Como ya avanzábamos en la última noticia al respecto, era previsible que el Estado siguiera plasmando su política antiobrera en las varias siguientes medidas que han ido tomando y que intentaremos resumir sucintamente, al mismo tiempo que observamos las consecuencias para la clase obrera (matanza de los pensionistas, más de un millón de despedidos, etc.) de la política del Estado burgués.
El Estado de la patronal, justificándose con el estado de alarma y una “crisis sanitaria” que va también muy bien para esconder la muy real crisis capitalista, mantiene el “leitmotiv” de sus medidas anteriores:
1. 1. Que puedan abrir y producir el máximo de sectores por encima de cualquier otra consideración.
2. 2. Facilitar ERTEs y despidos.
3. 3. Defender la pequeña y gran burguesía a costa de la clase obrera.
Veamos su contenido y resultados.
Ayudas para la pequeña y mediana patronal a costa de las cotizaciones de la clase obrera
En efecto, después de la publicación del RDL 13/2020 con el que se prestaba todo tipo de ayudas a la patronal agraria (“mejoradas” con el último RDL 19/2020), tenemos otro tanto dirigido al conjunto de la patronal, pequeña, mediana y grande, en el RDL 15/2020, que no esconde su objetivo bajo los capítulos “Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos”, “Medidas para reforzar la financiación empresarial” o “Medidas fiscales” (de exenciones varias a las empresas, se entiende). Por otro lado, bajo el tendencioso epígrafe “Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo”, lo que se hace es lo primero (entendiendo por economía, como entienden ellos, el bolsillo de los empresarios y empresarias, claro está) pero desde luego no lo segundo, estableciendo a la práctica prórrogas de las medidas ya comentadas anteriormente.
Ningún sector de la pequeña y mediana burguesía se va a quedar sin su parte de subvención. El “Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019”, se encarga de financiar a la supuesta “cultura”, que recibirá el apoyo del estado a costa de las “contribuciones” de la clase obrera. Sector corporativista, carrerista e individualista donde los haya, que además es uno de los mayores defensores de la peor forma de propiedad, la propiedad intelectual.
En cualquier caso ¿de dónde sale el dinero de todas las ayudas, exenciones de cotizaciones, subvenciones directas e indirectas, etc. para la pequeña y mediana burguesía? ¡De las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por la clase obrera, para quien sólo quedan las migajas de las mismas!
¿Resultado? “La Seguridad Social acumula un déficit de 115.000 millones en 8 años” (Expansión 15-05-2020). ¿La explicación de la burguesía? La caída de los salarios y el envejecimiento de la población… Pero esto es mentira. El motivo real es el atraco sistemático de estos fondos para subvencionar a autónomos y pymes, al mismo tiempo que se les exime de cotizar (ya sea por exención legal o por negligencia descarada de la Inspección de Trabajo ante la extendida situación en la que no se cotiza ni la mitad de la jornada real de los trabajadores en todas estas empresas).
Suspensiones y levantamientos de plazos, ¿en beneficio de quién?
Es significativo también mencionar que a las suspensiones de plazos varias ya aprobadas (que, bajo la pretensión de protegerlas, a la práctica añaden una dificultad adicional a la presentación de reclamaciones administrativas y judiciales), se suma la suspensión de los plazos de actuación de la Inspección de Trabajo, con lo que los inspectores e inspectoras de trabajo tampoco tendrán que sufrir por tener que correr a perseguir las infracciones empresariales. La derogación parcial de estas suspensiones realizadas por el RDL 19/2020 no quitan el hecho de que lo que se perseguía y persigue con ellos es lo mencionado.
El RDL 16/2020 recoge varias de las propuestas realizadas por el CGPJ para “agilizar” la tramitación de los procesos judiciales pendientes y presentados posteriormente cuando se restablezca de modo general el supuesto “derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” (que, según ellos, a pesar de todo no está suspendido).
Sin profundizar en cada uno de ellos, el objetivo no escondido de la medida es quitarse de encima cuanto antes el grueso de las demandas, estableciendo para ello limitaciones y restricciones en las supuestas garantías hasta ahora existentes.
No podemos esperar otra cosa que un aumento de los atropellos y arbitrariedades en los juzgados y un incremento general de las sentencias desestimatorias, en un proceso en el que la clase obrera debe desembarazarse cada vez más de la creencia en la imparcialidad de la justicia burguesa y en la que esta debe mostrarse cada vez más descarnadamente como realmente es: una justicia de clase para garantizar el dominio del capital sobre el trabajo asalariado.
