoria de las luchas pasadas y presentes, intentando mantener un contacto estrecho y cotidiano entre nosotros. Este contacto nos permite conocer lo que ocurre en cada centro de trabajo y, al mismo tiempo, obtener una imagen de conjunto que nos saque del aislamiento. Por ello, hay que cultivar el compañerismo dentro del centro de trabajo y extender constantemente lazos hacia afuera, enfrentando todos los ataques aunque nos parezcan minúsculos (recordemos que cualquier ataque contra un trabajador se reproduce rápidamente al resto, y que las medidas contra nosotros en un centro se difunden rápidamente a otros). Debemos convertir los centros educativos en avisperos de reivindicaciones obreras con secciones y grupos sindicales del sindicato de clase capaces de responder a cada una de las agresiones del patrón y sus capataces, tengan o no el apoyo de sus leyes, procurando la extensión paciente y rigurosa de las luchas desde cada centro de trabajo, que pueden empezar siendo pequeñas o incluso minúsculas, pero que son la única manera de empezar a crear un red sólida de solidaridad, hoy por hoy inexistente y que no surgirá por arte de magia por muchos referéndums sobre métodos de lucha centro a centro que se hagan (más bien al contrario: ante el chiste de tener que elegir entre hacer huelga un día semanal rotativo, dos horas diarias de lunes a jueves, 72 horas seguidas, etc. el resultado más habitual, y hasta cierto punto comprensible, es el alejamiento de muchos de los compañeros de cualquier planteamiento reivindicativo), tendiendo a extender las luchas hacia una huelga general que no sea una mera convocatoria a toque de silbato y tendiendo a aglutinar las reivindicaciones en una tabla común que recoja las necesidades de las categorías con peores condiciones y que incluya al menos los siguientes puntos:

• Fuera ETTs y subcontratas: todos los interinos, eventuales y subcontratados a fijos de la empresa principal, sin pasar por la tortura de las oposiciones.

• Máximo de 18 horas lectivas y 25 periodos semanales de permanencia en los centros.

• Reducción de la ratio a 15 alumnos por aula en las clases estándar.

• Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100% del salario.

• Becas para material escolar y de comedor para todos los hijos de los trabajadores asalariados.

• Retorno de aulas de apoyo y de enlace. Supresión de todas las medidas discriminatorias, legales o no, que expulsan de las aulas a los hijos de los trabajadores.

• En solidaridad con el resto de la clase obrera: reducción de jornadas a 30 horas semanales sin reducción de salario; o puesto de trabajo o subsidio de 1.500 € mensuales, jubilación a los 55 años con el 100% del salario.

Adjuntos:

Hoja de dia 26 de octubre de 2016 Educación.pdf

[Hoja paro del sindicalismo subvencionado 26 de octubre Madrid]

464 kB

Como es habitual en el proceder de estas organizaciones empresariales subvencionadas que se hacen pasar por sindicatos, CCOO, UGT, CGT y STEM han decretado un paro para el día 26 de octubre, sin discutir el paro ni la tabla reivindicativa con los trabajadores que han de hacerlo. En muchos centros, solo se ha anunciado el paro por el simple procedimiento de colgar un cartel; y en otros, ni eso.

Con ello, buscan usar como masa de maniobra a los trabajadores ahora que se les han reducido las subvenciones y una parte de su aparato de liberados tiene que volver al trabajo, buscan limpiarse la cara dando la apariencia de algún movimiento e intentan ayudar a la campaña política de determinadas posiciones del cretinismo parlamentario. Lo llaman huelga, pero es una ANTIHUELGA, que al prostituir el arma de los trabajadores en sus luchas, siembra la impotencia y resta combatividad. Cambiar el nombre de las cosas y pretender que así las cosas van a cambiar su naturaleza es una práctica muy común de la burguesía, de la socialdemocracia, del estalinismo y del anarquismo, pero a pesar de todo no logra el objetivo de cambiarlas aunque pueda servir para embaucar a muchos.

¿Cómo se prepara y se organiza una HUELGA indefinida? La huelga se prepara en los centros de trabajo, convocando asambleas dentro y fuera de las empresas, donde se discute la tabla reivindicativa por la que se convocará la huelga. Todos los trabajadores exponen sus problemas laborales, salariales y sociales a la asamblea, que globalmente toma conciencia de los mismos. Todos conocen sus problemas y los de sus compañeros. Y una asamblea general del rango de la huelga que se convoca decide el inicio de la huelga, forma los piquetes que ayudarán a hacerla efectiva y que a su vez controlarán a la comisión negociadora, que debe ser revocable en todo momento. Es decir, la huelga se prepara, se decide y se controla desde los centros de trabajo. La masa de trabajadores que debe hacer la huelga es quien aprueba su convocatoria, la controla y la desconvoca tras la correspondiente valoración en asamblea general.

Adjuntos:

Octavilla paro 26 de octubre educación Madrid

[ ]

76 kB

Leer más...

- Con huelguistas despedidos de PANRICO-Barcelona, que expondrán cómo les vendieron CCOO, UGT, CGT... con el esquirolaje de las fábricas de Paracuellos-Madrid, Valladolild, Zaragoza...

- Con huelguistas de FOTOPRIX: Huelga a nivel estatal contra 197 despidos.

- Con huelguistas del Auditorio de música y del Liceo de Barcelona que expondrán su HUELGA de 64 días, sin SERVICIOS MÍNIMOS de mayo a julio de 2015. Y su VICTORIA...

- Con huelguistas de Ciut’art, subcontrata de 11 Museos de Barcelona, en junio-julio de 2016. Y su VICTORIA…

Estas luchas OBRERAS CLASISTAS han roto la línea política antiobrera del PP, de la patronal-Colau-Podemos, nacionalistas, CCOO, UGT, CGT, USOC, CNT...

Contrastaremos estas luchas obreras clasistas con las luchas influidas y DERROTADAS por el sindicalismo SUBVENCIONADO y su esquirolaje, contra las contratas de Telefónica, en Coca-Cola y la misma Panrico (aquí 945 despidos y reducción salarial de 18-45%, firmado por los sindicaleros subvencionados...)

Mientras te dicen que están con tu paro, proponen, organizan y defienden el ESQUIROLAJE de los otros centros de trabajo en Panrico, Coca-cola, toda la Telefónica, etc.

¡Esta es la política del sindicalismo SUBVENCIONADO!

¡NO TE RESIGNES ANTE SUS DERROTAS, ORGANÍZATE CON SUT!

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 2016 A LAS 17:30h.

LUGAR: SEDE DEL SUT 

Plaza Matute, 10, 2º D.

Autobuses 6-26-32, parada Antón Martín.

Metro: Sol y Sevilla.

Adjuntos:

Cartel asamblea de luchas proletarias	[ ]	36 kB
Octavilla asamblea luchas proletarias	[ ]	57 kB