El fiscal coordinador laboral Pedro Martínez en la memoria de la fiscalía sobre siniestralidad en 2006 insiste en que los Jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid apenas investigan un tercio de las muertes y lesiones graves que se producen en los puestos de trabajo. En la memoria se recogen 117 muertes en el 2006 en la Comunidad de Madrid.
El mecanismo mediante el cual no se procede a investigar es el siguiente: Los servicios de urgencia sanitarios trasladan a los heridos a los hospitales y los médicos, ignorantes de lo sucedido, se limitan a certificar que se ha producido una muerte o una lesión pero sin especificar el motivo. Al no recibir los jueces y fiscales noticias del posible delito, puesto que nadie hace el oportuno atestado, éste queda impune. La fiscalía suele recibir esos atestados y tener conocimiento del accidente meses después de lo ocurrido "cuando ya las pruebas incriminatorias han desparecido".
En capitales como Madrid, el Cuerpo Nacional de Policía prácticamente no ha acudido a ningún accidente laboral en los últimos años ni ha levantado atestado sobre ello. El juez suele basarse en esos atestado para abrir las investigaciones: "si le llega un parte médico diciendo que una persona ha muerto en un accidente, sin más lo norma les que termine archivado, como ha ocurrido en los últimos años, explica el fiscal de delitos laborales. Y llega a la siguiente conclusión: "A pesar de la ley, al empresario le resulta rentable hoy por hoy el no invertir en seguridad".
"El País" 1/5/2007