Ante todo, la ganancia. El Estado al servicio de la Patronal
Paralelamente a todos los RDLs, luego convalidados siempre por el Congreso, es significativo mencionar que el eje de todas las medidas aprobadas mediante órdenes del Ministerio de Sanidad acerca del contenido práctico de las famosas “fases” de desconfinamiento es el de ir ampliando las posibilidades de negocio a todos aquellos sectores de la patronal que vienen viéndolas limitadas por las razones sanitarias de marras. Más que Ministerio de Sanidad lo podrían llamar Ministerio de cómo evitar que los problemas sanitarios afecten al negocio…
Y finalmente llegamos al último paso realizado por el gobierno, con el apoyo explícito de patronales y empresas de servicios sindicales (que son quienes en realidad lo han propuesto y decidido), plasmado en el RDL 18/2020, por el que “flexibilizan” aún más las posibilidades de ERTEs y despidos. En efecto, el RDL en cuestión no hace más que formalizar el acuerdo que en su momento alcanzaron a bombo y plantillo patronales y empresas de servicios sindicales. En él desvinculan los ERTEs por fuerza mayor del tema covid, los extienden de momento hasta el 30 de junio, estableciendo una “Comisión de Seguimiento” que podrá extender total o parcialmente estas limitaciones. También se introduce la distinción entre la llamada fuerza mayor “total” o “parcial”, jerga que tiene por objetivo desvincular las decisiones empresariales de cualquier fuerza mayor eventualmente real y permitir que las mismas sean discrecionales y que, en función de las necesidades que valoren que tengan, vayan incorporando o no a parte de la plantilla que esté en ERTE.
La falacia de la “salvaguarda del empleo”, mientras siguen sin pagar por los ERTES
A ello hay que sumar que este RDL modifica el RDL 8/2020 para ampliar a prácticamente cualquier cosa las excepciones a la supuesta prohibición de despedir por motivos relacionados con el Covid-19, recogida bajo el falso epígrafe de “Salvaguarda del empleo”. Este compromiso de supuesta salvaguarda no se considerará incumplido si se despide disciplinariamente, por finalización de contrato o por imposibilidad de ejecutar la obra o servicio, cuando la empresa esté en riesgo de entrar en concurso, o cuando cada juez o jueza lo considere, atendiendo a que “Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo”. Finalmente, el periodo obligatorio de mantenimiento del empleo durante los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE se esfuma por el método de contar dicho plazo a partir de la primera reincorporación parcial y no desde la finalización real del ERTE.
Todas estas medidas de apoyo explícito e implícito a la patronal se aprueban en el momento en el que la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras en ERTE todavía no han recibido sus prestaciones e incluso los funcionarios del SEPE tienen miedo de reabrir físicamente ante las consecuencias que esta situación puede acarrear para su seguridad.
¿Cuáles son los resultados prácticos? Antes del anuncio de medidas de “salvaguarda del empleo” ya se habían realizado casi un millón de despidos: “entre 12 y el 31 del mes pasado [marzo], cuando se destruyeron 898.822 empleos” . A esto, le seguirán entre un millón y dos millones de despedidos en los próximos meses.
El papel de las empresas de servicios sindicales
A todo esto, la única actuación de los sindicatos subvencionados, o empresas de servicios sindicales, además de firmar lo que la Patronal necesite, ha sido pedir “un esfuerzo a los trabajadores” y llaman a “trabajar un poco más”.
En una situación de crisis de sobreproducción en la que la consigna debería ser la reducción drástica de jornada para reincorporar a todos los compañeros y compañeras que serán despedidos en todo este proceso, la consigna de los amarillos es: “trabajar un poco más”…
Este es el motivo por el que el Gobierno les ha conferido el derecho de pernada sobre los trabajadores de las empresas sin representación para negociar (y acordar) los ERTEs: no son sindicatos, son instituciones de la Patronal.
¿A dónde conduce la política pactista y de defensa inmediata de intereses corporativos o subcorporativos? Conduce al estado de indefensión y desarme con el que la clase obrera ha tenido que sufrir la crisis actual y conduce a situaciones como el anunciado cierre de las plantas de Nissan. Una huelga en una planta no sirve para parar un cierre, como han intentado vender el sindicalismo subvencionado (también el supuestamente alternativo): se necesita una acción de clase que trascienda empresas y sectores.
Todo esto pone encima de la mesa el verdadero papel de las empresas de servicios sindicales: la organización de la derrota de la clase obrera.
La falsa alternativa de la “izquierda” y la “derecha” de la burguesía
En esta situación los medios de la burguesía nos presentan como únicas alternativas posibles las del gobierno y sus “leales” oposiciones, que con más o menos ruido están, a la práctica, de acuerdo con todas las medidas aprobadas contra la clase obrera y discuten, si acaso, de cómo se reparten entre ellos las “ayudas” y subvenciones y, sobre todo, el negocio.
Si bien es cierto que la burguesía vive en competencia consigo misma y una parte se revuelve contra el mantenimiento del confinamiento y quisiera reanudar ya la producción a toda vela mientras que otra parte quiere asegurar el control de la situación general para evitar estallidos sociales, lo cierto es que en lo fundamental están de acuerdo: la ganancia y la propiedad privada es lo que hay que proteger y la clase obrera que la produce debe someterse por uno u otro medio a peores condiciones de explotación.
Es bajo este prisma que hay que ver las “movilizaciones” del barrio de Salamanca y similares, por un lado, y los pactos sobre supuestas derogaciones de la reforma laboral de 2012, por el otro.
Reformas laborales: mentiras y señuelos
La derogación de la reforma laboral de 2012 es puro humo. La legalidad vigente antes de 2012 no era sustancialmente mejor para la clase obrera. Era, de hecho, el resultado de toda una serie de reformas previas que quedarían apuntaladas bajo la excusa de derogar la última. Además, el compromiso en cuestión no se liga a una fecha concreta, sino simplemente a la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas, cuya fecha real está enteramente en sus manos. Por último, lo más probable es que venga acompañada de una nueva reforma de mayor calado, introducida mediante el subterfugio de la derogación de la anterior.
La burguesía española necesita introducir reformas mucho más profundas contra las condiciones de vida de la clase obrera para no quedarse rezagada en la competencia internacional con el resto de burguesías imperialistas.
Una de las recientemente introducidas es la famosa “renta mínima garantizada” o “ingreso mínimo vital”, que no tiene otro objetivo que ir generalizando la miseria, consolidando cada vez todas las prestaciones en una sola, cobrable solo por quien esté en condiciones cada vez peores y de un monto que no puede ser calificable más que de miserable. En la línea de lo que ya expusimos con relación a la compatibilidad aprobada entre las prestaciones y los salarios del sector agrario, el objetivo práctico perseguido de la posibilidad de mantener prestaciones a la vez que salarios es el de “subvencionar” indirectamente la rebaja de los salarios que las empresas deban abonar. En efecto, sabiendo que los salarios tienden a ser el coste de la producción y reproducción de la vida obrera, que se pueda mantener el cobro de las prestaciones, se llamen como se llamen, mientras se trabaja en realidad repercutirá necesariamente en el monto salarial que los explotadores de turno terminen pagando.
La masacre colectiva de los pensionistas
Recordemos en este punto lo que decía en 2012 Christine Lagarde que “El Fondo [Monetario Internacional] reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado".” (El País, 11 de abril de 2012)
El resultado de la acción coordinada del aparato del Estado de la burguesía es el siguiente: de todas las muertes contabilizadas por covid-19, 19.175 muertes se han producido en las denominadas “residencias de ancianos”, en lo que no puede calificarse de otro modo que de asesinato colectivo. Pero no sólo han muerto pensionistas en las residencias: “ocho de cada diez personas fallecidas en España eran mayores de 70 años”.
El cinismo no puede ser mayor: “El gasto en pensiones cae por primera vez por el coronavirus” (Expansión, 27-05-2020). “El último mes se produjeron 70.000 bajas en el sistema, casi el doble de la media de los cinco años anteriores, una cifra que superó ampliamente las 31.000 altas” (Expansión, 27-05-2020)
Y ni siquiera esto satisface todavía a los líderes del canibalismo social como podemos comprobar en la declaración del presidente del Círculo de Empresarios: “Si la inflación es negativa, hay que bajar las pensiones” (Expansión, 18-05-2020)
Por la reanudación de la lucha de clase
Frente a todo esto, sólo nos queda una opción, cultivar y extender el compañerismo y la solidaridad a ultranza y organizarnos en el sindicato de clase SUT para combatir las medidas existentes y las que vendrán, planteando NUESTROS propios intereses como clase de forma independiente de todas las tendencias parlamentarias que intentarán encuadrarnos en la defensa de SUS intereses.
Ahora la Patronal quiere retomar la producción en su carrera sin freno en pos de la acumulación y la ganancia. Encaramos una etapa de abusos y atropellos desbocados contra la clase obrera, pero también estamos saliendo del arresto domiciliario y del aislamiento que ha impuesto la Patronal a grandes grupos de trabajadores, dificultando la acción reivindicativa. Ahora, nuestros capitalistas van a querer que trabajemos el doble y por la mitad de salario. Pero al hacer esto, inevitablemente y pese a sus deseos, abren la puerta a su vulnerabilidad: porque la única fuente de ganancia es nuestro trabajo, si nosotros paramos el capital se ahoga.
Sin perder nunca de vista el desarrollo de la situación internacional (vivimos sobre un barril de pólvora de escala mundial), debemos estar atentos para los momentos que se van a presentar en los que podremos coger el toro por los cuernos y exigir a la Patronal todo lo que nos ha quitado en su ofensiva hasta ahora, extendiendo la lucha a todas los centros, empresas y sectores.
¡Por la reducción de jornada a 25 horas semanales sin reducción de salario, hacia la abolición del trabajo asalariado!
¡Salario mínimo de 1.500€! ¡Puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro!
¡Jubilación a los 55 años con el 100% del salario!
¡Fuera ETTs y subcontratas, todos a fijos en la empresa principal!
¡No te resignes a la impotencia de la soledad individual, contacta y organízate en el sindicato de clase!
¡Si el capitalismo sobrevive reventando a la clase obrera, que reviente el capitalismo!